Un momento de la protesta organizada por la asociación de vendedores para exigir su reubicación. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La propuesta que debía procurar una salida para que los puestos de venta del mercadillo tradicional de La Explanada -conocidos popularmente como los hippies- pudiesen continuar ejerciendo su actividad más allá del 31 de octubre se ha visto salpicada por la confusión respecto a quién debe solicitar el permiso al Servicio Provincial de Costas para que se autorice su instalación junto al espigón del Postiguet.
En primer término, fue Costas quien se dirigió al Ayuntamiento para precisar qué informes de carácter técnico debían adjuntarse para que pudiese tramitarse la solicitud de permiso de ocupación de esa franja de suelo, incluida en el dominio público marítimo-terrestre. Después fue el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, quien trasladó a la Asociación de Vendedores de La Explanada (AVE), ese requerimiento de Costas para que recopilase esa documentación y la registrase de forma directa ante el Servicio Provincial, para lo que se disponía de plazo hasta el 11 de noviembre.
Y, en tercer lugar, fue el colectivo de comerciantes el que, ante las dudas que les había suscitado ese último encuentro con el Ayuntamiento, acudieron a Costas en busca de respuestas, cuyos responsables les manifestaron que debía ser el Ayuntamiento, y no la asociación, el responsable de presentar la documentación solicitada, entre la que figuraría informes que no podían quedar bajo elaboración del colectivo, como el plan contra incendios o de evacuación. Así lo han corroborado, de hecho, portavoces del Servicio Provincial a consulta de Alicante Plaza.
No obstante, fuentes municipales han incidido este martes que el Ayuntamiento no puede cumplimentar ese trámite en la medida en que no debería ser en ningún caso el titular del permiso solicitado. En ese supuesto, según las mismas fuentes, quedaría obligado a convocar un concurso público para que cualquier entidad interesada pudiese optar al espacio concesional autorizado para el desarrollo de un mercadillo, sin poder ceder la ocupación de esos terrenos a AVE de forma directa.
En esta línea, las mismas fuentes han subrayado que el Ayuntamiento se ha limitado a ejercer de intermediario para procurar una solución que permita la continuidad del mercadillo en otro emplazamiento, como habría solicitado Costas, pero nunca con el objetivo de figurar como peticionario de la autorización -y así se pretende aclarar al Servicio Provincial-, puesto que no se ha seguido ese trámite para el desarrollo de otras ocupaciones temporales de suelo, como sucedió con el permiso que amparó el desarrollo de los conciertos de Muelle 12. En ese caso, según las mismas fuentes, fue la empresa promotora quien cursó la solicitud, y no el ayuntamiento.
Es más, las mismas fuentes inciden en que quien tiene que presentar y aportar toda la documentación ante Costas para el traslado al espigón es la propia asociación de comerciantes con el fin de que la autorización vaya a su nombre, puesto que, según se sostiene, el Ayuntamiento no puede pedir una autorización en nombre de terceros, ni para una finalidad o servicio que no corresponde al ámbito municipal.
Esas posiciones habrían avivado la incertidumbre de los comerciantes, que aseguran no disponer de capacidad para tramitar la documentación requerida por Costas en el plazo que les comunicó el Ayuntamiento: con fecha límite de 11 de noviembre. Todo, en un contexto en el que el pleno de la corporación ha aprobado, este mismo martes, la modificación del acuerdo plenario aprobado en marzo de 2023 (en el que se fijaba que el mercadillo debía retirarse del paseo a 31 de octubre) con el propósito de conceder una prórroga adicional sobre la permanencia de los puestos en La Explanada hasta el próximo 15 de enero.
El acuerdo ha quedado aprobado con los votos de PP, PSOE y Vox, y las abstenciones de Compromís y Esquerra Unida Podem, en una sesión en la que también se ha aprobado de forma inicial el aumento del recibo de la basura y la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). No obstante, los portavoces de AVE interpretan que dicho acuerdo no garantiza su traslado al nuevo emplazamiento del Postiguet por su supuesta falta de capacidad para asumir la tramitación administrativa que conlleva la solicitud de autorización, avalada por el Ayuntamiento. En todo caso, fuentes municipales han incidido en que el equipo de gobierno asesoraría a los comerciantes en cuanto necesiten.
