Los ediles del pleno de Alicante, durante el minuto de silencio guardado en señal de duelo por las víctimas de la Dana de Valencia.ALICANTE. Una circunstancia sobrevenida -la ausencia del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, por motivos personales (el alumbramiento de su segundo hijo)- ha permitido que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), saque adelante dos de las propuestas relacionadas con la gestión municipal que han acumulado mayor controversia política desde el pasado mandato, en un debate que, además, se había intensificado especialmente desde el inicio del nuevo curso político. Esos dos debates se han zanjado este martes, en el transcurso del pleno ordinario de octubre (aplazado hasta este 5 de noviembre en señal de duelo por las víctimas de la Dana registrada en la provincia de Valencia), con dos síes tanto a la propuesta de incremento del recibo de la basura, como a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
En primer término, la revisión de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos ha quedado aprobada gracias al voto de calidad del alcalde, Luis Barcala, después de que se haya producido un empate a 14 votos entre los ediles del PP y los concejales de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Así, a la postre, la ausencia de Ortolá es la que ha permitido que el acuerdo prospere en su aprobación inicial (su voto en sintonía con el resto de ediles de Vox habría deparado el rechazo de la propuesta por 15 votos frente a los 14 del PP, como sucedió en la comisión informativa de Hacienda). Máxime después de que Esquerra Unida Podem diese por rotas las negociaciones emprendidas con el equipo de gobierno en busca de un acuerdo global que permitiese modular la tasa e influir en la programación de inversiones en la confección de los presupuestos municipales de 2025.
Sea como fuere, el acuerdo adoptado este martes allanaría el camino para que el ayuntamiento evite una hipotética exposición a posibles sanciones o penalizaciones por el hecho de no dar cumplimiento a un mandato obligatorio impuesto por la Unión Europea (UE), en el que se conmina a todos los ayuntamientos a equilibrar la recaudación con el coste real del servicio. Eso sí, la vigencia de la decisión queda a la espera de que se produzca el debate sobre su aprobación definitiva, una vez superada la fase de exposición al público: un momento en el que, probablemente, la ausencia de Ortolá -que podría acogerse a una baja por paternidad- podría permitir que el PP recurra de nuevo al voto de calidad del alcalde para ratificar el acuerdo. En ese supuesto, la tasa podrá entrar en vigor en enero de 2025, lo que permitirá que los nuevos importes de los recibos puedan aplicarse ya en el próximo ejercicio, cuando se abra el periodo de pago.
De este modo, el equipo de gobierno también podrá disponer de 15 millones extra generados por el incremento de la tasa para cubrir el coste del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, que hasta ahora se cubrían con fondos propios y que quedarán liberados para otros usos: inversiones o mejora en la prestación de otros servicios municipales.
Lo cierto es que, pese a todo el debate previo, en la sesión plenaria de este martes -marcada por la excepcionalidad del contexto, a una semana de que se produjese la Dana que ha asolado a varios municipios de la provincia de Valencia- no se ha reproducido la exposición de las posiciones políticas controvertidas que se han venido manifestando en los últimos meses. En la defensa de la propuesta, el edil de Hacienda, Toni Gallego, se ha limitado a subrayar la obligación de la revisión de la ordenanza para cumplir con el mandato normativo y ha destacado las modificaciones introducidas en el reparto de costes del servicio respecto al planteamiento inicial que se habrían incorporado con la intención de aplicar una mayor progresividad fiscal, en función de las peticiones formuladas por los tres partidos del eje progresista. En esta línea, ha apuntado que ese cambio habría supuesto un descuento del 42% sobre la media a los titulares de viviendas de menor valor catastral y menor superficie "y trasladar esos 13-14 euros de diferencia a las viviendas de mayor valor catastral".
Tras su intervención, solo han justificado su voto en contra los representantes de Esquerra Unida Podem y Compromís. En primer término, el líder de la confluencia, Manolo Copé, ha considerado que, pese a las modificaciones incorporadas en los importes de los recibos, la propuesta planteada continuaba siendo inadecuada al persistir en que, a su juicio, sigue resultando perjudicial para las familias con rentas bajas. En este sentido, ha insistido en que, además de la presentación de una enmienda a la totalidad, su formación había presentado 19 enmiendas parciales con la intención de mejorar el texto, que solo se habría sustanciado en la presentación de una enmienda transaccional por parte del PP. En todo caso, ha considerado que se sigue generando "una carga injusta sobre los que menos tienen".
Se trata de un argumento que también ha reproducido su homólogo de Compromís, Rafa Mas, quien, además, ha insistido en recriminar que la distribución de costes entre las familias y las actividades económicas que se toma como punto de partida para la determinación de la tasa no se ajusta a la proporcionalidad real en la generación de residuos, en la medida en que se atribuye el 82% de la producción de basura a los domicilios, frente a solo un 18% a comercios, empresas y negocios hosteleros, cuando, según ha insistido, ese tipo de actividades triplican la producción de residuos. Además, ha lamentado que no se hayan incluido mayores bonificaciones a la separación de desechos y que no se haya gravado más a las viviendas turísticas.
Los representantes de PSOE y de Vox, por su parte, han declinado intervenir, por lo que se ha procedido al trámite de votación, que se ha decantado con una aprobación gracias al voto de calidad del primer edil.
En segundo término, también ha prosperado la propuesta de ordenanza reguladora de la ZBE pactada entre el equipo de gobierno y Vox, en un acuerdo que excluye la aplicación de restricciones adicionales a la circulación, al margen de las que ya existen en el Casco Antiguo desde el año 2010, salvo que se den circunstancias específicas de superación de niveles de contaminación que obliguen a adoptar medidas adicionales. De ahí que no se augurase otro posible resultado que no fuese el de su aprobación, al contar con el apoyo de los 14 concejales del PP y los tres representantes de Vox presentes en el pleno (ante la ya citada ausencia de Ortolá).
En todo caso, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha defendido brevemente los objetivos de esa nueva regulación que se reducen, básicamente, en la reducción de la contaminación atmosférica. Villar también ha recordado que la implantación de la ZBE deriva de una obligación legal emanada, igualmente, de la UE. "La intención es que esta ordenanza cumpla con el principio de seguridad jurídica", ha explicado, tras incidir en que se trata de una regulación "flexible" para ofrecer soluciones a los desafíos presentes y futuros, en la que se trata de incentivar el uso de medios de transporte no contaminantes, el fomento de la movilidad sostenible, y de aplicar criterios de proporcionalidad "en la medida en que solo recogerá las cargas o restricciones estrictamente necesarias para cumplir las razones de interés general imponiendo el menor número posible de aquellas y de la forma menos restrictiva para las personas".
Y, de nuevo, tampoco se ha producido un debate político acalorado, hasta el punto de que solo se ha registrado las únicas intervenciones de los portavoces de Esquerra Unida Podem y Compromís. En primer término, Copé ha justificado su voto en contra al argumentar que no se disponía de calendario de aplicación ni de informe de impacto económico y que se había hecho oídos sordos a las aportaciones de la ciudadanía y de la oposición, "basándose en criterios técnicos que entendemos que son realmente políticos". "Se está mostrando una sensación de cierta cobardía a la hora de afrontar las medidas que son necesarias ante el cambio climático", ha apuntado, y ha considerado que "el mantra de anular la ZBE para proteger a las rentas más bajas" sería falso y contradictorio, ya que, según ha sostenido, se trata del colectivo más expuesto a las consecuencias del cambio climático. "Nos estamos jugando el futuro de la ciudad de Alicante con esta medida, que no se ha afrontado con la valentía necesaria", ha dicho.
Su homólogo de Compromís, Mas, ha apuntado que su formación habría apoyado la antigua propuesta planteada por el exconcejal de Tráfico, José Ramón González, sobre la que ha señalado que planteaba la peatonalización de otros ejes del Centro como la Rambla o de la plaza de La Muntanyeta. "Ustedes han tirado a la basura un proyecto que era bueno porque han pactado con Vox, que niegan la mayor y niegan el cambio climático", ha incidido. De igual modo, ha considerado que la propuesta no garantiza "una movilidad universal", puesto que, a su juicio, no contempla parkings disuasorios o la movilidad peatonal, por ejemplo. Así, se ha referido a la regulación como "una ordenanza fantasma", que "no va a beneficiar al pequeño comercio" al no apostar por el incremento de zonas peatonales, por lo que ha considerado que "estamos perdiendo una oportunidad de oro".
Tras esas dos únicas exposiciones, se ha procedido a la votación, que se ha saldado con un resultado favorable a la aprobación inicial de la ordenanza con 17 votos afirmativos (los 14 del PP más los tres de Vox) frente a once en contra (los de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem), en un momento en el que permanece en exposición al público el proyecto técnico de la ZBE, en el que se incorpora la memoria económica y el estudio de impacto, con una previsión de mejora de resultados de facturación para los sectores del comercio y la hostelería, en base a la experiencia previa registrada en la ciudad de Madrid, como ha informado este diario.
Con carácter previo al debate sobre esos dos acuerdos centrales, se ha aprobado el expediente de modificación de crédito de la Agencia Local de Desarrollo, con el voto a favor de 27 concejales y la única abstención del edil de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, así como el tercer ajuste contable sobre el presupuesto municipal de 2024, en el que se prevé la incorporación de 28 millones para afrontar pagos relacionados con la adquisición de 23 autobuses eléctricos del servicio de transporte público, entre otros gastos como la mejora del servicio de limpieza viaria. La iniciativa ha quedado aprobada, en este caso, con el apoyo de PP, PSOE y Vox, como ya había sucedido en comisión informativa, y las abstenciones de Compromís y Esquerra Unida Podem.
Además, en la sesión también se ha aprobado la propuesta de modificación de los estatutos del Patronato de Turismo, ya avalada por la Junta del organismo autónomo, con el respaldo de PP, PSOE y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra de Esquerra Unida Podem, sin que tampoco se haya generado intervenciones políticas.
Al tiempo, también se ha aprobado la modificación de la asunción de competencias para promover la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Especial El Somni, después de que se haya incrementado su presupuesto de ejecución al actualizar el proyecto inicial. En este caso, el acuerdo ha prosperado por unanimidad.
Y también ha quedado aprobado la propuesta por la que se modifica el acuerdo de pleno aprobado en marzo de 2023 con el fin de extender la autorización para que los puestos del mercado tradicional de La Explanada -las casetas de los hippies, como se les conoce popularmente- puedan ejercer su actividad en el paseo hasta el próximo 15 de enero, con retirada el 31 del mismo mes, de modo que pueda tramitarse la solicitud de autorización ante el Servicio Provincial de Costas para su instalación en el espacio público comprendido entre el espigón del Postiguet y el edificio del Hotel Meliá. El acuerdo ha prosperado con el voto a favor de los representantes de PP, PSOE y Vox, y las abstenciones de Compromís y Esquerra Unida Podem, sin que tampoco se haya producido intervenciones políticas para justificar la posición de voto.
Por último, la sesión se ha cerrado con la aprobación de una declaración institucional pactada por los cinco grupos políticos municipales en la que se ha expresado la solidaridad con las víctimas y con los afectados por la Dana que ha azotado a varias poblaciones de la provincia de Valencia, con el compromiso de procurar toda la ayuda al alcance del ayuntamiento. La iniciativa ha quedado aprobada por unanimidad, lo que ha dado paso a la celebración de un minuto de silencio en señal de duelo por los fallecidos.
