Los nuevos contenedores para la recogida selectiva del residuo orgánico, de envases y de papel y cartón. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), ve frustrado su primer intento para aplicar el incremento del recibo de la basura con el fin de cumplir el mandato legal de equiparar la recaudación con el coste real del servicio. Los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, han votado en contra de la propuesta defendida por los populares en la comisión de Hacienda celebrada este miércoles al considerar que no se ajustaba a las condiciones de progresividad en función del nivel de renta de la ciudadanía que venían reivindicando desde que se dio a conocer el planteamiento inicial.
Los populares se abrieron a la posibilidad de introducir modificaciones -a pesar de que los técnicos de Hacienda plantearon la desestimación de las enmiendas formuladas por los tres grupos del eje progresista (Vox no llegó ni a registrarlas)- y llegó a entablar conversaciones tanto con Compromís, primero, como con Esquerra Unida Podem, después. Sin embargo, las demandas planteadas por las dos formaciones no llegaron a quedar asumidas por el PP, con lo que se optó por plantear su propuesta original -en la que se llega a cuadruplicar el importe de parte de los recibos respecto a las cantidades que se venían abonando hasta ahora, aunque en término medio los multiplica por 2,3- y someterla a una primera votación que ha recabado un dictamen desfavorable.
Eso sí, al menos en ese planteamiento inicial sí se ha incorporado al menos una enmienda transaccional propuesta por el PP a partir de la sugerencia previa formulada por Esquerra Unida Podem por la que se introduce un cuarto tramo con rebaja en los coeficientes a abonar por los propietarios de viviendas con menor valor catastral y menos superficie, como se había planteado en las negociación entre ambas formaciones. Dicha propuesta ha contado, además, con el respaldo de Vox.
Sea como fuere, la derrota en esa primera votación no habría frenado al PP en su intención de continuar con la tramitación de la propuesta, toda vez que este mismo miércoles se preveía celebrar una Junta de Portavoces con el fin de convocar un pleno extraordinario para el próximo 5 de noviembre en el que someter a debate la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos, a pesar de que, hasta ahora, se contaría sin disponer de la mayoría suficiente para que prosperase.
Por lo pronto, los cuatro grupos políticos opositores han justificado su posición de voto de este miércoles para incidir en la falta de flexibilidad del PP para admitir sus planteamientos. En esta línea, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha apuntado que "nuestro objetivo sigue siendo avanzar hacia una fiscalidad progresiva, que grave en menor medida a las clases medias y a los propietarios de viviendas con menor poder adquisitivo. Hemos hecho una contrapropuesta al gobierno municipal para modificar los tramos que contempla la tasa y proteger a la población más vulnerable que es, precisamente, a quien Barcala quiere cargarle en mayor medida la subida de esta tasa", que, finalmente, no habría sido aceptada, según ha apuntado, a través de un comunicado.
Barceló ha defendido, además, que la directriz de la Unión Europea "sólo insta a que el coste de la prestación del servicio quede cubierta por la recaudación de la tasa, pero en ningún caso dictamina cómo se debe distribuir el recibo entre los contribuyentes". Por tanto, ha rechazado que el equipo de gobierno "pueda amenazar con consecuencias a quienes no apoyen su propuesta", en alusión a la información que el equipo de gobierno decidió compartir respecto a las conclusiones reflejadas en un informe elaborado por el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Vitoria, en el que se advertía de la posibilidad de que los concejales que votasen en contra de la actualización de la tasa de residuos pudiesen incurrir en responsabilidades personales por bloquear el cumplimiento de una obligación legal.
Sea como fuere, el también concejal socialista Raúl Ruiz ha explicado que la propuesta del PSOE "contempla que la tasa se distribuya en cuatro tramos en función de la superficie de la vivienda, en lugar de los tres que plantea el equipo de gobierno, con tal de avanzar hacia una fiscalidad más progresiva en materia de recogida de residuos. De esta forma, en lugar de establecer el límite máximo de la tasa en viviendas de 90 metros se aumentaría hasta los 150 metros, con tal de no perjudicar al 60% de las familias que, según el INE, habitan en pisos de 90 metros. De esta forma, pagarían más los propietarios de grandes viviendas", ha detallado.
De igual forma, el planteamiento del PSOE "propone acentuar la diferencia en el coeficiente que grava el coste de eliminación de desechos para que, de igual forma, avance en progresividad. De esa manera, tanto el coste de la recogida como el de la eliminación protegería a los propietarios de viviendas más humildes y a las clases trabajadoras", según concluyen portavoces del partido.
En segundo término, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha apuntado que su grupo había rechazado la propuesta "porque esto es trasladar a las familias el coste de un cuento climático que ya nos cuesta a ciudadanos y empresa demasiado". "Y también hemos votado en contra porque ni siquiera se ha trasladado una propuesta de compensación con rebajas fiscales en otros impuestos para que el impacto en las familias sea mínimo, tal y como se ha hecho en otros municipios como Torrent, donde se ha reducido el tipo de gravamen del IBI al 0,49 mientras que en Alicante tenemos un 0,627. Eso hubiera podido cambiar nuestro sentido del voto, pero al parecer no es viable", ha apuntado.
En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha precisado que "hemos votado que no por coherencia y porque somos consecuentes. Somos un partido ecologista. No podemos permitir un tasazo que penaliza a las personas que reciclan y que bonifica a los que más contaminan. Justamente al revés, no podemos permitir un tasazo donde los 25 millones que nos cuesta la factura de recogida y de selección el 82% recaiga en los domicilios, y solo un 18% en los sectores económicos que también contaminan mucho", ha incidido.
"No hemos aprobado este tasazo porque otra vez más se blinda a los pisos turísticos, se les protege. Tienen que pagar impuestos como si fuera una actividad económica y no como un domicilio. Por tanto, somos consecuentes quién contamine más que pague más, que las familias vulnerables tengan ciertas bonificaciones y sobre todo, a quién no contamine bonificarles y que contamine más, pues que pague más", ha añadido.
Y, por último, su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que "desde nuestro grupo municipal postulamos la devolución de esta propuesta de ordenanza al equipo de gobierno y que se recoja lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular" tras considerar que la actual propuesta "se centra únicamente en la tasa que deben pagar los ciudadanos, olvidando los otros dos pilares fundamentales que deben asumir los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos".
PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida insisten en solicitar modificaciones para atenuar el incremento sobre las rentas más bajas, ya sea a través de la propia tasa o con una reducción del IBI
Así, ha precisado que "entre estos pilares se incluyen el cierre de vertederos, las campañas educativas, y la responsabilidad ampliada del productor de residuos. Además esta ordenanza es un ejercicio coercitivo que impone una vez más sanciones sobre la ciudadanía, sin respetar el principio de 'quien contamina, paga'. Y por último, esta propuesta tiene un claro efecto discriminatorio para los colectivos de nuestra ciudad más vulnerables económicamente. Y va a producir un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva".
En este sentido, ha recalcado su petición para que se retire la propuesta y se elabore una nueva con el consenso, negociación y participación de la que adolece la actual propuesta". Todos después de que no se haya aceptado en la comisión las 19 enmiendas planteadas por la confluencia, en las que solicitaba "la exención de la tasa a las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social", la "reducción de la tasa al añadir los ingresos derivados la responsabilidad ampliada del productor, la venta de materiales y energía, las devoluciones del impuesto al vertido y cualquier otra bonificación aplicada al buen funcionamiento de nuestros residuos" y la "reducción de la tasa a aquellas viviendas de menor valor catastral, con una tasa más progresiva y equitativa".
Además, también exigía "al comercio un pago más equitativo en función de los metros y su uso (no alimentario, alimentario y/o Mixto)" y el "incremento de la tasa a viviendas y bloques turísticos". "En definitiva, trasladamos diecinueve enmiendas que pretendían mejorar una medida con la que no estábamos de acuerdo", ha añadido. En último término, ha explicado Copé, "tan sólo han aceptado una transaccional con una modificación en los tramos de la tasa de recogida de basuras, manteniendo una filosofía puramente recaudatoria, con un aumento desmedido de los impuestos que recaen sobre los ciudadanos, sin consideración por los sectores más vulnerables".
"La tasa sigue sin diferenciar entre grandes empresas y familias de barrios desfavorecidos, lo que genera una carga injusta y desproporcionada sobre quienes menos tienen. Tampoco prevé bonificaciones más allá del uso del quinto contenedor y en un porcentaje que, como máximo, llegaría al 20%, cuando otras ciudades contemplan bonificaciones con hasta un 50% para las familias que certifiquen situación de vulnerabilidad, para las familias numerosas y para los pensionistas".
Así, ha argumentado que "pese a que no es la propuesta que pusimos encima de la mesa, entendemos que esta transaccional mejora parcialmente la propuesta y por eso hemos votado a favor de la inclusión de esta transaccional", ha apuntado. Con todo, el voto de Esquerra Unida Podem respecto al conjunto de la propuesta una vez enmendada ha sido negativo, por lo que la enmienda transaccional no llegará a tener validez salvo que la propuesta corregida se apruebe en el pleno.
