Un momento de la protesta organizada por la Asociación de Vendedores de La Explanada frente al fin de su autorización. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El traslado de los puestos del mercadillo de artesanía de La Explanada de Alicante -conocidos popularmente como los hippies- queda sujeto al desencuentro entre administraciones a cuenta de quién debe ser el solicitante del permiso para su instalación junto al espigón de El Postiguet. Así se evidencia a partir del último cruce de comunicaciones entre el Ayuntamiento de Alicante y el Servicio Provincial de Costas después de que la Asociación de Vendedores de la Explanada (AVE) asumiese el requerimiento que se les trasladó y, el pasado 11 de noviembre, aportase la documentación demandada respecto a sus necesidades y dimensiones de los puestos tanto a la administración local como al Servicio Provincial.
La última de esas comunicaciones que ha trascendido hasta ahora es el que Costas dirigió a la Concejalía de Ocupación de Vía Pública el pasado día 14, en el que insiste en que es el Ayuntamiento quien debe completar informes pendientes para dar curso al expediente de autorización de uso, ya que, según sostiene, es el propio Ayuntamiento quien figuraría como peticionario de ese permiso.
Así, en respuesta a otro escrito previo remitido por el Ayuntamiento -en el que se apuntaría que la intervención municipal quedaba limitada a una mediación en favor de los comerciantes, sin ser el solicitante titular del permiso-, Costas sostiene que el expediente para conseguir esa autorización sobre el uso de suelo incluido en dominio público marítimo-terrestre se inició con fecha de 23 de octubre a instancias del Ayuntamiento. De hecho, subraya que es la administración local la que debe figurar como peticionaria y como titular de la autorización (en la hipótesis de que se conceda), ya que el espacio de suelo público en el que se ubicarían las casetas forma parte de la trama urbana de la ciudad e incluye distintos elementos y servicios de titularidad municipal.
En este sentido, apunta que "si bien el espacio dónde se pretende instalar el mercado de artesanía, constituye terrenos de dominio público marítimo terrestre, y por tanto el otorgamiento de la correspondiente autorización corresponde al Servicio de Costas, se trata de un vial público, que se encuentra totalmente integrado en la trama urbana de la ciudad, existiendo elementos que podrían resultar afectados como el mobiliario urbano existente, la jardinería, hidrantes anti-incendios, iluminación, acometidas de servicios técnicos, etc.".
En base a esa argumentación, Costas añade que "en el caso que nos ocupa, ha sido ese Ayuntamiento quien ha propuesto y del que ha surgido la iniciativa, solicitando formalmente esa ubicación alternativa para dicho mercadillo, que por otra parte, no han justificado su idoneidad desde el punto de vista de la Ley de Costas, como así se les solicitada en el escrito de 25 de octubre de 2024 entre otras cuestiones". Y no solo eso. Apunta que "debe ser el propio Ayuntamiento, dentro del ejercicio de sus competencias, el que decida qué modelo de actividad turística quiere para la ciudad, y el que debe velar, por la seguridad, limpieza y salubridad de dicho entorno".
Para reforzar esa argumentación, la jefa del Servicio Provincial recalca que existen precedentes similares como el del mercadillo de verano de Playa de San Juan, en el que es el Ayuntamiento quien figura como titular de la autorización. "Esta exigencia, además, concuerda con el normal proceder en otros expedientes similares, como puede ser el caso del mercadillo que se suele instalar en temporada estival en el paseo de la playa de San Juan -cuya autorización desde hace años, solicita y obtiene el ayuntamiento-, entre otros muchos ejemplos", recalca Costas.
De ahí que, en último término se apremie al Ayuntamiento a completar la documentación pendiente que, según Costas, no corresponde confeccionar a la asociación de vendedores, como los informes relacionados con las medidas de seguridad, la limpieza o el mantenimiento del espacio público. Es más, llega a advertir de que la falta de determinación del Ayuntamiento y el retraso en esos documentos adicionales podría suponer la caducidad del expediente en el plazo de tres meses.
De ahí que Costas requiera al Ayuntamiento "para que expresamente manifiesten si desean continuar con la tramitación de este procedimiento, o si ese escrito supone su desistimiento, recordándoles que hasta la fecha, no han presentado la documentación requerida mediante oficio de 25 de octubre de 2024 en el plazo de 10 días, comunicándole que trascurridos tres meses desde la finalización de dicho plazo sin su presentación por parte del Ayuntamiento de Alicante, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la misma Ley archivándose las actuaciones habidas en dicho expediente", concluye el escrito.
En ese supuesto, la reubicación de las casetas quedaría descartada, salvo que se tramitase un nuevo expediente válido y que Costas lo aceptase para iniciar de nuevo su tramitación. Todo, en un contexto en el que habría vencido la prórroga adicional concedida para que los comerciantes puedan seguir desempeñando su actividad en La Explanada hasta el próximo 15 de enero, con obligación de retirarlos al término de dicho mes. Por lo pronto, además, Costas apunta que la tramitación del expediente no supone que vaya a concederse el permiso solicitado, toda vez que debe evaluarse la viabilidad de la petición.
