ELCHE. Días después de que se conociera que una treintena de empresas aspirantes a hacerse con la nueva contrata del servicio de limpieza de Elche —en total, de unos 360 millones de euros— han hecho que el equipo de gobierno modifique el pliego debido a algunos errores, el mismo sigue siendo objeto de polémica para colectivos sociales y alguna compañía. Entre ellas, una del exconsejero del Elche CF Francisco Vicente Meseguer o la compañía de Pinoso de transporte alimentario Cisternas Hurtrans. Por el momento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no ha paralizado la tramitación de la contrata.
Así pues, ya con el Ayuntamiento conformado, se puede decir que la nueva legislatura empieza con las mismas cuestiones polémicas con las que terminó, principalmente el nuevo pliego para el servicio de limpieza, que es defendido por el equipo de gobierno y rechazado por la oposición por las formas —sacándolo a licitación la última semana— y por los colectivos sociales y ecologistas que denuncian que no cumplirá con los objetivos de reciclaje que establece Europa. De hecho, como trascendió el martes, ADR Camp d’Elx, Àgora d’Elx, Alonis, Des de Baix, y Margalló-Ecologistes en Acció, a lo que habría que sumar las empresas Lidessa —del exconsejero del Elche CF Francisco Vicente Meseguer—, Gespla, Cisternas Hurtrans —en fase de cumplimiento de pagos tras un proceso concursal—, Tank Hurt —en concurso de acreedores— y Montes Vivos, han recurrido el proceso pidiendo la suspensión cautelar de la tramitación del procedimiento y la anulación del pliego.
El pasado lunes el Tribunal informaba al Ayuntamiento de la entrada de el mencionado recurso especial, solicitando al Consistorio copia del expediente de
contratación. Como informan desde la administración local, se aportará dicha documentación y cualquiera que pueda ser requerida por esta instancia. En cualquier caso, señalan que estos recursos son normales en alguna de las fases de la licitación, y añaden que por el momento el Tribunal no ha solicitado la paralización del expediente, "por lo que el procedimiento continúa". Un procedimiento que se retrasará un mes debido a los errores y cuestiones planteadas por las futuras contratistas, por lo que se van a subsanar y ampliar el plazo de presentación de ofertas, lo que quizá retrase la entrada en vigor del servicio. Siempre y cuando no prospere el recurso presentado por estos colectivos.
En su recurso, los firmantes denuncian que el contrato se divida en lotes, "impidiendo así la participación en el concurso de adjudicación a pequeñas y medianas empresas y a entidades de economía social", ya que no se pueden presentar empresas de la zona, sino sólo las grandes firmas del sector. El otro aspecto con el que cargan es el hecho de que no se haya elaborado previamente un plan local de residuos —que se hará a posteriori, según el pliego— para después adecuar la licitación a las directrices de dicho plan. "No se establece así obligación contractual alguna para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación en materia de recuperación y reciclaje". Creen que supondrá sanciones por administraciones como las europeas por no cumplir con los objetivos establecidos para los próximos años
Sin embargo, respecto a las cuestiones alegadas, desde el equipo de gobierno defienden que la contratación del servicio de forma unitaria, tal y como se hace en la actualidad, "y como sucede en la inmensa mayoría de municipios", defienden, "permite diseñar un servicio más moderno, medioambientalmente más respetuoso y con mayor grado de eficiencia, consiguiendo así la mejor relación calidad precio que es el objeto final de la nueva Ley de Contratos del Estado". Por otra parte, también hay que reseñar que el elevado precio del servicio, en total unos 360 millones de euros con el IVA incluido para los diez años, impiden o hacen muy difícil que sea una pyme la que pueda gestionar una contrata tan cara, debido a la inversión y la tecnología que exige el nuevo servicio.
