ELCHE. Diversas compañías y colectivos sociales y ecologistas han recurrido la licitación de la nueva contrata de basuras en Elche al Tribunal Central de Recursos Contractuales. Solicitan la suspensión cautelar de la tramitación del procedimiento y la anulación del pliego. Entre las compañías firmantes figuran Lidessa, Gespla, Cisternas Hurtrans, Tank Hurt y Montes Vivos. En cuanto a los agentes sociales, figuran ADR Camp d’Elx, Àgora d’Elx, Alonis, Des de Baix, y Margalló-Ecologistes en Acció.
En su recurso defienden incumplimiento en varios apartados de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), e infracciones detectadas en el pliego de licitación de normativas estatales y autonómicas en materia de gestión de residuos. Algo en lo que ya habían venido incidiendo colectivos ecologistas debido a que no se llegará a la normativa europea en materia de reciclaje.
Más concretamente, denuncian que el contrato no se divida en lotes, "impidiendo así la participación en el concurso de adjudicación a pequeñas y medianas empresas y a entidades de economía social", lo que representa el principal punto esgrimido por lo que respecta a la LCSP. Después, colectivos locales como ADR Camp d’Elx indican que solicitaron "infructuosamente" el pasado año en sus sugerencias al pliego que se tuviera en consideración a estas empresas. Según defiende su presidente, Pascual Serrano: “Nos parece lamentable que, en vez de trabajar dentro de la legalidad para que empresas de la zona puedan beneficiarse con una contrata como ésta, por el contrario, se diseñe para favorecer exclusivamente a las cuatro o cinco macroempresas del sector". Considera que los argumentos esgrimidos para apostar por esta forma "carecen totalmente de sentido".
Por último, vuelven a cargar contra el hecho de que no se haya elaborado previamente un plan local de residuos —que se hará a posteriori, según el pliego— para después adecuar la licitación a las directrices de dicho plan. "No se establece así obligación contractual alguna para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación en materia de recuperación y reciclaje", señalan desde los colectivos. Argumentan que este incumplimiento supone "una infracción de la legalidad, la cual podría provocar sanciones al propio Ayuntamiento de Elche que, al final, revertirían en los propios vecinos". Por su parte, según Margalló Ecologistes en Acció, “esta contrata no sólo es mala para los ecologistas o para las empresas de Elche, es una contrata nefasta también para todos los ilicitanos”, arguyen con respecto a las multas de diversas administraciones o por una hipotética modificación millonaria para adaptarla a lo que se exige. Creen que "se podría haber hecho antes a un coste muy inferior”, concluyen. Por el momento, el coste previsto para los diez años es de 360 millones de euros.
