ELCHE. La situación de los menús diarios en la residencia de Altabix, según fuentes consultadas debido a la falta de suministro de los camiones que tenían que llegar de València, afectados por la Dana, ha vuelto a sacar a la palestra la situación del centro. Un asunto que se tocó en el pleno del pasado lunes y que ahora ha salpicado a nivel político, con la asociación de familias de las residencias, Recova, pidiendo la dimisión de la edil de Mayores, Aurora Rodil (Vox), contra quien han cargado en anteriores ocasiones por la falta de mejores. El equipo de gobierno respalda el trabajo de la edil, mientras que paralelamente, la renovación de la concesión está pendiente de que se firme el decreto de tipologías.
En este sentido, desde la asociación de familiares de residencias de la Comunitat, Recova, volvían este miércoles a mostrar su malestar con la concejal, después de criticar el mismo día del pleno sus declaraciones en las que señalaba que se está intentando que la conselleria renueve la concesión. Además de solicitar su dimisión, la Junta Directiva de la asociación pide "por connivencia", explicaciones a cargos autonómicos, Juan Manuel Galbis Pérez, Director Territorial de Servicios Sociales e Igualdad en Alicante y Gracia Mateu Pascual, Subdirectora General de Inspección de Servicios Sociales.
La asociación recordaba que el centro de Altabix arrastra deficiencias "muy graves" desde 2019, y que han supuesto sanciones de casi 200.000 euros, quejas ante el Síndic de Greuges, denuncias en Fiscalía, un procedimiento judicial penal "y lo más grave, en estos cinco años a algunos los hemos perdido y/o han sido maltratados, y siguen siendo maltratados, muchos mayores que han tenido o tienen allí su hogar", precisan.
En este sentido, explican que las inspecciones son "un instrumento muy codiciado y valioso" porque la ratio de estos es muy baja y ni siquiera se puede realizar una inspección anual por residencia. Apuntan a que desde que el actual gobierno autonómico y local gobiernan se han realizado dos inspecciones en esta residencia, ambas anunciadas públicamente por Rodil, un error para la asociación, porque previó a la residencia para mostrar otra cara ante la inspección. "Puesto que había sido avisada, colocaron mantelitos, sacaron a los residentes al patio exterior, compraron aquello que faltaba, etc.", explican. Fue el pasado noviembre, cuando junto al entonces secretario autonómico Emilio Argüeso se apuntó a que la licitación sería urgente, algo que nunca ocurrió.
El exsecretario autonómico Emilio Argüeso y la edil Aurora Rodil, durante la inspección en noviembre de 2023 Los familiares están molestos con que en el pleno del lunes, la concejal de Mayores volviera a anunciar otra inspección en ciernes estos días. Al día siguiente, el martes, desde Recova esgrimen que el martes "acudió personal de la empresa Colisée a preparar todo y dejarlo listo para ser inspeccionado" y que este miércoles llegaban dos inspectoras autonómicas a la residencia. Sienten que de nuevo se ha perdido otra oportunidad de que se vea la residencia en el día a día, y agregan que "huelga decir que las camas han sido perfectamente arregladas y seguramente habrán sacado las mantas que pedían los residentes y que no aparecían. Por cierto, cuando han llegado les habían organizado una charla sobre reciclaje a los mayores. Respecto a la alimentación, el martes comieron muy bien, nada que ver con las raciones que les suelen servir". Temen que este jueves la residencia "vuelva a las andadas".
Respecto a la Conselleria de Servicios Sociales, a los dos cargos mencionados les achacan que tienen responsabilidad en "esta burla del sistema de inspección de nuestra Comunitat. ¿Por qué le filtran a la concejala la inspección? El calendario de inspecciones no es público. Deben guardar con mucho celo la fecha en la que van a acudir a cada centro residencial". Consideran que Galbis, Mateu y Rodil, "son cómplices y pretenden tapar las deficiencias de esta empresa concesionaria en detrimento de la dignidad de los mayores". Creen que supone una "gravísima vulneración de derechos de los usuarios" y que la concejal "ha distorsionado el mecanismo de inspección que debe ser eficaz en la vigilancia de un sector tan desprotegido como el de los mayores de esta residencia". De ahí que pidan la dimisión. "Basta de teatro y de fachada ante los medios. Los mayores no son la prioridad de esta señora".
De los cargos autonómicos dicen que están contribuyendo a que el sistema de inspección esté siendo "desvirtuado, basta de jugar con los fondos públicos". La Junta Directiva de la asociación dice estar harta de que una vez pasada la inspección, "se vuelva a tratar a estos mayores como gusanos, como basura pisoteada. Volverán a malcomer, a no ser aseados y a ser maltratados".
Por su parte, desde el equipo de gobierno mostraron este miércoles y de nuevo este jueves un respaldo "sin fisuras" a la concejal y teniente de alcalde. La portavoz del gobierno, Inma Mora subraya que "la petición de dimisión que hace Recova es totalmente injusta con la señora Rodil, que ha trabajado desde el minuto 0 y lo seguirá haciendo por el bienestar de los usuarios de la residencia de Altabix". La concejal destaca de Rodil que lleva cuarenta años trabajando por los pacientes por su condición de médica, y que ha mostrado "su compromiso con el bienestar de los residentes, lo hizo con el anterior gobierno y lo hace con el actual".
Familiares de la residencia y de Recova / RAFA MOLINAEn este sentido, Mora recuerda que el pasado lunes en el pleno se aprobó una moción instando a la Generalitat Valenciana a la toma de medidas urgentes ante la situación de la residencia, y le pide que la intervenga de forma "inmediata" para el bienestar de las personas mayores que allí residen. También esgrime Mora que lamenta que la contundencia de Recova contra Aurora Rodil "no fuera de la misma magnitud con ediles de anteriores corporaciones municipales", recordando que la gestión no depende del Consistorios.
Por otra parte, respecto a la nueva licitación de la residencia, según la concejal de Acción Social Celia Lastra, como ya indicó en el pleno, está pendiente de que se apruebe el decreto de tipologías. La deuda millonaria que había del Consell con las empresas concesionarias y que ascendía a 105 millones de euros, ya se ha liquidado, indica Lastra. Una situación que se arrastraba de época del Botànic, desde 2019.
Ahora, Lastra esgrime que se está revisando el mencionado decreto, ya que a la hora de impulsarse "faltaba consenso con algunos sectores a los que no se consultó", apunta. Un decreto que explica la edil que es clave para que haya un convenio a la altura de lo que se requiere, "ya que es un trabajo vocacional, muy duro en el día a día con el cuidado de mayores y personas que están en situación de enfermedades neurodegenerativa". La edil adhiere que el objetivo es que se logre un convenio con salarios y ratios "dignos para evitar la fuga de profesionales". Algo que ya está ocurriendo, según se puso de relieve en la protesta de hace unos días frente a la residencia.
Por ello la edil pide paciencia a la plantilla, como indica recalcó en el pleno, porque con la liquidación de la deuda, a priori con la aprobación del decreto de tipologías y el nuevo convenio, ya se estaría en disposición de licitar la renovación de la concesión de las residencias autonómicas. La de Altabix inclusive. Mientras tanto, las familias siguen hastiadas, ahora cargando contra los actuales gobiernos, quienes en la oposición hicieron gran presión por la reversión ante situaciones que también se llevan repitiendo años, como los anuncios de teóricas reversiones y licitaciones que nunca se dieron, además de inspecciones que se habían 'maquillado' previamente.
