ELCHE. Este viernes la oposición ilicitana en bloque (PP, Cs, Vox y Eduardo García-Ontiveros) comparecía ante los medios para anunciar que van a promover una declaración institucional en el próximo pleno, elaborada por ReCoVa (la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana) para que se sumaran los los partidos de la corporación. La misma pide una comisión de investigación a Les Corts y que la Generalitat ejecute la resolución del contrato con la concesionaria, que caduca el próximo año. Hasta ahora se ha sumado la oposición, mientras que el bipartito, PSOE y Compromís, no han respondido. Una patata caliente para el equipo de gobierno ya que la presión es cada vez más intensa entre familiares y entidades tras los fallecidos durante la pandemia o la propia gestión desde antes de la misma.
Familiares de los residentes en el geriátrico piden una vez más actuaciones a la Generalitat para que investigue "las muertes acontecidas en esta residencia desde agosto de 2019, mes en el que se inició la concesión a la actual empresa (La Saleta Care, por 11,8 millones de euros)", refleja esta propuestas de declaración, que en segunda instancia pide al Consell que inicie el procedimiento de rescisión del contrato, al tiempo que "ejecute aquello que le corresponde dado que se trata de una residencia pública". Esto último en referencia por ejemplo a la reposición de las camas articuladas que están en mal estado y que según la asociación están en mal estado, "y cuya resolución se pidió hace un año a la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas".
Según ReCoVa, en las primeras olas de la pandemia fallecieron veinte residentes de forma directa, a los que habría que sumar al menos los seis del pasado mes de enero de este año. Aunque según la asociación, han fallecido también otros por secuelas en los peores momentos de la pandemia, algo que ha pasado en otras residencias, indican, aunque no se hayan atribuido al coronavirus si ya eran negativo. En aquellos días, la conselleria de Sanidad aportó varias enfermeras y médicos, pero fueron insuficientes, ya que como denunciaban los familiares entonces, algunas de las personas mayores llegaban a los hospitales en estados de salud graves. Son algunas de las situaciones que han vivido los familiares, un calvario al intentar tocar puertas ante unas deficiencias que en fases de la covid más 'tranquilas', como verano, seguían quejándose porque había deficiencias con el aire acondicionado.
Militares desinfectando la residencia en enero de 2021Una situación que viene de lejos, señalan desde la asociación, ya que antes del estallido de la pandemia se encontraron con plagas de chinches y otras cuestiones que luego siguieron repitiéndose, denuncian desde la asociación, como medicación pautada que no se administraba, otra que no lo estaba, expedientes sociosanitarios incompletos, sin actas de defunción actualizadas, o incluso abuso de ansiolíticos, denucian. También había falta de control de peso a los usuarios, según apunta Ester Pascual, portavoz de la asociación: "Mi madre perdió 30 kilos en año y medio". Falleció en verano de 2021. Había logrado cambiarla de residencia, pero asevera que las secuelas habían sido demoledoras. "No tenían ni báscula para pesarles en silla de ruedas, al final conseguimos que las compraran", explica.
Así pues, un cúmulo de situaciones de todo tipo, tanto sanitarias como de mobiliario e infraestructuras. Por eso inciden de nuevo en la reparación de las camas, cosa que ya solicitaron a la Generalitat hace un año. Desde la asociación esgrimen que al estar averiadas se han utilizado pilas de pañales detrás de la cabecera para poder dar de comer o elevar las mismas, lo que supone un problema al haber residentes que están en torno a los 100 kilos. En algún caso incluso se han hecho cortes indican. Además de los radiadores, de los que el 40% aproximadamente ha estado averiado en verano y ahora con el frío, también la campana de extracción de la cocina está rota.
Como apunta Pascual, "todas las culpas se las está llevando la empresa", que hace unas semanas aseguraba estar cumpliendo con la normativa, "pero no todas son atribuibles a ella", denuncia la portavoz en referencia a la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, así como a un "deficiente sistema de Inspección, que debería pedir más actuación a la Dirección Territorial". En este sentido, señala que por ejemplo las puertas de emergencia estaban rotas y con candado, pero entre la empresa y la conselleria se juega con que la competencia es del otro, ya que la Generalitat es la dueña del inmueble y de parte de dotaciones y mobiliarios, como las mencionadas camas. Ahora han empezado las obras del jardín, aunque Pascual no entiende la falta de celeridad y lo que entiende como "falta de interés" de la conselleria en arreglar estas cuestiones de fondo. "No se puede mejorar todo con la obra que se ha planteado".
Esta última es una de las situaciones que más queman a integrantes de la asociación y familiares de los residentes. "Nadie está aparcando a mayores, la gente los lleva allí porque no puede hacerse cargo", relata Pascual, que en su caso acudió a los servicios de la misma porque convive con otra persona dependiente, además de con sus hijos, por lo que no podía hacerse cargo de todo. Una situación de frustración que llevó a la asociación a concentrarse frente al Ayuntamiento el año pasado, no entienden que la Generalitat no quiera siquiera pelear la opción de rescindir el contrato. "Claro que es difícil resolver la concesión, ¿pero no merece la pena realizarlo para el año y medio que queda de contrato?", reflexiona Pascual.
Desde la Generalitat y reuniones con Oltra se ha explicado que es difícil resolver la concesión, pero insisten los familiares en que es posible, y que de hecho el Síndic de Greuges ha explicado cómo hacerlo. En un escenario en el que el propio Consell ha empezado la reversión de departamentos sanitarios. "No quieren dar esa batalla jurídica", explica. Según asevera Guadalupe Arana, secretaria de la Federación de Pensionistas de CCOO en la comarca, "esta ruptura de contratos con residencias ya se ha hecho en Catalunya", explica la sindicalista, quien sigue esperando a que se convoque el Consejo de Mayores local. Hace unos días exigían un consejo extraordinario, algo que consta que no ha gustado en la concejalía de Mayores, dirigida por Puri Vives. Arana indica que "a principios de este mes tocaba consejo ordinario, que tampoco se ha convocado". Según indica, la residencia lleva con problemas desde hace más de 20 años, al principio funcionó bien, pero después se fue deteriorando con las contratas.
La oposición este viernesAhora mismo, aparte de que el Síndic de Greuges resolvió que se habían quebrantado los derechos de los residentes por parte de Políticas Inclusivas y Sanidad, aunque solo consideró que esta última había puesto medios para remediarlo, hay una denuncia a la Fiscalía por parte de la asociación. Se está tramitando todo en una causa con demandas individuales, y Vox ha interpuesto una querella criminal a empresa y administración. ReCoVa también echa en falta más presión y empatía por parte del Ayuntamiento, ya que ninguno de los dos partidos del equipo de gobierno han contestado a la declaración institucional que les pasaron el 10 de febrero y que ahora está moviendo la oposición. Señalan que otros Consistorios con casos similares se han movido más.
En opinión de la asociación, no justifica que la competencia sea autonómica ni es excluyente de que el Ayuntamiento también presione para que se intervenga más decididamente en la situación. Como dio a conocer hace unos días el propio bipartito, Política Inclusivas sancionó con 100.000 euros a la residencia y hay algunas más en fase de instrucción. El problema con estas, explica Pascual, "es que las sanciones de este tipo llegan porque cuestiones graves y estructurales, se han subsanado algunas cosas, pero no todas", y en cualquier caso, observa que para qué les sirven las mismas con la grave situación que viven los residentes. Una situación, que ha vuelto a ser actualidad por la carta de un residente en la que denunciaba que pasa frío o que la comida se sirve también fría y tarde. “¿Para qué quiero yo estas sanciones", lamenta Pascual. "Quiero dignidad, son personas”.
