ELCHE. Después de varios duros meses en la Residencia de Altabix por el impacto de la covid-19 ante la deficiencia de los recursos y los medios para abordar la situación, el Síndic de Greuges ha dado carpetazo a las quejas de parte que se realizaron. Ha comunicado el cierre de las mismas a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (de Mónica Oltra) y de Sanidad (de Ana Barceló), aunque incide en que ambas acogieron las recomendaciones del Síndic de distinta forma. Asevera expresamente que Igualdad no actuó según las recomendaciones, "lo que supone un grave quebranto de sus derechos".
En este sentido, ante las informaciones recabadas en la tramitación del expediente por el organismo, la situación revestía "tal nivel de gravedad que resultaba pertinente recomendar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la necesidad de proceder, entre otras cuestiones, a la intervención de la RPMD Altabix de Elche, asegurando con ello la correcta dirección del centro, y debiendo designar, con carácter temporal, a personal funcionario que se encargara de dicha tarea, a fin de resolver la carencia de atención integral geriátrica existente".
En una primera respuesta, la Conselleria no consideró factible, desde el punto de vista legal, la posibilidad de que el Director de residencia pudiera ser un funcionario público. Esta institución no consideró ajustada a derecho tal conclusión y, en su segunda resolución, informó pormenorizadamente de los preceptos legales en los que se basaba su recomendación. Igualdad consideró que no se estaba dando una perturbación grave y temporal del servicio que no fuera reparable por medio distinto al de la intervención, por lo que con medidas de seguimiento y la apertura de expedientes sancionadores a la empresa gestora de la residencia, sería suficiente. En un contexto en el que los familiares advirtieron de forma constante de las situaciones vividas en el centro e instando a la Generalitat a que interviniera.
No obstante, el Síndic evaluó la situación de "indefensión y vulnerabilidad manifiesta con perjuicio grave para la salud y la seguridad de las personas usuarias de la Residencia, lo que debería comportar la adopción de la medida recomendada, considerando insuficientes las hasta ahora adoptadas por la Conselleria". Por lo tanto, al no aplicarse las medidas que entendía eran necesarias, señala que supuso un grave quebrando de los derechos de las personas residentes.
En cuanto a Sanitat, también tras las dos quejas de noviembre y diciembre, Sanidad recomendó que a través de la Comisión de control de centros residenciales del departamento de salud al que corresponde el centro, adoptara las medidas necesarias para asegurar la salud de las personas residentes en la misma. La misma aceptó los consejos y el Departamento de Salud Elche Hospital General realizó las funciones de control, supervisión y seguimiento de la residencia Altabix a través de la Comisión Departamental de Residencias Sociosanitarias establecida y también a través del Grupo de mejora de la asistencia sanitaria en centros residenciales. Y añadió que estas medidas "serán extremadas por parte de este Departamento de Salud tal y como recomienda a esta Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el Síndic de Greuge". A pesar de que al principio envió escaso personal, aunque era un momento de pico de la tercera ola también a nivel local. Cosa que se corrigió en cuanto la situación sanitaria dio un respiro.
Por último, el Síndic advierte a ambas consellerias que seguirá realizando las labores necesarias de seguimiento sobre la atención a las personas usuarias de la RPMD Altabix.