ELCHE. Después del pleno del pasado lunes en el que el bipartito rechazó las cuestiones centrales que pedían los familiares de la residencia de Altabix (instar a Políticas Inclusivas a rescindir con la concesionaria e impulsar una investigación en Les Corts por los fallecimientos en pandemia), en el que por contra se instó a seguir con las inspecciones y que la empresa asuma sus responsabilidades, la cuestión sigue levantando asperezas. La propia asociación de familiares, ReCoVa, lamentaba que no hubieran salido adelante sus proclamas por una serie de graves deficiencias que han causado unas sanciones de 110.000 euros y un expediente incoado por diferentes incumplimientos de los que cada uno puede suponer hasta 80.000 euros, como las multas ejecutadas. Pero, ¿por qué motivos?
Cabe resaltar que el valor de estas cantidades ya ejecutadas no responden a una sola sanción, sino a la acumulación de infracciones graves por motivos concretos hasta acumular esos más de 110.000 euros. Según un informe de la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales, desde julio de 2020 se han ido realizando visitas del Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios que después se replicaron en septiembre de ese año, así como requerimientos en diciembre para subsanar los problemas observados. Ya en 2021, y por solicitud de la asociación de familiares de la residencia, Adbar, así como para comprobar el estado de las deficiencias, hubo más visitas en febrero, marzo y octubre de 2021. "En cada una de dichas visitas se han puesto de manifiesto una serie de incumplimientos en la gestión de esta residencia que han sido objeto de sanción mediante la incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores", señala el informe.
De las inspecciones de julio se derivaron infracciones leves y otras graves. Del Plan de Autoprotección, se detectaron vías y salidas de evacuación no despejadas, señal de salida de emergencia del comedor no visible, e instrucciones de emergencia publicitadas en el tablón de anuncios que no se corresponden con las del Plan (10.000 euros); uso de sábanas en mal estado y sábanas de la Conselleria de Sanitat (1.000 euros); en relación con la medicación se detectó suciedad en los cajetines que contienen los fármacos y registros de medicación incongruentes (25.000 euros); no acreditación del cumplimiento de las ratios de personal establecidos en el pliego de condiciones de la concesión (25.000 euros); falta de diligencia en el ingreso hospitalario de una residente del centro (20.000 euros) y por último registros deficitarios en el caso de enfermería o inexistentes en el caso del evolutivo médico, así como desorden en los expedientes socio-sanitarios revisados (20.000 euros). En total, una acumulación de 101.001 euros.
Asimismo, de la inspección de octubre de 2020 se ha impuesto una multa de 10.001 debido a una serie de circunstancias que se tipificaron como una infracción grave consistente en el incumplimiento de los requerimientos efectuados y no atender las instrucciones para realizar las correcciones propuestas. Son las siguientes: en relación con la restauración, no se subsanó un requerimiento de septiembre de 2020 y se observaron determinadas deficiencias en relación con los menús que se ofrecen; incumplimiento de las ratios de personal establecidas en el pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato en las figuras de médico, TASOC y personal subalterno (ya sanciondo en el anterior procedimiento); reiteración de incumplimientos relativos al Plan de Autoprotección, con mal estado de lencería, medicación, documentación contenida en el tablón de anuncios y registros deficitarios (los mismos incumplimientos que el anterior procedimiento aunque sin poder sancionar porque aún estaba en marcha); incumplimiento de la obligación de utilizar el programa informático de la Conselleria y una incorrecta custodia de los efectos personales de los residentes fallecidos.
Y por último, de las visitas realizadas en febrero y marzo de 2021, hay un incoado un procedimiento sancionador todavía no finalizado en el que se detectaron casi una decena de hechos susceptibles de ser sancionadas con infracciones de multa de entre 10.001 a 80.000 euros. Cada uno. Estas circunstancias son no disponer de elementos de detección y protección antiincendios en el sótano del edificio —espacio que no está incluido en el Plan de Autoprotección—, incorrecta aplicación de la sujeción a un residente, detección de dos peines en el carro de los auxiliares, ausencia de toallas de papel en los aseos de los residentes, ausencia en muchas habitaciones de cortinas y tener las persianas rotas, existencia de obstáculos en la rampa que conecta la primera planta del ala D, de nuevo incumplimiento de las ratios de personal en determinadas figuras profesionales (psicólogo, TASOC y personal de servicios generales), falta de adecuada atención sanitaria a determinados residentes y no haber proporcionado un trato digno a un usuario.
Observa el informe que en esta última revisión se constataron por la Inspección algunos de los hechos manifestados por la asociación Adbar en su escrito respecto de determinados usuarios. Por último, de la inspección realizada en octubre de 2021, para comprobar de nuevo el funcionamiento y gestión del centro, este podría dar lugar, en su caso, al correspondiente procedimiento sancionador. Tras la visita se requirió a la entidad que subsanase distintos incumplimientos, algunos ya mencionados. Estos son vías de evacuación parcialmente obstruidas en la zona de la rampa de conexión entre plantas, historias sociosanitarias incompletas, atención sanitaria deficiente, al no realizar el control de constantes a una residente, incumplimiento de las ratios profesionales en la categoría de enfermeros, Incumplimiento de lo estipulado en 'Actuaciones para la prevención y control frente a la covid-19 en centros de servicios sociales de carácter residencial', de fecha 7 de septiembre de 2021, en lo que respecta a las actuaciones en cuanto a trabajadores con contacto estrecho con la covid y una vez más, no actualizar el Plan de Contingencia.
Así pues, unas sanciones de 110.000 euros ya impuestas, otras presumiblemente en marcha con un procedimiento que podría acumular varias decenas de miles por incumplimientos reiterados, y se está estudiando si se han cumplido los últimos requerimientos, ya que de lo contrario, se podría abrir un tercer expediente sancionador. Por último, la propia Inspección emitía un informe el 17 de diciembre de 2021, con la finalidad de comprobar los hechos denunciados por una residente, y que ha dado lugar al correspondiente requerimiento a la entidad para su subsanación.
