Pleno de febreroELCHE. La residencia de Altabix y la situación de deficiencias que arrastra desde hace años, aumentada de forma importante con la pandemia, sigue generando fuego cruzado entre oposición y bipartito, que en el pleno de este lunes se mostró contrario a la rescisión de la concesión administrativa, así como a reprobar a la consellera competente en Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. En la moción rechazada y presentada por el Partido Popular también se pedía a instancias de las familias una comisión de investigación. Aunque el PP añadió la reprobación, lo cual provocó el rechazo del equipo de gobierno, que después presentó una moción de urgencia para dar el respaldo evitando las críticas a la vicepresidencia.
A este respecto, ReCoVa (la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana), hastiada por la situación y falta de medidas más definitivas, han contabilizado más de veinte fallecidos desde la pandemia. El 10 de febrero presentaron una declaración institucional a todos los grupos de la corporación para aprobarlos en pleno, con dos puntos claros: solicitar a Les Corts una investigación "por todas las muertes acontecidas en esta residencia desde agosto de 2019, mes en el que se inició la concesión a la actual empresa (La Saleta Care)". El otro punto, que el Consell que inicie el procedimiento de rescisión del contrato, al tiempo que "ejecute aquello que le corresponde dado que se trata de una residencia pública". Después añadieron que se aclarara cuándo finalizaba la concesión. Una propuesta a la que el bipartito no respondió hasta el 25 de febrero, tres días antes del pleno.
Con ese contexto llegaba este pleno de febrero en el que el PP presentó la moción a través de la edil Loli Serna, enfatizando en la carta que envió un usuario denunciando malas condiciones, así como hechos ya conocidos ("falta de mantas, plan de contingencia, de personal, poca estabilidad del mismo, registros incompletos, errores medicación, comidas tarde y frío..."). Quisieron mostrar el rechazo a la gestión de la consellera, a lo que el equipo de gobierno se negaba, para evitar más daños a una gestión que ha generado mucha indignación más allá del sufrimiento y las denuncias de las familias, hechos que dejan en un segundo plano una reprobación a Oltra.
En cualquier caso, la realidad es que el equipo de gobierno rechazó instar a la comisión de investigación y a la rescisión del contrato, lo que queda a mitad de camino de lo que pedían las familias, a quienes duele que no se apruebe la investigación de los decesos. El equipo de gobierno la rechazó por llevar esa reprobación a la vicepresidenta Oltra, lo que causó decepción en Ciudadanos, apuntaba Eva Crisol: "Pensaba que habría consenso, son personas, no números", explicaba indicando que pensaba que el bipartito sería favorable a la comisión de investigación. "El Ayuntamiento no ha estado a la altura, no vale decir que se hayan pedido más medios". En Vox, Aurora Rodil criticó que no había acuerdo porque se negaban a aceptar responsabilidad de la Conselleria, competente en estas concesiones.
Desde Compromís defienden que el pliego empezó más tarde de lo que tocaba, y que "finalizará el 31 de octubre igualmente", justificando que "el expediente de resolución se puede alargar más que la propia extinción del mismo", y acusó a la oposición de "buscar rédito político", añadiendo que hay inspecciones que han acabado en sanciones de más de 100.000 euros a la compañía, matizaba Esther Díez. Su compañero de Ejecutivo Héctor Díez añadía que eran acusaciones "malsonantes y vagas", y aunque fue el único que mostró autocrítica —"reconozco que las actuaciones realizadas no son suficientes"—, aseguró que el alcalde reclamó además de la intervención sanitaria, "el rescate de la concesión". Y añadió que han ayudado en lo que se ha podido. "Le hemos fundido el teléfono a más de uno en Valencia".
Finalmente, varios puntos después del pleno, el bipartito hizo una suerte de apaño y Compromís presentó una moción de urgencia para salvar los muebles y que no quedara en que sendos partidos habían rechazado los puntos de la declaración de las familias. Algo que criticó como un "sainete" el PP, que se abstuvo, apoyando favorablemente el resto la moción, eso sí, con críticas de la oposición por el movimiento. Una moción de 'mínimos' en la que se insta a Políticas Inclusivas "a establecer cuál será la fórmula a partir de noviembre de 2022 (se supone que la contrata finaliza en octubre), acometer con urgencia mejoras en el centro que dependen del Consell, exigir a la empresa que ejecute las que son de su competencia y que sigan las inspecciones".
Por último, tras aprobarse, esta moción urgente, definida por Crisol como una "treta extraña", Pablo Ruz criticó que el bipartito no hubiera planteado ninguna enmienda a la primera moción de su partido sobre el tema, y que hubieran accedido a quitar lo de Oltra si era el problema; a lo que Esther Díez le replicó que la reprobación había sido por su interés "porque no es lo que pedía Recova, les ha hecho falta mano izquierda porque hay puntos de acuerdo", denunciando que cuando habían criticado este aspecto antes no había planteado la retirada para su aprobación.
Así pues, desde ReCoVa sienten que sus proclamas han quedado una vez más, a medias. Según ellos, la contrata finaliza en agosto de 2023 porque tardó en entrar en servicio más de lo estipulado, Compromís defiende que finalizará el 31 de octubre de 2022, a lo que el edil Héctor Díez añadía que aunque se resolviera, poco se podía hacer si no había ya redactándose un pliego para continuar con otra concesionaria. "No nos ha sido posible comprobar fidedignamente a nivel documental que la concesión finalice en octubre de 2022", señalan desde ReCoVa, porque en los documentos no es concluyente. Pero lo más doloroso ha sido el rechazo de la comisión de investigación: "No investir las muertes allí acaecidas es doloroso, y tampoco se ha aprobado la posibilidad de que la CIPI repare lo que compete a la empresa para posteriormente repercutirlo. La vicepresidenta anunció en medios cuando vino a Elche que así lo haría", indican.
En definitiva, los lodos políticos habituales de los plenos. En este caso, impidiendo la aprobación unánime de acuerdos o medidas ante la situación más grave de la ciudad en los últimos años, al menos desde el punto de vista humano, ya que las familias denuncian que han sido más de una veintena de fallecidos en la residencia desde la pandemia. Y han incidido en varias ocasiones que el propio Síndic de Greuges elaboró un informe sobre cómo rescindir la concesión administrativa, señalando que sí es posible.
