ALICANTE. Se preveía que su primera visita institucional a la provincia de Alicante llevase aparejada el anuncio de compromisos inversores y de mejora de las infraestructuras. Y la expectativa se ha cumplido, después de que el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, le emplazase a romper el déficit en ejecución presupuestaria arrastrado por parte de la Administración central, al presentar su intervención en el Foro Alicante organizado por el diario Información bajo el título 'Conexiones e infraestructuras para Alicante'. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recogido el guante para confirmar que se llevará a cabo la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche, en línea con el anuncio formulado este jueves por la dirección de Aena en el desarrollo de un encuentro de trabajo con representantes del Consell, para añadir que esa actuación permitirá que el aeródromo provincial pueda crecer hasta los 26 millones de pasajeros. En principio, según ha apuntado, esa ampliación, que se ejecutaría "en un plazo razonablemente corto" y que no ha concretado, queda limitada al crecimiento de la terminal, para crear nuevos fingers que permitirán ganar capacidad de operaciones a la hora. Sin embargo, ha incidido en que, por el momento, no está prevista la construcción de una segunda pista a corto plazo, salvo que se considere imprescindible por criterios técnicos y por la existencia de una demanda real por parte de las aerolíneas "que son las que acaban pagando esas obras a través de las tasas", ha explicado.
Pero no solo eso. El ministro también se ha comprometido a acelerar la ejecución de la Variante de Torrellano que permita retirar las vías del litoral sur de la ciudad, sin llegar a pronunciarse de forma tajante sobre si se llevará a cabo o no la electrificación provisional de ese recorrido actual que se ha dado a conocer hasta ahora. Al respecto, ha señalado que podría estudiarse otra alternativa, si es que existe. En todo caso, ha apuntado que se prevé alcanzar un acuerdo a corto plazo para eliminar las vías que penetran hasta el barrio de Benalúa, hasta las antigua estación de Murcia, hoy convertida en sede de Casa Mediterráneo, con la confianza en que fructifique la negociación al respecto con el Ayuntamiento de Alicante. Y, por último, entre sus principales compromisos, ha anticipado que el ministerio estaría ultimando el estudio de la posibilidad de liberar del pago de peaje en el tramo de la AP-7 comprendido entre Monforte del Cid y El Campello, rescatado por el Estado, con el fin de facilitar una solución a la situación de saturación y congestión de la A-7 y la A-70.
Por partes. En primer término, Puente ha introducido su intervención para reseñar la trascendencia de la planificación y la aplicación de criterios técnicos. "La política de infraestructuras tiene un intrínseco elemento territorial", ha asegurado, tras subrayar que las dificultades que entraña la planificación y tramitación previa. "Le planteamos al PP un pacto en materia de infraestructuras porque es inevitable que unos tomen unas decisiones y otros otras, pero lo importante es que establezcamos unas líneas centrales", ha incidido, ya que, de ese modo, se conseguiría evitar la "frustración de la ciudadanía". "Hoy tenemos que lidiar con planificaciones hechas hace algunas décadas, pero también tenemos que tomar decisiones para los próximos diez o veinte años", ha abundado. Así, ha explicado los criterios que se tienen en consideración en el ministerio a la hora de tomar esas decisiones. "Lo primero que nos guía es un cambio de mentalidad; no me gusta mentir al ciudadano ni llevarle a equívocos, así que difícilmente me voy a comprometer a algo que sé que no voy a poder hacer", ha advertido. "Como uno planifica, pero no lo va a ejecutar o no lo va a inaugurar, es muy frecuente que se recurra a la patada hacia adelante con fórmulas como 'tú di que vas a hacer un estudio'", ha apuntado. "Yo eso no lo voy a hacer", ha añadido.
Tras ese razonamiento, ha apuntado que "en este momento, somos la primera potencia del mundo en materia de infraestructuras en el mundo, el primer país en conectividad por alta velocidad", ha enfatizado, para subrayar también la creación de otras infraestructuras como la red de carreteras o el hecho de que Aena sea el primer gestor aeroportuario internacional. Así, ha considerado que "no partimos de la necesidad de un desarrollismo" y ha abogado por reflexionar, sobre todo, en el fin que se pretende con la construcción de las nuevas infraestructuras. "Queremos carreteras seguras, fomentar la intermodalidad, y aeropuertos para recibir a los turistas que nos visitan en condiciones óptimas", ha apuntado. En este sentido, ha incidido en la necesidad de aplicar "sensatez" sin incurrir en fantasías.
De este modo, se ha referido a la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández para asegurar que se encuentra lejos de su potencial, no porque tenga una sola pista, sino porque tiene posibilidades de crecimiento que no van asociadas a su construcción, según ha dicho. "Tenemos un instrumento serio, riguroso, que son los denominados DORA, documentos de regulación aeroportuaria", ha explicado, para señalar que fueron implantados por el PP. "Es la primera iniciativa adoptada en nuestro país para introducir racionalidad a la hora de tomar decisiones sobre infraestructuras", ha destacado. "Establece claramente los criterios para tomar decisiones en materia aeroportuaria", ha dicho. "Son fruto del diálogo entre las administraciones, pero sobre todo de los interesados, de las aerolíneas, porque al fin y al cabo, son ellas las que van a pagar esa ampliación con sus tasas", ha señalado. "Son ellas las que tienen que decidir, y las aerolíneas dicen que no existe una necesidad de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante, y me remito a las declaraciones de Javier Gándara, cuya compañía acaba de establecer una nueva base en el aeropuerto", ha apuntado, en alusión a a EasyJet.
Además, ha señalado que en la actualidad, en Alicante se mueven 16 millones de pasajeros con una sola pista, mientras que otros aeropuertos internacionales mueven hasta 33 millones también con una sola pista, lo que permitiría ejemplificar que las posibilidades de crecimiento no van asociadas únicamente a la disposición de pistas. "Eso no quiere decir que Aena no quiera acometer una ampliación, de hecho, ayer se anunció una ampliación de la terminal de pasajeros de Alicante y la de Valencia con una inversión de 1.000 millones", de los que 600 se destinarían al aeródromo alicantino, según ha señalado. Con esa ampliación, ha apuntado, se permitirá que El Altet pueda recibir 26 millones de pasajeros. "No es una evolución menor", ha señalado. "Pero si se detectara que se debe construir una segunda pista, no hay ningún problema", ha recalcado. "Aena está interesada en una ampliación de El Prat, pero no hay consenso en el territorio", ha añadido. "En el aeropuerto de Barajas se va a acometer ahora una inversión para ampliar la terminal, pero no se va a tocar pistas", ha ejemplificado. "Los que no somos técnicos, no juguemos a serlo, que sean ellos los que delimiten necesidades", ha insistido.
"Lo que se va a hacer en Alicante es construir más terminal, crear más fingers, y ganar capacidad de operaciones por hora", ha recalcado. "Eso fue lo que se transmitió ayer a los representantes de la Generalitat", ha recalcado, para referirse, después, a la construcción de infraestructuras que no habrían tenido el uso esperado, en alusión al aeropuerto de Castellón. En este sentido, ha incidido en que "no tengo ninguna razón para no ayudar a esta tierra si resulta necesario", ha añadido.
De igual modo, se ha referido a la queja apuntada desde distintos sectores (empresariales y políticos) de forma reiterada en los últimos años respecto a la falta de inversiones en la provincia para señalar que es un discurso que se mantiene en todas las provincias. "No sé si Alicante está en esa última posición pero en 2023 presupuestamos 166 millones, 20 más que en 2022, cuando bajaron un poco, y menos de 2021, que fueron 265 millones, pero es más de los que se presupuestaron con anterioridad", ha argumentado. "En 2023 se ejecutaron 102 millones, más o menos lo mismo que los dos años anteriores; no es ni de lejos la provincia en la que menos se ha invertido", ha sostenido, al hilo de esos datos. "Tenemos que pensar en las inversiones en materia de infraestructuras más allá de las inversiones en territorio, sino pensando a quién benefician las inversiones", ha argüido. "Muchas veces, trascienden de las fronteras del territorio en las que se ejecutan", ha apuntado. "Con la nueva Ley de Movilidad sostenible, vamos a tratar de racionalizar para ser efectivos", ha dicho. "Es importante que los recursos no los malgastemos", ha apuntado, tras referirse a actuaciones como la introducción de medidas para reducir tráficos o favorecer el uso de la bicicleta, en lo que ha parecido una velada referencia a la controversia suscitada en algunas ciudades como Alicante respecto al desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Acto seguido, se ha referido al desarrollo del Corredor Mediterráneo para afear las posiciones en contra manifestadas por el PP en foros europeos "sin que haya encontrado ninguna razón que pueda justificar esa posición", ha apuntado. Así, ha considerado que el hecho de que algunos elementos hayan quedado fuera de la planificación propuesta no puede ser motivo para oponerse a ella, ha considerado. "En 2018 el 40% del Corredor estaba sin definir, sin un solo papel; hoy contamos con un plan secuenciado y cada uno de los tramos está en marcha, o tiene un presupuesto o una obra en ejecución", ha asegurado. "La última pieza que faltaba la aprobamos en el consejo de ministros el pasado martes", ha apuntado. "Todos los tramos están en marcha, tienen ya un expediente de mejora en marcha", ha señalado, entre los que se ha referido al túnel pasante de Valencia "que es una cuestión muy compleja", ha apuntado.
"Las infraestructuras requieren tiempo", ha señalado. "No quiero desvelar más", ha añadido, al apuntar la reunión prevista con el alcalde de Alicante este mismo viernes. En todo caso, ha anticipado que "tenemos que llegar a un acuerdo y a un entendimiento respecto a este entorno", ha señalado, en alusión a la retirada de las vías de Benalúa, "al margen de posibles electrificaciones o no", ha apuntado. "También he venido a escuchar; me van a ver mucho por aquí, con intención de dialogar", ha considerado.
Ya en el turno de coloquio abierto a preguntas, también se ha referido a la conexión ferroviaria con el aeropuerto y a la construcción de la Variante de Torrellano para asegurar que se ejecutará en el menor plazo posible. "No me gusta dar plazos, pero puedo asegurar que se realizará lo antes posible", ha incidido. "No tenemos ningún interés en electrificar, lo que queremos es garantizar la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo; si hay una alternativa a la electrificación, que sería provisional, no habrá ningún problema", ha asegurado. Eso sí, ha dejado claro que "si no hay alternativa, el recorrido es el que es, y no podemos cortar el avance del Corredor; eso no nos lo podemos permitir", ha señalado. "Tenemos un férreo compromiso con la construcción de la Variante de Torrellano. Tenemos mucha prisa porque es estratégica para el Ministerio. El objetivo es que sea una realidad lo antes posible ya que es clave para poder aprovechar todo el potencial y capacidad del Corredor Mediterráneo", ha explicado. "Se sigue trabajando en el estudio informativo, planteando soluciones en determinados asuntos de la mano de la Generalitat Valenciana. Después se podrá inicial la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental", ha añadido.
Además, ha recalcado que, de no existir otra opción, "la electrificación provisional se tiene que hacer, es imprescindible para no estrangular el Corredor a partir de Alicante hacia el sur. La electrificación entre Alicante y San Isidro es necesaria para el Corredor, imprescindible para Elche y para el acceso ferroviario al Aeropuerto". En todo caso, ha insistido en que "la línea se desmantelará cuando se concluya la Variante de Torrellano, como se está desmantelando la vía en Tarragona después de la Variante de Vandellós. Estamos estudiando incluir en la Declaración de Impacto Ambiental el futuro desmantelamiento". Así, ha argumentado que "la electrificación provisional no va en contra de los vecinos de San Gabriel, sino a favor del Corredor Mediterráneo, del desarrollo económico e industrial de todo el levante español. Beneficia a Alicante, Elche, Murcia, Almería, Valencia… y, entre otras cosas, permitirá que circulen trenes más modernos por la línea, mejorando el servicio. Aunque no se llevara a cabo la electrificación, las vías no desaparecerán hasta que la Variante de Torrellano esté finalizada, por tanto, no hay coste de oportunidad por electrificar y si lo hay por no hacerlo", ha incidido.
De igual modo, no ha eludido confirmar que la conexión de Alicante con Madrid por alta velocidad ofrecerá la posibilidad de tener parada en la estación de Atocha en el momento en el que concluyan las obras de construcción de la estación pasante ahora en fase de inicio, según ha recalcado, para que los usuarios del ferrocarril puedan elegir qué estación le resulta más conveniente, entre Atocha y Chamartín. Es decir, justo la planificación que ya estaba prevista desde 2019, cuando se planificaron las obras de remodelación de la estación de Atocha.
Además, se ha referido a los servicios de cercanías para apuntar que, por el momento, la Generalitat no ha planteado ninguna petición oficial para que pueda producirse el traspaso de su gestión y ha asegurado que se está trabajando en la modernización de esos servicios para lo que resulta indispensable la electrificación, además de la incorporación de nuevo material rodante.
Al tiempo, se ha pronunciado sobre la red de carreteras y la subsistencia de peajes para apuntar que "tendremos que decidir si esas infraestructuras las pagamos a través de impuestos o las pagan los usuarios, mediante el pago de peaje", ha apuntado. "En el caso concreto de Alicante, tenemos el problema de la A-7 y de la A-70, en la medida en que tenemos picos de saturación muy importantes, por eso estamos planteando la planificación de un tercer carril, lo que requiere de mucho tiempo de planificación y ejecución", ha apuntado, además de una inversión más de 300 millones.
En esta línea, ha apuntado que "necesitamos soluciones a corto plazo", entre las que ha planteado la posibilidad de que pueda liberalizarse el tramo de peaje de la AP-7 entre Monforte del Cid y El Campello, después de que, en 2018, se produjese su rescate por parte del Estado. Se trata de un trazado de 31,9 km que gestiona la empresa pública Seittsa y que genera unos beneficios anuales de unos dos millones, según han precisado fuentes del ministerio. "Estamos analizando levantar el peaje de la AP-7 a su paso por Alicante para descongestionar la A-70, que soporta 100.000 vehículos diarios, y, así, evitar colapsos y mejorar la seguridad vial. Si no encontramos obstáculos legales o presupuestarios, será una realidad", ha detallado. "Calculamos que abrir barreras captaría 25.000 vehículos, la mayoría de ellos camiones, de la circunvalación", ha añadido.
"Puede que no sea la solución definitiva, pero es una propuesta que estamos barajando en el ministerio y creo que puede ser viable", aunque ha emplazado a no plantearse esa reflexión como "un anuncio" puesto que "estamos en campaña de elecciones europeas". "Estamos planteando una solución a corto plazo", ha señalado al respecto. "Esta es una situación excepcional en Alicante, no hay ningún otra situación como esta; es un caso incluso, de seguridad, no solo de congestión", ha apuntado.
También ha garantizado el apoyo al Puerto de Alicante en la estrategia para incrementar el tráfico de mercancías de los sectores productivos de la provincia, para lo que ha considerado necesaria, precisamente, la garantía de la conexión con el Corredor Mediterráneo. Y no ha eludido tampoco la controversia suscitada respecto a la implantación de las ZBE, sin ánimo de polemizar, según ha dicho, para señalar que ya se había remitido un primer requerimiento en el caso de Murcia al sostener que su propuesta no se atenía a los objetivos de descarbonización previstos.
El ministro apunta que podría no ser útil tener una regulación sobre las ZBE que no conlleven sanciones, en alusión al planteamiento defendido por el Ayuntamiento de Alicante
"Estamos hablando de buscar el equilibrio entre crecimiento y descarbonización, no se trata de perseguir al coche", ha incidido. "La provincia de Alicante tiene una configuración particular, pero estoy seguro que muchos desplazamientos que se realizan en coche no son necesarios", ha señalado. En este sentido, sí ha recalcado también en que esa regulación puede no ser útil "si no se incorporan sanciones", ha apuntado, en alusión al planteamiento sostenido hasta ahora por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, con una regulación en la que, por el momento, no se contempla aplicar restricciones ni la imposición de multas con el argumento de que todavía no existe un horizonte temporal obligatorio para que se establezcan.
En el tramo previsto para las preguntas del público asistente al foro, Puente también ha respondido a una cuestión planteada por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para asegurar que en breve mantendrían un encuentro de trabajo para abordar soluciones respecto a las necesidades de infraestructuras en la ciudad. Y, entre otras cuestiones, ha asegurado que la propuesta para ubicar junto a Casa Mediterráneo una subsede del Museo del Ferrocarril podría no ser la opción preferida en la actualidad por los gestores de la institución diplomática, en la medida en que, como informó este diario, se estaría planteando la posibilidad de utilizar la nave anexa en la que se preveía implantar esa subsede para crear un espacio multiusos adicional. Entre otros puntos, el ministro también ha asegurado que el ministerio concluirá el proyecto para ampliar la N-332 a su paso por los municipios de la Vega Baja y que las obras se licitarán en 2025. No ha llegado a pronunciarse, sin embargo, respecto al proyecto de construcción del tren de la costa, aunque fuentes del ministerio han incidido en que la posición del departamento ya se ha dado a conocer con anterioridad: la posibilidad de que se alcance un convenio con la Generalitat para reconvertir ese proyecto en un trazado de tranvía.