ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante redobla la fiscalización sobre el desarrollo de las obras del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) en las antiguas dependencias de bomberos de la calle Italia, como proyecto asociado a la estrategia municipal de diversificación del modelo productivo local, Alicante Futura. Lo hace con el registro de una denuncia en Fiscalía en el que se solicita que se dilucide si la ejecución de esas obras puede ser constitutiva de una infracción urbanística que conlleve la comisión de un delito de prevaricación administrativa, en la medida en que dicho proyecto pretende conferir un uso de carácter administrativo al edificio, a pesar de que la parcela sobre la que se asienta tiene la calificación de dotacional educativo en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así lo ha sostenido la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, tras la presentación de la denuncia, menos de un mes después de que se elevase un escrito dirigido al alcalde, Luis Barcala, en el que se instaba a acordar la paralización de las obras para impulsar la modificación puntual del PGOU que, según defienden los socialistas, resulta preceptiva para que pueda desarrollar el uso pretendido con el CIA: un proyecto al que seguirá la creación de un hub empresarial y de un espacio de coworking en una segunda fase.
En esta línea, Barceló ha insistido en que el PP, con su alcalde al frente, "no tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana en la ciudad". "No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía ni impedir un debate necesario sobre la idoneidad de destinar esta reserva de suelo a la construcción de un centro educativo", ha insistido, al subrayar que el cambio de uso promovido con el inicio de los trabajos de remodelación del inmueble no se ha sometido a ningún tipo de acuerdo político en el que pudiesen intervenir el conjunto de representantes políticos y que tampoco ha existido participación pública al respecto.
Barceló ha explicado que el PSOE, en su labor de fiscalización, detectó que el proyecto que se está ejecutando para construir dependencias administrativas "no es compatible con el uso del suelo que determina el Plan General". Es más, como la misma Barceló ya apuntó en septiembre, así lo advirtió un informe técnico del Departamento de Obras del propio Ayuntamiento, "que alertó de que no se podía ejecutar este proyecto en dicho emplazamiento. Aún así, el equipo de gobierno del PP siguió hacia adelante".
De ahí que, tras constatar que las obras siguen en marcha, y que no se ha facilitado ninguna aclaración pública, a pesar de las explicaciones ofrecidas por la edil de Empleo y Educación, Mari Carmen de España, se ha promovido el registro de la denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron la adscripción de uso de la parcela a la Agencia de Local de Desarrollo en el pasado mandato y, asimismo, contra los actuales integrantes de este órgano, que aprobó el proyecto de obras. "Todo ello mientras existía un informe técnico en contra", según insiste el PSOE.
"Ante la gravedad de lo que está ocurriendo, pues tenemos la firme convicción de que se han saltado la legalidad, hemos denunciado los hechos en la Fiscalía Anticorrupción. Creemos que se ha cometido una infracción urbanística grave que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. Es necesario que se investigue y, si es necesario, se depuren responsabilidades", ha aseverado Barceló.
La líder del principal grupo de la oposición ha recordado que en 1987, cuando se aprobó el PGOU de Alicante, se reservó este suelo para instalaciones educativas en el centro de la ciudad. Y, a su juicio, se hizo de forma acertada, porque este área "debe disponer de servicios públicos para atender las necesidades de la población. Sobre todo, en una zona que ya está consolidada urbanísticamente y donde ya no queda reserva de suelo dotacional". "Con esta decisión que adopta el equipo de gobierno, saltándose la legalidad, se pretende evitar el debate de la ciudadanía sobre los servicios que son necesarios en el centro de Alicante. Un debate que, como mínimo, se tendría que haber producido en el Pleno, que es donde están representados los alicantinos y alicantinas. Sin embargo, de forma torticera y tratando de revestir de legalidad esta decisión, están construyendo oficinas en un suelo reservado para uso docente, en concreto para formación reglada, saltándose el Plan General", ha insistido.
El PSOE sostiene que, aunque las oficinas del Centro de Inteligencia del Agua ocupan una superficie de 431 metros cuadrados, lo cierto es que esa parcela y la colindante están destinadas a uso educativo. "En conjunto suman más de 3.000 metros cuadrados; un espacio suficiente para poder dotar, por ejemplo, de un colegio adicional en la zona centro de la ciudad, donde los recursos educativos están saturados y donde se registra un continuo desplazamiento de familias hacia otras áreas de la ciudad en busca de servicios", argumenta el grupo municipal. "De hecho, los colegios que existen en torno a este área se sitúan a partir de un kilómetro y todos tienen más demanda que plazas ofertadas. ¿Por qué el Ayuntamiento no puede ampliar la oferta educativa para que los padres puedan elegir? Hablamos de una zona consolidada donde el suelo dotacional es ya muy escaso", ha añadido Barceló.
"No podemos permitir que el Ayuntamiento, y en concreto el gobierno de Barcala, se salte la legalidad urbanística y el PGOU, que es el instrumento que tenemos todos los alicantinos y sobre el que se construye la ciudad, haciéndolo además sin ningún tipo de debate, como si Alicante fuera un cortijo. Hablamos de un alcalde que no convoca al Consejo Social de la ciudad desde hace más de dos años. Ha habido una irregularidad en el proceso a sabiendas de que no podían hacerlo", ha añadido.
La portavoz socialista ha defendido que este proyecto "nunca se podría haber llevado a cabo sin una modificación del PGOU. Por tanto, no cabe ni modificación de uso del suelo ni ampliación de uso del suelo como pretende ahora el equipo de gobierno, cuando las obras ya están en marcha". "Las explicaciones que ha ofrecido hasta ahora la edil de Empleo, que también lo es de Educación, respecto a que disponen de cuatro años para impulsar esa modificación puntual del PGOU son un insulto a la inteligencia", ha enfatizado.
Por su parte, portavoces del equipo de gobierno han declinado ofrecer valoraciones adicionales respecto al registro de la denuncia, después de que la edil de Empleo, Mari Carmen de España, ya facilitase explicaciones el mismo día en el que el PSOE solicitó públicamente la paralización de las obras. En ese momento, De España negó la existencia de las anomalías apuntadas por el PSOE para recalcar que las obras están amparadas por el PGOU como iniciativa de promoción municipal y que se dispone de un plazo de cuatro años para promover su modificación puntual que permita el cambio de calificación del suelo.