ALICANTE. No habrá comisión para fiscalizar los contratos de adquisición de mascarillas y material de protección sanitaria materializados en el Ayuntamiento de Alicante tras la irrupción de la crisis de la covid-19. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Vox han votado en contra de la moción registrada por el grupo municipal de Compromís para su debate en el pleno ordinario de marzo, este martes, tras descartar la ausencia de supuestas irregularidades al respecto. Es más, los populares han rebatido las "sospechas" o "dudas" que, a juicio de sus representantes, se estaba tratando de infundir con el registro de la iniciativa al señalar que esas adquisiciones fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas sin que se registrase ninguna anomalía.
Por partes. El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha justificado la presentación de la iniciativa con el fin de que pueda aportarse la máxima transparencia sobre la compra de ese material, en sintonía con las manifestaciones formuladas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a la revisión de los contratos promovidos por la Generalitat bajo la gestión del Botànic, al hilo del curso de las investigaciones sobre el llamado caso Koldo por la existencia de una presunta trama dedicada al cobro de comisiones irregulares en la adquisición de material sanitario, que contó con la supuesta intervención de Koldo García, un exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su respaldo a la iniciativa al considerar que "nadie debería oponerse a la creación de esta comisión para aportar la máxima transparencia, si no hay nada que esconder".
Distinta ha sido la posición del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, quien ha considerado que la propuesta de Compromís era "una iniciativa ventilador" que trataba de extraer rédito respecto "al caso Koldo, que en realidad es el caso PSOE, uno más de presunta corrupción", ha incidido. Además, ha señalado que la iniciativa carece de encaje en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) en la medida en que "no es viable la constitución de comisiones de investigación en el Ayuntamiento".
Además, ha señalado que "no se tiene constancia de ningún indicio de la existencia de irregularidades y, en el caso de que se disponga de algún indicio, lo que procede es presentar una denuncia en Fiscalía", ha explicado. Y, de igual modo, se ha referido al rechazo de las tres formaciones del eje progresista que constituían el Consell del Botànic a las propuestas debatidas en las Cortes para investigar el caso de la menor tutelada abusada por la expareja de la expresidente del Consell, Mónica Oltra. "Nos hubiera gustado que se hubiese votado a favor entonces", ha añadido. Así, ha anticipado su rechazo a la propuesta formulada por Compromís.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha iniciado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la pandemia cuando se cumplen cuatro años del estallido de la crisis sanitaria, en un momento en el que ella ejercía como consellera de Sanidad. Y respecto a la iniciativa, ha anunciado su voto favorable a pesar de haber expresado su convencimiento de que no existía ninguna irregularidad. "Lamento que alguien pueda haberse aprovechado esa crisis para hacer negocio y enriquecerse", ha apuntado en alusión al caso Koldo. "Y me da igual de quién se trate o a qué partido pertenezca", ha señalado. En todo caso, ha apuntado que el PSOE ejercería su obligación de fiscalización y ha asegurado que, prosperase o no la iniciativa para crear la comisión, su partido revisaría los contratos municipales que se formalizaron durante la pandemia para descartar toda posibilidad de fraude.
Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha recriminado a Mas el registro de la propuesta tras insistir en que los contratos que se formalizaron para la adquisición de material sanitario durante la pandemia cuentan con el aval del Tribunal de Cuentas hasta el punto de destacar que, a pesar de que se trataba de contratos de urgencia, el Ayuntamiento de Alicante cumplimentó trámites no requeridos, como la confirmación sobre la capacidad de las empresas a las que se adquirió ese material. Al tiempo, ha aprovechado el debate para recordar a Barceló las condenas que se dictaron contra la Conselleria de Sanidad bajo su etapa como consellera del área por la falta de medidas de protección para los profesionales sanitarios.
En la réplica, Mas ha incidido en que el equipo de gobierno deberá justificar por qué vota en Alicante en contra de la propuesta "que Mazón ha planteado en les Corts". Y De España ha insistido en que la diferencia entre los contratos de Alicante y los de la Generalitat sería que el Tribunal de Cuentas sí estaría revisando ahora las adquisiciones promovidas por la administración autonómica, según ha apuntado.
En esa posición ha insistido, después, el alcalde, Luis Barcala, quien ha tomado la palabra para recalcar que la propuesta de constitución de una comisión de fiscalización debería sustentarse en la existencia de supuestos indicios de irregularidades que no se dan en este caso, según ha argumentado. Es más, ha recalcado que "el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas pone los contratos de Alicante como ejemplo". De igual modo, ha señalado que la información sobre los contratos de adquisición del material de prevención sanitaria están publicados en el portal de transparencia "y solo bastaba que los hubieran revisado, pero eso significaría que trabajasen".
En todo caso, ha señalado que "de las 23 empresas que están siendo objeto de investigación de la trama" en torno al caso Koldo, ninguna nunca ha contratado con el Ayuntamiento de Alicante; lo hemos comprobado", ha recalcado. "Me parece vergonzoso que se intente sembrar dudas con este tema", ha concluido. Así, a la postre, en el turno de votación, la iniciativa ha quedado rechazada por 17 votos: los emitidos por los 14 representantes del equipo de gobierno y los tres de los ediles de Vox presentes en la sesión. Los tres grupos que conforman el eje progresista han votado a favor: ocho ediles del PSOE, dos de Compromís y uno de Esquerra Unida Podem.
En el turno de ruegos y preguntas, la edil de Participación, Lidia López, se ha comprometido a tener en consideración la petición formulada por Vox para que se organice un acto oficial de inauguración de la rotulación de la glorieta dedicada al exobispo Rafael Palmero. Además, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido, en alusión a una pregunta registrada por Vox, que el equipo de gobierno está trabajando para adecuar todas las instalaciones vinculadas a los paseos turísticos y las playas en las condiciones requeridas para el próximo verano, incluida la barandilla situada en la Playa del Cocó, en deficiente estado de conservación, según ha señalado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo.
El edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha respondido al edil de Vox, Juan Utrera, que su departamento está ultimando un plan de reorganización de las zonas de carga y descarga en el entorno del Mercado Central, a pesar de manifestar que, en estos momentos, ya están señalizadas. De igual modo, De Juan también ha anticipado, en respuesta a una pregunta planteada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, que se estudiaría la posibilidad de incluir alguna modificación en el recorrido de las líneas de transporte público en autobús con el fin de incorporar alguna parada en el barrio de Divina Pastora que facilite el desplazamiento de los vecinos al centro de salud de Ciudad Jardín. Con todo, ha señalado que "debemos ser conscientes de que el servicio no puede discurrir por todas las calles de Alicante".
La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil socialista Emilio Ruiz que el Ayuntamiento ofertará 115 y 100 plazas el próximo curso 2024-2025 en las escuelas infantiles municipales Els Xiquets y Siete Enanitos y ha asegurado que el proyecto para acondicionar las instalaciones provisionales de Siete Enanitos ya está concluido.
De Juan también ha contestado a otra pregunta formulada por el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, que sí se están llevando a cabo controles sobre los vehículos con autorización de acceso al Casco Antiguo con actualizaciones periódicas, a pesar del "descontrol" que, según Mas, se estaría registrando como consecuencia de la proliferación de apartamentos turísticos en el barrio. Y el edil de Seguridad, Julio Calero, ha descartado que vaya a producirse una merma en los efectivos destinados al Gabinete de Atención a las Víctimas de la Violencia Machista, en respuesta a otra cuestión planteada por la edil de la coalición valencianista, Sara Llobell.
Además, la edil de Infraestructura, Cristina García, ha respondido a otra pregunta formulada por Copé respecto a los problemas de accesibilidad que sufren los vecinos y vecinas de la calle Músico Moisés Davia para señalar que se trata de una cuestión que afecta a la propiedad privada y que se estaba manteniendo conversaciones al respecto con los vecinos.
Entre las preguntas 'in voce' (no registradas con anterioridad), el edil del PSOE Raúl Ruiz ha tratado de cuestionar sobre las soluciones arbitradas por el equipo de gobierno respecto al problema del ruido en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, aunque su pregunta no se ha tenido en consideración al no haberse formulado en tiempo. Y la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha cuestionado sobre cuántas licencias urbanísticas permanecen pendientes de concesión desde mediados de 2017. Al respecto, el alcalde, Luis Barcala, ha señalado que, dada la precisión del dato solicitado, se respondería a la pregunta en la próxima sesión plenaria.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha cuestionado sobre cuántas visitas se habían producido al museo taurino desde 2019 hasta la actualidad, tras incidir en su rechazo al uso de recursos públicos en el fomento de la tauromaquia. De igual modo, el primer edil ha manifestado que se facilitaría respuesta en el pleno de abril.
Ya en el debate sobre las declaraciones institucionales, se ha rechazado la iniciativa registrada por el PSOE en la que se emplazaba al Ayuntamiento a arbitrar soluciones para facilitar agua potable a los vecinos de la partida rural de El Moralet. La propuesta ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox, a pesar del voto favorable de los once concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Tras el debate, el edil de Partidas Rurales, Carlos de Juan, ha señalado que se mantendrán nuevas conservaciones con los residentes de El Moralet, aunque ha incidido en que no existe obligación de la administración local de proporcionar servicio de abastecimiento en las construcciones asentadas en suelo no urbanizable. Aun así, ha señalado que se arbitran determinadas medidas para atender las demandas que se plantean en los casos en los que los propietarios de esas construcciones cumplen los requisitos formulados por los técnicos municipales, como la obligación de disponer de una fosa séptica.
Al margen de otras iniciativas relacionadas con la actividad turística, también se ha debatido y rechazado una declaración institucional promovida por el PSOE en la que se planteaba expresar el apoyo del Ayuntamiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas acordados por el Gobierno de España, en sintonía con las decisiones adoptadas en la Unión Europea, según ha señalado la edil socialista Silvia Castell, durante la defensa de la iniciativa. La propuesta ha quedado rechazada por PP y Vox, a pesar del respaldo manifestado por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, después de que el edil de Hacienda, Toni Gallego, haya señalado que esos objetivos limitan la disponibilidad de uso de los recursos municipales en contra del principio de la autonomía municipal.
Sí ha prosperado la primera de las declaraciones institucionales promovida por Vox en la que se conminaba al Ayuntamiento a realizar "las actuaciones necesarias para la mejora de infraestructuras y servicios en el barrio de Vistahermosa" a la vista de las deficiencias que, según la portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, Carmen Robledillo, habrían puesto de manifiesto sus residentes. Los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han coincidido en el fondo de la propuesta hasta el punto de exigir al equipo de gobierno que adopte las medidas necesarias para mejorar las infraestructuras del barrio. Es más, han extendido esa petición al conjunto de los barrios de la ciudad. No obstante, se han apartado de la propuesta de Vox al considerar que su redacción introducía posiciones ideológicas con las que se pretendía "blanquear el ejercicio de la prostitución".
Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha sostenido que ya se está trabajando en mejorar las condiciones urbanísticas del barrio tras mantener distintas reuniones con los residentes.
No ha prosperado la propuesta promovida por Compromís por la que se instaba al Ayuntamiento a garantizar el respeto al Plan de Usos sociocultural, tecnológico y educativo del Centro Cultural Las Cigarreras, y elaborar un Plan de Eficiencia que permita recuperar el uso público de infraestructuras municipales para que pueda generar la revitalización pretendida en su entorno, en lugar de acabar convirtiéndose en un edificio destinado a usos administrativos para acoger dependencias municipales, según ha expuesto la edil Sara Llobell.
La iniciativa ha contado con el respaldo de los representantes de Esquerra Unida Podem y de PSOE, al coincidir en la oportunidad de que el complejo de la antigua fábrica de Tabacos pueda convertirse en el gran contenedor cultural que se había previsto. Al término de las intervenciones, el edil de Presidencia, Toño Peral, ha considerado que la iniciativa no resultaba necesaria puesto que el plan de usos es el ya conocido y es el que se va a desarrollar, según ha argumentado, después de exhibir el porcentaje de cumplimiento del programa Edusi "que va a situar a Alicante entre las diez primeras ciudades Edusi de España" en el momento en el que se cierre el balance definitivo, en diciembre de este año, según ha recalcado. De ahí que el PP haya justificado su voto en contra.
Sí se ha aprobado, no obstante, la declaración promovida por la coalición valencianista en la que se insta al Gobierno Central a liberar de peaje la AP7 en su tramo entre El Campello y Monforte del Cid. De hecho, la propuesta ha prosperado por unanimidad. El edil de Vox, Juan Utrera, ha confirmado su respaldo a toda propuesta que conlleve la rebaja de impuestos. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, también ha ratificado su apoyo, como ya hizo el PSOE con la liberalización de la AP7. Y el edil de Movilidad, Carlos de Juan, también ha manifestado su respaldo, a pesar de advertir sobre el incremento del tráfico de vehículo particulares que podría conllevar en lugar de otros medios de transporte menos contaminantes.
Además, ha aprovechado la intervención para sugerir a Compromís que hubiese apostado por otra iniciativa por la que se volviese a apremiar al Gobierno a rechazar la electrificación provisional de las vías del ferrocarril en la línea de costa mientras se ejecuta la variante de Torrellano, en contra de la opinión formulada recientemente, en manifestaciones a À Punt, por el comisionado por el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, a favor de esa medida que se ha planteado como temporal.
No ha salido adelante la primera de las iniciativas promovidas por Esquerra Unida Podem por la que se proponía "mostrar la solidaridad y el apoyo a los palestinos que resisten la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el Estado de Israel desde hace 75 años, tramitar la revocación del Hermanamiento con la ciudad israelí de Herzliya, e instar al Gobierno de España a exigir el fin del bloqueo de la Franja de Gaza y a enviar ayuda humanitaria a este territorio sometido al bloqueo israelí".
El portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha señalado que la suspensión temporal de ese hermanamiento trataba de "no ser cómplice" de "los crímenes de guerra" que se están cometiendo en la franja de Gaza. "Condenamos todas las violencias, también las de Hamas", ha manifestado. La iniciativa solo ha sumado el apoyo de Compromís. El PSOE ha registrado una propuesta de enmienda que no ha sido admitida por Copé. Vox ha optado por votar en contra al incidir en la actividad terrorista de Hamas, según ha expuesto su portavoz adjunto, Mario Ortolá. Y el edil de Presidencia, Toño Peral, ha señalado que la posición del PP "es la de la paz", para añadir que existen otras administraciones "en las que se están planteando medidas respecto a esta cuestión". En último término, la iniciativa ha quedado rechazada por PP, PSOE y Vox: 24 votos en contra frente a 3 a favor.
Distinto resultado ha tenido la iniciativa promovida también por Esquerra Unida Podem por la que se planteaba instar al equipo de gobierno a intervenir de manera urgente en cuatro viviendas de titularidad municipal situadas en el Vial de los Cipreses y a que opte a "las líneas de financiación estatales del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana". El portavoz municipal de la confluencia, Copé, ha incidido en la necesidad de actuar en esos inmuebles públicos ante el riesgo real de que puedan generarse daños irreparables. En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de Compromís, Rafa Mas, tras lamentar el "olvido" en el que, a su juicio, se encuentra sometido el barrio del Cementerio.
El edil de Vox, Juan Utrera, también ha abundado en la necesidad de reparar esos inmuebles y ha subrayado que debería evaluarse el estado de todas las viviendas municipales. El concejal del PSOE, Eduardo Rodríguez, ha considerado que el estado de esos inmuebles refleja "el desprecio del PP a las políticas de vivienda". En esta línea, se ha referido a la ausencia de partidas para rehabilitación en los presupuestos de 2024. Además, ha lamentado que el acuerdo aprobado el pasado noviembre a iniciativa de Vox para que se elabore un plan integral de recuperación del barrio del Cementerio haya quedado "en papel mojado". Por último, la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha anticipado su voto a favor después de señalar que se está valorando qué resulta más adecuado respecto a esas viviendas, entre la opción de una reparación o su posible demolición para proporcionar otra solución a las familias ocupantes. La iniciativa ha quedado aprobada por unanimidad.
A lo largo de la sesión, también se ha aprobado elevar a la Generalitat una solicitud para que se acuerde la suspensión de licencias para edificios protegibles en trámite de catalogación hasta que se complete la confección de ese documento urbanístico con la incorporación de nuevos informes adicionales. Y, entre otras decisiones, se ha aprobado una declaración institucional promovida por el PP por la que se expresa el rechazo a la "discriminación" en inversiones por parte del Gobierno Central por lo que respecta la provincia de Alicante y se emplaza a ejecutar la ampliación del aeropuerto de El Altet con el fin de que se inicie la construcción de su segunda pista en un plazo máximo de dos años.