ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), da un triple mortal y se la juega con su propuesta sobre el incremento de los recibos de la basura sin contar con el apoyo político confirmado por parte de ninguno de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Lo hace, además, sin introducir ningún tipo de modificación en su planteamiento original, a pesar de las conversaciones que se han venido manteniendo al menos con dos de esos grupos: Compromís, primero, y Esquerra Unida Podem, después.
Lo cierto que Compromís acabó descartando todo posible pacto sobre la tasa con el argumento de que no podía mantenerse una propuesta de incremento que se basaba en un reparto en cuanto a la generación de residuos que considera equivocado, en la medida en que atribuye a los domicilios el 80% de la producción de residuos, frente a solo un 20% a las actividades económicas. Y tampoco parece haber fructificado la negociación mantenida con Esquerra Unida Podem, después de que la confluencia trasladase al PP un documento con sus condiciones para llegar a abstenerse en la votación sobre la subida de los recibos.
Fuentes consultadas han precisado este viernes que el equipo de gobierno no habría ofrecido una respuesta definitiva respecto a ese documento, en el que Esquerra Unida Podem exigía tanto la introducción de criterios en favor de una mayor progresividad ajustada al nivel de renta de la ciudadanía, además de la incorporación de propuestas de inversión en los presupuestos de 2025, así como otras medidas de contenido político, como la retirada de los artículos de la ordenanza de convivencia cívica que consideran más lesivos.
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El equipo de gobierno sí habría manifestado que no podría aceptar la totalidad de esos planteamientos, aunque tampoco habría comunicado su rechazo de forma oficial. Sea como fuere, los populares han convocado este viernes la reunión de la comisión informativa de Hacienda, prevista para el próximo miércoles, con la intención de someter a votación el acuerdo de revisión de la ordenanza fiscal reguladora del importe de los recibos.
En principio, se trataría de una posición con la que se trataría de instar al conjunto de formaciones políticas a posicionarse sobre una actualización requerida por la normativa comunitaria -traspuesta al ordenamiento estatal- para equiparar la recaudación a los costes reales del servicio a partir de la propuesta de partida, que generó el rechazo inicial de los cuatro grupos opositores. Los tres partidos del eje progresista recriminaron al PP que la revisión propuesta perjudicaba a las rentas bajas, por lo que reclamaron su revisión mediante la presentación de enmiendas. Vox, por su parte, anticipó su voto en contra al considerar que la propuesta encajaba en el "fundamentalismo climático" que predomina en el conjunto de la Unión Europea, así que no llegó ni a presentar enmiendas.
En todo caso, el informe técnico de resolución de las enmiendas -que se votará en esa próxima comisión- planteaba el descarte de todas las propuestas formuladas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y aunque el PP se abrió a obviar esas recomendaciones técnicas para pactar cambios en la tasa, el proceso se habría acabado cerrando en falso cerca de dos semanas después sin que nadie haya variado su posición, lo que implicaría que el incremento del recibo quedaría rechazado, toda vez que el PP gobierna en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación de 29 ediles, por lo que requiere del respaldo de al menos un concejal de otro partido.
Así, el movimiento registrado ahora por el PP obedecería a una doble intención. Primero, cumplir con la obligación legal de tratar de actualizar la tasa para no incurrir en posibles penalizaciones. Ni el Gobierno ni la UE podrían promover sanciones contra el ayuntamiento, toda vez que se habría intentado ejecutar la actualización de la tasa, aunque no llegue a prosperar. Y segundo, forzar a los 15 concejales de la oposición a votar y, en su caso, a exponerse a posibles responsabilidades personales, como ya se ha comenzado a apuntar en algunos informes jurídicos evacuados por técnicos de otros ayuntamientos respecto a los concejales que se opongan a la incorporación de una obligación legal. Entre ellos, en el emitido por el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Vitoria. Todo, además, en un contexto en el que el PP prevé solicitar que se derogue la obligatoriedad de actualizar esa tasa.