Los nuevos contenedores implantados en la ciudad de Alicante, almacenados antes de su distribución en la vía pública. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), asume las consecuencias que conlleva la realidad de la aritmética política y se abre a negociar con los grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) posibles modificaciones en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos. "La realidad es la que es y necesitamos votos", ha asegurado el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local.
En esta línea, ha sostenido que los populares estudiarían las propuestas que pudiesen plantear el resto de fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento con la intención de incorporar las enmiendas que resultasen oportunas para mejorar el planteamiento actual. Eso sí, Villar ha descartado la posibilidad de que el texto actual se retire para su mejor estudio, como ha llegado a solicitar el grupo municipal de Compromís, al apuntar posibles errores de cálculo en los porcentajes de generación de residuos entre los hogares y las actividades económicas, en perjuicio de la ciudadanía.
Al respecto, Villar ha defendido que "la ordenanza es un texto en el que los técnicos municipales llevan trabajando meses" y ha incidido en que la producción de residuos contemplada para repercutir los costes se basa en los datos de los que se dispone por la prestación del servicio en la actualidad. Así, ha recalcado que debe considerarse que existe un mayor número de viviendas que de locales hosteleros o que actividades económicas sujetas al pago de la tasa, por lo que ha justificado la distribución de cargas planteada en la ordenanza a partir de los informes elaborados por los técnicos. Y, además, ha recalcado que la ordenanza ya prevé que, proporcionalmente, las actividades económicas paguen una tasa superior a la que puede pagar una vivienda.
"Creemos que esta es la mejor ordenanza fiscal posible y la que se ajusta a la ley; si hay enmiendas que la mejoren, la negociaremos", ha asegurado. En esta línea, al ser cuestionado sobre otra de las demandas planteadas por Compromís -la posibilidad de gravar más a los pisos turísticos- Villar ha sostenido que "de momento, no está planteado; si se presenta una enmienda que puede ser razonable, lo valoraremos, no estamos cerrados a nada". No obstante, al ser cuestionado sobre las críticas manifestadas por el conjunto de la oposición respecto a una supuesta penalización mayor a los hogares con las rentas más bajas, o sobre la posibilidad de que se tuviese en cuenta el número de personas residentes por hogar como criterio esencial, Villar ha insistido en que "se ha aplicado criterios objetivos como el tamaño de la vivienda y el valor catastral como factores para modularla". "Si hay alguna propuesta que resulte positiva, lo veremos", ha incidido.
Por lo pronto, el grupo municipal de Vox ya ha despejado toda duda sobre cuál podría ser su posición de voto en el momento en el que la propuesta se eleve a la consideración del resto de formaciones políticas. Su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha anticipado también este martes que Vox votará en contra del texto propuesto y no llegará a presentar propuestas de modificación en el trámite de enmiendas frente a lo que ha vuelto a calificar de "tasazo". "No vamos a presentar enmiendas porque sería legitimar de alguna manera esa subida salvaje que pretenden imponer a los alicantinos; no hay enmienda posible que mejore una ordenanza fruto de las decisiones que se toman en Bruselas que atentan contra los bolsillos de los vecinos y que vuelve a suponer otra subida fiscal", ha considerado.
Villar justifica el reparto de costes del servicio al señalar que existe una mayor número de viviendas que de actividades económicas sujetas al pago de la tasa
En este sentido, respecto a la posibilidad de buscar alternativas para cumplir con la obligación legal de incorporar el equilibrio entre recaudación y el coste del servicio, Ortolá ha señalado que "no es nuestro problema; nuestro compromiso es trabajar por los alicantinos con decisiones que les sean beneficiosas; el problema lo han creado el PP y el PSOE que respaldaron esa Ley en el Congreso de los Diputados, con apoyo de Compromís y Podemos", ha argumentado. "Que se pongan de acuerdo ahora en aprobar ese tasazo; ellos son los culpables porque Vox votó en contra en el Congreso", ha insistido.
Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, sí ha anticipado que la confluencia registraría una primera enmienda a la totalidad al sostener que no resultaba asumible que se pretendiese aplicar ahora un incremento para que Alicante se adapte a una obligación legal cuando, a su juicio, debía haberse promovido una adaptación gradual, en la que se tuviese en cuenta el principio de "que pague más quien más residuos genera", ha insistido. Además, también ha anticipado que se plantearían enmiendas parciales para tratar de introducir correcciones en el texto planteado por el PP. El plazo para la presentación de esas mejoras concluye este miércoles.
