ALICANTE. La propuesta pergeñada por el equipo de gobierno de Alicante, el bipartito que integran Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), para transferir a Suma la recaudación de los impuestos municipales seguirá en barbecho a la espera de que se someta a una revisión desde el punto de vista técnico y de que se alcance el consenso político necesario para su aprobación en pleno, según se avanzó este martes. En ese momento, los portavoces del bipartito, Antonio Manresa y Manuel Villar, apuntaron que el planteamiento seguía vivo, por lo que no se habría renunciado a él, aunque, según concretaron fuentes consultadas este miércoles, todavía debía madurarse para que pudiese contar con el beneplácito de la mayoría de la corporación.
En principio, la pretensión del bipartito es completar los informes técnicos que deben acompañar la propuesta y tratar de hacer pedagogía para que las formaciones que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento -y también el ámbito social, en el que ya han surgido voces contrarias- valoren las ventajas que, a juicio de PP y Cs, puede suponer la encomienda de gestión que se pretende. Para ello, se contaría con un margen de varios meses por delante para que el acuerdo llegue a aprobarse, ya que el calendario de pago de los tributos locales arranca en el mes de marzo y sería Suma la que se adaptaría a ese calendario, y no a la inversa, según recalcaron fuentes del bipartito consultadas.
Entre tanto, las mismas fuentes precisaron algunas de las otras posibles claves que conllevaría ese traspaso de competencias, al margen de las ya detalladas por el alcalde, Luis Barcala, durante la primera semana de septiembre. Entre ellas, el primer edil señaló que se pretendía ampliar el servicio de información y atención presencial a los ciudadanos aprovechando la red de oficinas de Suma; la posibilidad de que esa atención se ofreciese en varios idiomas; la oportunidad de liberar a parte de los funcionarios de la Concejalía de Hacienda que ahora se ocupan de la recaudación para que desempeñasen otras labores de apoyo al área económica y a la Intervención municipal; o la posibilidad de que los contribuyentes pudiesen acogerse a un sistema de pago flexible, con posibilidad de fraccionar los impuestos en varios plazos.
Este último ha sido, junto al coste estimado de un millón de euros anuales con cargo a las arcas municipales, el aspecto más criticado por el conjunto de los grupos de la oposición, hasta el punto de que sus representantes hayan señalado que, en realidad, no existía ningún impedimento de tipo legal para que el Ayuntamiento aplique esa misma fórmula de pago fraccionado sin necesidad de recurrir a Suma. Así, con mayor o menor intensidad, PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox han considerado que la cesión de la recaudación al organismo tributario de la Diputación no estaba justificado más allá de calificarlo como un "regalo político" al titular de la institución provincial y presidente del PPCV, Carlos Mazón.
No obstante, fuentes consultadas precisaron que, entre las claves de la propuesta, figuraría precisamente la necesidad de agilizar la implantación de la fórmula del fraccionamiento para que pudiese ser útil en un contexto como el actual, marcado por la inflación y por la subida de los costes energéticos. Así, las mismas fuentes apuntaron que, en efecto, el Ayuntamiento tendría la capacidad de introducir ese sistema de pagos flexibles, pero añadieron que, para ello, sería necesario tramitar la modificación de todas y cada una de las ordenanzas municipales que regulan el cobro de esos impuestos que afectan a la mayoría del censo, como el IBI o el IVTM, por ejemplo. Se trataría de un proceso que podría prolongarse durante varios meses, al requerir de la tramitación de un expediente con la recopilación de informes técnicos y la apertura de los respectivos periodos de información pública para la presentación de alegaciones. De ahí, en parte, que se haya apostado por la opción más inmediata del traspaso a Suma.
Además, las mismas fuentes recalcaron que la propuesta supondría que el organismo tributario de la Diputación asumiese las competencias sobre la recaudación únicamente por un periodo de cuatro años. A partir de entonces, podría renovarse la vigencia del acuerdo o volver a quedar en manos del Ayuntamiento, en el caso de que se considerase que el acuerdo no hubiese sido cumplido las expectativas o no hubiese sido satisfactorio para los intereses municipales.
Y, al margen de ello, las mismas fuentes subrayaron que ya se habría conseguido ajustar las condiciones económicas de la cesión de competencias hasta el punto de que Suma no cargaría al Ayuntamiento ningún bonus adicional por incremento en los porcentajes de recaudación que puedan obtenerse más allá del 90% del censo fiscal como el que sí se aplica en otros ayuntamientos en la actualidad. Es decir, que el compromiso de mejora en el cobro de impuestos adquirido por Suma no generaría ningún coste adicional para el Ayuntamiento.
Ese es otro de los aspectos que se pretende trasladar al conjunto de la oposición con el fin de recabar el respaldo necesario que permita llevar a cabo el traspaso de la recaudación. Por el momento, según fuentes consultadas, no se ha producido ningún nuevo contacto, al margen de la reunión informativa celebrada a mediados de septiembre con los representantes de las cuatro fuerzas opositores. Y, en concreto, tampoco se ha facilitado copia de los informes solicitados por el grupo municipal de Vox. Así, está por ver si esa relación de aspectos técnicos hasta ahora no compartidos con el resto de formaciones, y la confección de los últimos informes que resultan preceptivos para armar el expediente, resultan suficientes para que la propuesta prospere en pleno.