ALICANTE. El promotor Enrique Ortiz selló este miércoles en la Audiencia Provincial el acuerdo de conformidad por el que reconoce su culpabilidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU): una de las veinte piezas en las que se separó el llamado 'caso Brugal', en una investigación abierta inicialmente por las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos del municipio de Orihuela.
En realidad, ese acuerdo cerrado con la Fiscalía Anticorrupción y con las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU), ya quedó firmado y registrado el 9 de abril, de modo que su reiteración ante la Sección Tercera de la Audiencia -que asume la celebración del juicio- consistió en un trámite formal más.
Eso sí, sus implicaciones sí tienen mayor alcance: con esa rúbrica, el empresario certifica su confesión sin dar un paso atrás, lo que traslada toda la presión sobre el resto de los procesados. Entre ellos, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Por lo pronto, los dos mantienen su inocencia como línea de defensa. Según las fuentes consultadas, hasta el momento ninguno de ellos ha abierto formalmente negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción que pudiesen derivar en un pacto similar al suscrito por Ortiz (y también por el constructor ilicitano Ramón Salvador). Es más, se antoja más que complicado que ese acuerdo pueda llegar a producirse si el planteamiento que pueda formularse es el de asumir íntegramente el relato recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía.
En todo caso, fuentes consultadas indicaron que no se descarta la posibilidad de escuchar propuestas, en el caso de que la Fiscalía esté interesada en alcanzar una conformidad, pero insistieron en que no podría admitirse hechos que defienden que no se produjeron y que no podría asumirse en ningún caso penas que conllevasen privación de libertad ni el pago de las responsabilidades civiles que se les exige.
Lo cierto es que la confesión de Ortiz coloca a las defensas de los dos exalcaldes en una posición delicada a la hora de sostener su inocencia: la versión admitida por el empresario les señala de manera directa. Como informó Alicante Plaza, en virtud de ese acuerdo, el empresario asume la integridad del escrito de la acusación pública. Es decir, que negoció cambios en el Plan General en fase de redacción entre los años 2007 y 2010 a cambio de la entrega de diversas dádivas a los dos exdirigentes del PP. Según el escrito de acusación, entre esas entregas se incluía dinero en metálico, viajes a Creta, Ibiza y Andorra y un vehículo modelo Mini Cooper.
Así, Ortiz se declara autor de un delito continuado de tráfico de influencias (para el que se fija una pena de un año y 6 meses de prisión) y otro de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad (6 meses más), al tiempo que admite responder como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación (otros dos años y un día de inhabilitación). O lo que es lo mismo, se garantiza una pena de dos años de privación de libertad, con la que evita quedar expuesto a un posible ingreso en prisión. Es decir, justo lo que hubiese podido suceder de tener que enfrentarse al juicio sin acuerdo previo. De hecho, la Fiscalía solicitaba inicialmente para él una condena de 8 años de cárcel, frente a los 13 que solicitaba EU y los cinco que reclamaba la representación legal del Ayuntamiento.
El acuerdo conlleva el pago de una suma global de casi 1,6 millones: 800.000 euros de multa y otros 713.057 euros de indemnización a favor del Ayuntamiento de Alicante por los costes derivados de la tramitación del Plan General de la ciudad: un documento que, no obstante, no llegó a entrar en vigor, ya que el consistorio acabó desistiendo de su aprobación definitiva y acordó su retirada, a principios de 2015.
Junto a Ortiz, también suscribieron el acuerdo dos de los trabajadores de sus empresas: su hermano Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez. Ambos también asumieron la autoría de un delito continuado de corrupción de autoridades, como intermediarios de la entrega de algunas de esas dádivas, con penas de tres meses de prisión para cada uno y el pago de una multa individual de 81.000 euros.
El juicio ante la sección tercera de la Audiencia de Alicante está señalado inicialmente para mediados de septiembre, tras dos primeras sesiones previstas para el 30 de junio y el 7 de julio.