La estrategia de Castedo: defensa de su inocencia aunque abierta a negociar

ALICANTE. El pacto de conformidad alcanzado por el empresario Enrique Ortiz en la causa sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante no ha alterado, por el momento, la estrategia de defensa de la exalcaldesa, Sonia Castedo. Fuentes consultadas por este diario precisaron que la intención de la exdirigente política -ahora separada de la vida pública- es seguir defendiendo su inocencia, como hasta ahora, al permanecer en el convencimiento de que "no se pueden admitir unos hechos delictivos que no existieron". "Sencillamente, no se puede asumir algo que no se ha producido", recalcaron, en alusión al supuesto trato de favor que, según la Fiscalía Anticorrupción, la exalcaldesa habría concedido al promotor en el diseño urbanístico de la ciudad, a cambio de diversas dádivas. Entre ellas, viajes a Ibiza y Andorra o la entrega de un vehículo modelo Mini Cooper.

Las mismas fuentes expresaron su sorpresa por el hecho que el empresario sí hubiese firmado un pacto por el que confesase la comisión de los delitos que se le atribuían. En concreto, un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad, además de otro delito continuado de cooperación en grado de cooperador necesario.

En todo caso, las mismas fuentes apuntaron que la defensa de Castedo sí estaría dispuesta a escuchar propuestas en un proceso de negociación con la Fiscalía con el propósito de poder valorar todas las opciones. En ese supuesto, se podría considerar la ventaja que conlleva contar con una posible pena de contenido cierto frente a la incertidumbre a la que quedaría expuesta al someterse a un juicio con un resultado desconocido.

Eso sí, según las mismas fuentes, todo posible pacto debería quedar condicionado a una rebaja sustancial de la pena que se solicita para ella, de modo que se garantice que no ingresará en prisión, en la misma línea de los acuerdos alcanzados hasta ahora tanto con Ortiz como con el constructor ilicitano Ramón Salvador. Hasta el momento, Anticorrupción pide para Castedo diez años de prisión, la misma pena que para su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.