ELCHE. Aleia iacta est; la suerte está echada, que se dice. El equipo de gobierno iniciará este viernes el expediente para la rescisión del contrato del Mercado Central de Elche. Tras no lograr incluirlo en el orden del día de la pasada Junta de Gobierno, este viernes irá como punto el acuerdo de inicio de resolución del contrato. Una decisión de la que ya no hay vuelta atrás y que supondrá todo un paseo por la administración, con su previsible respuesta de Aparcisa, mercantil adjudicataria del proyecto, que tiene asumido que acabará en los juzgados con el Ayuntamiento por esta cuestión.
Como dio cuenta este medio el jueves, el próximo paso es notificar a la empresa adjudicataria del proyecto, la gallega Aparcisa, de la decisión tomada por el equipo de gobierno, y que ahora mismo está literalmente a la espera de acontecimientos. Eso sí, tendrá que pasar por el Consell Jurídic Consultiu, que tendrá que dictaminar si procede que la Junta rescinda el contrato. Obviamente, y como su propio nombre indica, es un órgano consultivo y no vinculante, por lo que aunque dé una respuesta negativa, la idea del bipartito no tiene marcha atrás con este expediente elaborado por Urbanismo y Contratación, con el visto bueno del Secretario, que también ha hecho su informe.
Mientras que el bipartito se adentra en un terreno relativamente 'desconocido', aunque tiene claro que quiere rescindir y que no habrá indemnizaciones millonarias —o muy 'caras'— después del informe de Cuatrecasas, desde Aparcisa, su gerente Álvaro Gordillo rehúsa valorar la decisión, salvo volver a decir que "es una decisión política" y que ellos son simplemente "una empresa privada que ganó un concurso, hemos cumplido con la responsabilidad que teníamos en el contrato".
Eso sí, desde la compañía gallega no se cierran a intentar un acuerdo, aunque por los acontecimientos que ya están encima, se antoja poco probable —si bien aún queda recorrido y posibles acuerdos de última hora antes de un hipotético juicio—. Sobre esa posibilidad de consensuar una salida, Gordillo apunta que "si se habla se puede entender la gente, si no se habla es imposible; alguna forma habrá de llegar a un entendimiento", relata el gerente, que asevera estar cansado de la situación, y que la última vez que tuvo contacto con el Ayuntamiento fue el 13 de diciembre de 2019, "en el que se nos dijo que la solución del mercado era la rescisión o la rescisión". Y añade que no se les ha llamado para negociar, "hemos hecho algunas preguntas y no se nos han contestado, estamos a la espera". Versión que contrasta con la del bipartito, desde el que esgrimen que es la empresa la que se niega a negociar.
De todas formas, la ecuación de un hipotético acuerdo es muy difícil porque la empresa depende de los placeros, con quienes firmó un contrato para sus nuevos puestos, y ya en su momento estos señalaron que tendrían que denunciar a Aparcisa para recuperar su dinero en el caso de que hubiera acuerdo entre empresa y Ayuntamiento. Aparte de que quieren el proyecto por el que han abonado sus cuotas. Sea como fuere, desde la empresa de A Coruña lamentan que se acabe en la vía judicial, de la que Gordillo señala que acabarán allí, "eso es evidente, cada uno se tiene que defender", aunque añade que siendo la peor situación, "la posibilidad judicial quizá es para nosotros la mejor". Pero arguye que "nosotros estamos para hacer proyectos, aparcamientos y mercados, no para envolvernos en un litigio con la administración". De llegar a ese caso, será previsiblemente un proceso farragoso que se sumaría a los ya seis largos años que lleva de historia el Mercado Central.
Sobre las famosas cifras y las "indemnizaciones millonarias" —también hay casos de pequeñas indemnizaciones en casos similares de proyectos con afección Unesco— con las que ha venido advirtiendo la oposición en esta y la pasada legislatura, así como la empresa, que tan solo señaló que sería "bastante" añadiendo el lucro cesante, Gordillo no da cifras . “Tenemos nuestros números, hemos hecho unas inversiones importantes, pero esos datos no se van a hacer públicos", aunque reconoce que tras cinco años y medio "no sabemos dónde vamos a parar”, e incide de nuevo en que “el único error que hemos cometido ha sido licitar un proyecto que a todas luces tenía una seguridad jurídica de una administración, viniendo de A Coruña a Elche para hacer una inversión de 12 millones de euros y un proyecto bonito para revalorizar el casco antiguo”. Y apunta que la actuación “no molesta al patrimonio”, en referencia a la afección al Misteri d'Elx de la que habló Icomos: “Alucinamos un poco con cómo han pasado las cosas”.
Gordillo insiste en defender el proyecto de su empresa, con el aparcamiento y una planta gastronómica, y divisa que la situación en la Plaza de las Flores "va a durar años" —algo que niegan desde el bipartito, al entender que pueden acometer ahí las actuaciones que consideren, pensando en el día después—, explicando que desde su punto de vista, el informe de Cuatrecasas "no tiene fundamento jurídico, pero dicen vale para la rescisión y está hecho con sus argumentos de parte”. Por último, se jacta de la idea de asentar de forma definitiva el mercado provisional en su ubicación actual: "Si quitas ese mercado tienes una transparencia con el río, con la zona verde, porque ahora se tapa en 100 metros". "Eso se hizo de forma provisional con vista a dos años", puntualiza, aunque reconoce que a los placeros allí les va bien con las ventas. En cualquier caso, zanja con que solo ha hablado recientemente con el alcalde para quitar de motu propio las vallas del Mercado —por el restablecimiento a la normalidad por el que el gobierno ya tiene un contrato menor firmado—. "Es lo más cerca que hemos estado de negociar”.
Precisamente sobre el mercado provisional, el PP denunciaba el jueves que PSOE y Compromís criticaran la decisión ahora que quieren consolidarlo en zona verde, y advierten al bipartito que si finalmente dan el paso, exigirán responsabilidad patrimonial individual derivada de la resolución unilateral del contrato. Para ello se atiene al amparo del artículo 36 de la Ley 40/2015:
“La administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave previa la instrucción del correspondiente procedimiento".
Un escrito del que el Ejecutivo local apunta que no altera nada, aunque en el seno les parece una barbaridad "que se trata de amedrentarnos y ponga por encima los intereses de la empresa y no de la ciudadanía". Compleja ecuación la que se abre ahora.
