ELCHE. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha comparecido ante los medios para explicar las que a juicio del partido pueden ser las futuras consecuencias legales de los concejales de la Junta de Gobierno Local ante la posible firma mañana de la rescisión del contrato del Mercado Central.
Navarro ha declarado que “esta mañana hemos notificado a través de registro a cada uno de los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local de la responsabilidad patrimonial que tendrán que asumir en caso de que todo este procedimiento termine con una indemnización ala empresa adjudicataria”. El edil ha esgrimido que "estas acciones irán no solo de oficio, sino que el Partido Popular exigirá la devolución de la indemnización contra todos aquellos que con sus decisiones y acciones produzcan perjuicios económicos al Ayuntamiento de Elche y a los ilicitanos”.
“Tenemos que recordar que estamos hablando de un contrato declarado legal por todos los tribunales, un contrato que no tiene resquicio alguno para ser declarado ilegal y llevar a cabo una rescisión unilateral. Es decir, hablamos de una decisión meramente política. Y aunque el Señor Carlos González lleve mucho tiempo en política, la época feudal hace siglos que la dejamos atrás, estamos en un estado de derecho, y la legislación es clara”.
El edil ha manifestado que “que sea Elche y posteriormente los concejales firmantes quienes tengan que asumir el coste de esta indemnización millonaria que se debe al capricho del Sr. González, a su obcecación por no ejecutar un proyecto del Partido Popular que es igual que el del PSOE de Alejandro Soler, fíjense hasta dónde llega el sectarismo de González que en el 2015 afirmaba que el lugar actual del Mercado Central Provisional era una infracción urbanística, un “pelotazo” y ahora quiere hacerlo definitivo con el rechazo de todos los ciudadanos.
“También quiero recordar a Esther Díez las palabras que dijo el 5 de diciembre de 2014 en rueda de prensa donde exponía que “si se reclama algún tipo de indemnización por incumplimiento del contrato a favor de la empresa adjudicataria se exigirá a los responsables políticos y técnicos del proceso las responsabilidades derivadas de sus actos”.
“Lo decimos alto y claro, ni empresa, ni sacar rédito político, nuestro único interés es la defensa del interés de todos los ilicitanos, la defensa del dinero público, y es que este no puede ser dilapidado por la voluntad política del Sr. Alcalde”.
“Estamos en mitad de una pandemia que además de los efectos sanitarios, está dejando consecuencias terribles en la economía, y estar asumiendo pagar indemnizaciones millonarias a empresas privadas en este contexto resulta de una irresponsabilidad absoluta” concluía Navarro.
