Los ediles del PSOE, Giménez y Montesinos (a la izq), en la comisión de investigación de los contratos del Patronato de Vivienda.ALICANTE. El PSOE dispara sobre las supuestas responsabilidades políticas en los contratos presuntamente irregulares encargados desde el Patronato Municipal de Vivienda para la reforma de un local de la calle Cisneros como sede provisional de la Concejalía de Juventud. En su escrito de conclusiones sobre la comisión de investigación en la que se analizaron esos contratos, los socialistas se posicionan junto al interventor municipal y consideran que sí fueron constitutivos de un supuesto fraccionamiento. Y no solo eso: señalan que la responsabilidad de que se produjesen dichas anomalías en esas contrataciones corresponde a los ediles Julia Angulo (Guanyar) e Israel Cortés (PP) al no hacer nada para impedirlas.
A juicio del PSOE, los dos concejales omitieron su deber de vigilancia como superiores jerárquicos en el ejercicio del papel público que desempeñaban al ser presidentes del Patronato y ediles de la Concejalía de Vivienda, puesto que, ante la comisión de investigación, aseguraron que no tuvieron conocimiento de los encargos tramitados para ejecutar los trabajos de reforma, por un importe global de 49.764 euros (sin IVA), hasta conocer el informe definitivo del interventor, cuando se iba a proceder a autorizar el pago.
Angulo fue presidenta del Patronato desde junio de 2015 hasta noviembre de 2017 y Cortés lo preside en la actualidad, desde el pasado 20 de abril. No obstante, en el escrito de conclusiones del PSOE no se hace ninguna mención a la posible participación u omisión de Sofía Morales, quien fue responsable de Vivienda desde su propio grupo político, entre noviembre de 2017 y abril de 2018. En su escrito de conclusiones, la ya exedil (presentó su renuncia al acta de concejal en septiembre) directamente no aparece.
Por partes. A lo largo de ocho páginas, el grupo socialista argumenta que parece demostrado que hubo responsabilidades políticas en las anomalías detectadas por el interventor por lo que respecta al concepto de "culpa in vigilando". Así, subraya que: "Se da la circunstancia de que en el presente caso, se cumplen todos los parámetros para establecer una clara responsabilidad de los concejales doña Julia Angulo Girón y don Israel Cortés Santiago respecto a su actividad cuando presidian el Patronato de la Vivienda". Y continúa: "Sostiene el Interventor que hubo fraccionamiento de contrato y lo que considera más grave, que las obras se realizaron sin adjudicar y que no se tuvo en cuenta su criterio cuando informó negativamente. Carga contra el gerente al que acusa de hacer las cosas como le parecen sin ningún rigor. Alega también que los honorarios por dirección de obra no tienen justificación porque se tenían que haber realizado con técnicos municipales y no de forma externa".
Sobre esa base, el PSOE recalca que durante la presidencia de Angulo "se motivaron las supuestas necesidades de realizar obras, se realizaron las contrataciones y se ejecutaron las mismas" y que, durante su comparecencia ante la comisión, la edil de Guanyar "de forma timorata" declaró que "ni vio, ni escuchó nada, dignas palabras empleadas por algún ex-presidente de gobierno para justificar que no conocía los cobros en “B” que se realizaban en su partido".
Respecto a Cortés, el escrito de conclusiones del PSOE añade que "ostentó la presidencia durante más de 8 meses" y que "no solo declaró en la misma línea que su predecesora la señora Angulo, sino que además, añadió (para dejar muestra de su gran dedicación al trabajo) "que el gerente no iba a importunarlo hablándole de la adjudicación. A mayor abundamiento, intentó forzar a los miembros del patronato a efectuar por urgencia los pagos a las empresas que habían realizado las obras puestas en tela de juicio en la presente comisión".
En esta línea, los socialistas subrayan que "omitieron sus responsabilidades para con el Patronato, permitiendo que se fraccionase de manera torticera el contrato de las obras efectuadas" en la sede sustitutiva del Centro 14 (dependencias de la Concejalía de Juventud) "dividiendo en 3 segmentos el mismo, por un lado la obra, por otro la construcción de una plataforma y por último los honorarios de aquellos que realizaron los trabajos". Según el PSOE, "de esta forma se evitó el procedimiento negociado y las fases de adjudicación del proyecto, cometiéndose el delito tipo de fraccionamiento de contratos".
Y prosigue: "Fueron ellos mismos los que, con evasivas, sostuvieron su versión de no tener ningún control sobre la actividad que se realizaba en el patronato, siendo directamente responsables del control de las actividades que en dicho organismo se producían, por lo que el nexo causal entre su omisión y el daño es más que evidente".
Además, se insiste en que "la ineptitud o irresponsabilidad no convierte a los sujetos que la propugnan en inimputables, y no pueden pretender alegar su desconocimiento ya que ostentan puestos de mando y responsabilidad en la Organización Administrativa de una ciudad. Si no se sentían preparados para el cargo, siempre tuvieron la opción de dimitir, pero en lugar de ello, ejercieron su actividad de la forma menos diligente que podía existir por lo que se les debe hacer directamente responsables de sus actos".
De ahí que, en último término, soliciten que la comisión se emita una resolución en la que se encuentre directamente responsable por su conducta omisiva a los concejales doña Julia Angulo Girón y don Israel Cortés Santiago del supuesto fraccionamiento de contratos, así como la adjudicación de la obra sin el pertinente procedimiento negociado sucedido en el Patronato de Vivienda, de igual forma, se solicite un nuevo informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante donde se les informe de la existencia de los 3 contratos sucedidos y del contenido de las declaraciones de los meritados concejales".
El escrito del PSOE debe ponerse en común ahora con los del resto de grupos políticos con representación municipal (PP, Guanyar, Ciudadanos y Compromís). Al parecer, hasta este jueves, ninguno de ellos había registrado sus propias propuestas de conclusiones, de modo que deberían hacerlo este viernes: último día de plazo. A partir de ahí, se tratará de llegar a un dictamen compartido para su debate en el pleno de abril. En principio, esa resolución común se antoja compleja. Máxime si se tiene en cuenta las consideraciones expuestas por el PSOE, en la que apunta a representantes de Guanyar y PP.
