Las anomalías en los contratos de Vivienda: ningún concejal sabía nada

ALICANTE. La comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en los contratos del Patronato de Vivienda (segunda en constituirse formalmente en este mandato, tras la celebrada sobre los contratos del llamado caso Comercio) queda vista para sentencia tras su tercera sesión, desarrollada este martes: los grupos políticos municipales deben elevar ahora sus propuestas de conclusiones antes del próximo 22 de marzo con el propósito de que se trate de acordar un informe común definitivo para su aprobación en el pleno de abril. 

Todo parece indicar que los cinco grupos políticos coincidirán al menos en una apreciación: que ninguno de los concejales que han ejercido las competencias sobre Vivienda desde octubre de 2017 hasta la actualidad tenía conocimiento de esas supuestas anomalías hasta que, en noviembre de 2018, se planteó autorizar el pago de las obras efectivamente ejecutadas a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito (el mecanismo administrativo para abonar obras o servicios sin dotación de fondos). Así lo defendieron los tres regidores que comparecieron ante la comisión: Julia Angulo (Guanyar), Sofía Morales (PSOE) e Israel Cortés (PP). A grandes rasgos, los tres señalaron que ni el gerente del Patronato de Vivienda, Gaspar Mayor, ni el interventor municipal, Francisco Guardiola, les informaron de que las obras se habían iniciado y ejecutado sin el beneplácito de este último (Guardiola) hasta después de su conclusión (las obras se recepcionaron en diciembre de 2017) y que tampoco habían sido alertados de que estaba en duda el proceso seguido para su contratación: al principio, con dos primeros contratos por separado (uno por la reforma y otro por la instalación del ascensor) que superaban el límite de 50.000 euros (el límite de los contratos menores) y después, con importes rebajados, para que el de obras no superase ese umbral.  

Ahora bien, otra cosa distinta es que los cinco grupos políticos compartan una misma opinión respecto al desconocimiento alegado por los tres concejales. Como mínimo, no parece que todos estén dispuestos a considerar que esos tres regidores cumplieron debidamente con sus obligaciones, a la vista de la disputa con la que se cerró la ronda de preguntas sobre el papel de Cortés. Tanto los representantes de PSOE como los de Compromís reprocharon que el actual responsable del área no se hubiese puesto al corriente sobre el problema hasta noviembre de 2018 pese a que asumió las competencias en abril de ese año. Por el contrario, como señalaron los representantes del PP, nadie recriminó esa ignorancia a su predecesora, Sofía Morales, quien ejerció las competencias sobre Vivienda entre el 20 de noviembre de 2017 y el 19 de abril. Ahora bien, Morales (que renunció al acta de concejal el pasado julio) sí indicó que, en febrero, sí intercedió para que se pudiese abonar las obras realizadas para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto.

Por partes. La primera en responder ante la comisión fue la exconcejal de Juventud por Guanyar, Marisol Moreno. La edil apuntó que ella solo intervino en septiembre de 2017 para pedir una ubicación alternativa que pudiese funcionar como sede de dicha concejalía, a la vista de los informes que ordenaban el desalojo del Centro 14 (la sede tradicional) por incumplimiento de medidas de seguridad. En esta línea, confirmó que la búsqueda de ese nuevo espacio era urgente y debía habilitarse de forma rápida. Así, señaló que, de común acuerdo con las áreas de Patrimonio, Hacienda, Recursos Humanos y Vivienda, se optó por acondicionar un local del Patronato de Vivienda en la calle Cisneros. 

Tras Moreno, llegó el turno de Angulo, edil de Vivienda en ese momento. La regidora también señaló que, después de pedir fondos a la Concejalía de Hacienda para ejecutar la reforma de ese espacio, se limitó a firmar el decreto de modificación presupuestaria por el que se facilitaba el crédito para que se ejecutasen las obras. Ese decreto se firmó el 23 de octubre y su marcha del equipo de Gobierno se produjo el 15 de noviembre. Para esa fecha, según apuntó el gerente del Patronato en su comparecencia del lunes, las obras ya se habían iniciado. 

De hecho, Mayor dijo que había sido el quien había dado la orden de que comenzasen al día siguiente de tener consignación presupuestaria, sin contar con la autorización previa del interventor ni con la firma de Angulo, puesto que, según insistió, era un procedimiento habitual contemplado en las bases de ejecución presupuestaria, y se había actuado de igual forma en otros contratos menores una vez que se disponía de fondos. Además, el gerente también recalcó que se trataba de resolver una cuestión urgente. Por su parte, Angulo recalcó este martes que ella tenía asumido que no firmaría nada que no estuviese firmado antes por el interventor.

En su intervención, Morales también señaló que no había tenido conocimiento de la existencia de problemas con la ejecución de esas obras hasta después de que estuviesen finalizadas. Además, añadió que los informes de reparo de un interventor no son inamovibles; alertó de los riesgos del silencio en alusión al retraso en la emisión de algunos informes y que, en todo caso, sí era conocedora de que varias concejalías le habían solicitado que intercediese ante el departamento de intervención, por su papel como edil de Hacienda, con el argumento de que los dictámenes de intervención muchas veces no fundamentaba el motivo del reparo, con lo que se complicaba su posible subsanación y se ralentizaba el funcionamiento de la administración.

Por último, añadió que, en febrero, sí firmó una memoria valorada junto a Mayor para tratar de que se facilitase el pago de las obras ejecutadas y negó que hubiese tratado de presionar al interventor para que emitiese un informe en un sentido o en otro.

Cortés, por su parte, señaló que fue en noviembre de 2018 cuando tuvo conocimiento de los reparos del interventor municipal respecto al procedimiento de contratación que se había seguido en la etapa de gobierno del tripartito y que trató de contrastar las dudas que le había expuesto con el gerente del Patronato. Así, señaló que, a la vista de que ambos mantenían criterios técnicos distintos pero coincidían en que las obras debían pagarse porque estaban efectivamente ejecutadas, sí promovió la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito para que se pagasen. Sin embargo, ese planteamiento quedó rechazado por la Junta General del Patronato por el conjunto de los grupos de la oposición, que solicitaron conocer el expediente seguido al detalle.

Como ya ha informado Alicante Plaza, el interventor municipal sostuvo en su comparecencia del lunes que en el proceso de encargo de las obras se produjeron varias anomalías: entre ellas, que se encomendaron sin que existiese un expediente de contratación y que, además, se pudo incurrir en un supuesto fraccionamiento de contratos porque los trabajos no podían tramitarse como dos contratos menores por separado. El mismo lunes, el secretario municipal, Germán Pascual, aportó una visión opuesta al señalar que no hubo fraccionamiento, que las obras se tramitaron por el procedimiento normal como dos contratos menores por separado y que, además, las bases de ejecución presupuestaria permitían contratarlas en el momento en el que hubiese consignación presupuestaria y una motivación por parte del órgano gestor. El informe encargado a la Asesoría Jurídica Municipal también considera que no hubo fraccionamiento de contratos y, además, subrayaba que no existió perjuicio económico para el Ayuntamiento, ni tampoco se trató de eludir la concurrencia pública de empresas, puesto que se solicitaron varios presupuestos y se eligió el de menor importe.