Las anomalías en los contratos de Vivienda se enredan en una guerra de contradicciones técnicas

ALICANTE. Más controversia en la polémica desencadenada por las supuestas anomalías en la contratación de las obras de reforma de un local del Patronato de Vivienda para que se convirtiese en sede provisional de la Concejalía de Juventud. La segunda sesión de la comisión de investigación constituida para analizar esas presuntas irregularidades, celebrada este lunes, solo sirvió para acrecentar las dudas sobre la corrección del proceso seguido, a la vista de las contradicciones técnicas que se constataron entre los dos altos funcionarios de los que depende fundamentalmente el devenir del Ayuntamiento: el interventor, Francisco Guardiola, y el secretario, German Pascual.

Los dos ofrecieron puntos de vista opuestos en sus respectivas comparecencias ante los representantes de los grupos políticos que forman parte de la comisión. En primer término, el interventor (máximo responsable del equilibrio económico del Ayuntamiento) se reafirmó en las apreciaciones que ya hizo en sus informes de advertencia sobre el encargo de esos trabajos, en noviembre de 2017. Así, señaló que, en su opinión, sí pudo haberse producido un fraccionamiento de contratos al formalizarse dos encargos distintos: uno para la obra de reforma y otro para la adquisición y puesta en funcionamiento de un ascensor. A esos dos encargos, según apuntó, debía añadirse un tercero, el de los trabajos de dirección de obra, que el alto funcionario dijo no entender, en la medida en que esa tarea pudo haberla desempeñado un técnico municipal sin coste adicional.

En esta línea, también dijo no compartir las apreciaciones contenidas en el informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal, en el que se concluye que, en la tramitación de esos encargos no hay fraccionamiento, ni perjuicio para el interés general, ni intento de eludir la pública concurrencia, puesto que se pidieron varios presupuestos. 

Sin atender a esas conclusiones, el interventor señaló que, desde su punto de vista, los encargos sobre la reforma y sobre el acensor no podían separarse, puesto que "no se encarga un ascensor si antes no se ha ejecutado una obra previa para darle cabida". Así, concluyó que, en realidad, el conjunto de la actuación debía tramitarse como un único contrato y que, como tal, excedía el límite de los 50.000 euros que marca la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos menores. A partir de ese importe, como reseñó el interventor, debía de haberse producido al menos un procedimiento negociado para la contratación de los trabajos, en lugar de dos encargos directos por separado. Pero, además, señaló que todavía le parecía más grave que se concertasen esos trabajos y que se iniciasen las obras sin que existiese un expediente de contratación conformado por parte del órgano gestor. En este caso, el Patronato de Vivienda. 

Guardiola insistió en que él no podía dar el beneplácito al expediente hasta que no averiguase qué era lo que había sucedido con ese expediente de obras, ya que, según indicó, en la documentación que se le facilitó no se recogía toda la información. Así, señaló que él no supo que las obras se habían iniciado hasta que se puso en contacto con la empresa adjudicataria (Kúbica). En esta línea, también consideró que no podía admitirse la modificación que se propuso desde el Patronato para reducir los importes de las obras una vez que ya estaban adjudicadas y en ejecución con el propósito de adecuar el procedimiento administrativo que no había sido el correcto. 

En esta línea, añadió que el procedimiento normal hubiese sido presupuestar las obras a partir de la elaboración de una memoria valorada y, a partir de ahí, iniciar el expediente de contratación correspondiente en función de su importe. En este caso, dijo, debía haberse tramitado como un único contrato a través de un procedimiento negociado que superaba el importe previsto para los contratos menores, y sugirió que lo conveniente habría sido formalizar esos trabajos por lotes: uno para las obras y otro para el ascensor. 

Por último, señaló que ningún representante político le dio instrucciones sobre el expediente, a excepción de la exedil de Hacienda y de Vivienda por el PSOE, Sofía Morales, quien le apremió a dar su conformidad al proceso para poder pagar las obras porque ya estaban ejecutadas. Según precisó, él adujo que no podía dar su conformidad hasta que no aclarase el expediente y que, en todo caso, el alcalde o el pleno podían levantar su informe de reparo y aprobar el pago de los trabajos.

Así, señaló que la única intervención de la predecesora de Morales en el área de Vivienda, Julia Angulo (Guanyar), fue la de promover la modificación de crédito necesaria para que se pudiesen contratar esas obras. El importe previsto en esa modificación, según dijo, fue de 67.700 euros.

No obstante, en su comparecencia posterior, el secretario municipal, Germán Pascual, expresó una opinión opuesta al señalar que "todo el expediente se había tramitado con normalidad" como dos contratos menores por separado sin que, a su juicio, se hubiese producido un supuesto fraccionamiento de contratos. En esta línea, señaló que los trabajos se encargaron a la vista de la existencia de disponibilidad presupuestaria y que el expediente necesario era el de la presentación de la factura y la aprobación del pago.

Antes del secretario municipal también había comparecido el gerente del Patronato de Vivienda, Gaspar Mayor, quien asumió toda la responsabilidad de las decisiones adoptadas a la hora de encargar los trabajos. Así, admitió que, quizá, se pudo cometer algún error como actuar con precipitación, pero insistió en que se trataba de actuar "en buena fe" para atender a una necesidad urgente, como era la de procurar una sede para la Concejalía de Juventud, a la vista de los informes evacuados por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) y por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los que se daba un plazo de dos meses para el desalojo del edificio del Centro 14: la sede habitual de la Concejalía de Juventud.

En todo caso, señaló que se recurrió a un procedimiento de contratación anticipada que resulta habitual en la administración pública. Explicó que, según esa fórmula, se piden presupuestos y se concierta la adjudicación de los contratos antes de disponer de presupuesto consignado, pero señaló que no autorizó la ejecución de las obras hasta disponer del crédito necesario. Fue entonces, el 28 de octubre de 2017, cuando él mismo autorizó su inicio, sin contar con el beneplácito de la responsable política del área de Vivienda. Eso sí, insistió en que esa situación se dio porque no se contaba con el informe de fiscalización favorable por parte del interventor que no había dado su beneplácito tampoco después de que se redujese el importe de los encargos para que no excediese de los 50.000 euros previstos para los contratos menores.

En la sesión de este lunes, también compareció la arquitecta del Patronato que acordó la rebaja de los importes de las unidades de obra. Según señaló, fue ella quien informó a intervención de que las obras ya estaban iniciadas. Los trabajos de la comisión continúan este martes con la comparecencia de los tres responsables políticos que han estado al frente del Patronato de Vivienda: los ya citados Julia Angulo y Sofía Morales, además del actual titular de la concejalía, el popular Israel Cortés.