ALICANTE. El futuro del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2021 encarrila la última fase de tramitación previa a su debate en el pleno con la resolución de algunas de las incógnitas de las que puede acabar dependiendo el voto de los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox). O, al menos, de algunos de ellos.
A la espera de que el departamento de Intervención concluya su labor de fiscalización sobre la propuesta trazada por el equipo de Gobierno (PP y Cs), la primera de esas dudas por despejar quedó resuelta este lunes por boca de la edil de Hacienda. En la comparecencia pública organizada para presentar el nuevo portal web de los mercados municipales, la popular Lidia López concretó que, finalmente, se había decidido incorporar una partida simbólica de 100.000 euros para poner en marcha el bono cheque destinado a impulsar las ventas del comercio local: la mitad de los fondos previstos para poner en marcha los bonos de la hostelería (en ese caso, 200.000 euros), como se concretó en la presentación del borrador de presupuesto.
En esta línea, López señaló que esa cantidad era, en realidad, una suma inicial, que se podría ampliar en el futuro en función de los resultados obtenidos. Además, apuntó que la cifra se había cerrado en respuesta las peticiones de aclaración formuladas por los grupos opositores en el proceso de conversaciones sobre la confección del presupuesto.
La segunda de las incógnitas comenzó a desvelarse también este lunes en el transcurso de la Junta de Portavoces. En ese encuentro, el alcalde, Luis Barcala, concretó que los técnicos municipales se inclinaban por crear una nueva línea de subvenciones directas a la hostelería como fórmula para canalizar la devolución del 100% de las tasas de veladores abonadas desde el inicio de la crisis sanitaria: uno de los requisitos esenciales delimitado por Vox como condición para no bloquear la aprobación del presupuesto.
En principio, con ese mecanismo de las subvenciones, se zanjaría las contradicciones entre la legislación estatal (que establece la obligación de cobrar tasas por el importe proporcional a la actividad desarrollada) y los decretos de Alcaldía con los que se trataba de acordar su bonificación total.
Ahora bien, a priori, la encargada de detallar ese mecanismo debería ser también la propia edil de Hacienda y Hostelería, este jueves, en respuesta a la solicitud de comparecencia en pleno registrada por el grupo municipal del PSOE. López apuntó igualmente este lunes que los técnicos estaban concretando aún la fórmula adecuada para organizar ese reintegro. Barcala, por su parte, solo añadió al respecto, ante los portavoces de los grupos opositores, que esa fórmula podría quedar en suspenso si alguien decidía acudir a la vía del contencioso-administrativo para exigir ya el reintegro de las tasas, en cumplimiento de lo previsto en los decretos. Sin embargo, esa apostilla no pareció contribuir a sumar apoyos, ya que parte de los portavoces de la oposición interpretaron sus explicaciones como una advertencia.
Así mismo, el tercer aspecto incorporado al debate de los presupuestos por los partidos que conforman el eje progresista en la corporación (PSOE, Unides Podem y Compromís) podría comenzar a dilucidarse también en el pleno del jueves. Se trata de la renuncia a la propuesta de ordenanza de convivencia cívica impulsada por el bipartito. PSOE y Compromís acordaron este lunes la retirada de sus respectivas iniciativas por separado para registrar una propuesta conjunta, a la que se incorpora Unides Podem, con la intención de forzar a PP y Cs a crear una comisión en la que el conjunto de grupos políticos puedan consensuar esa nueva normativa municipal alternativa. Se trata de ir un paso más allá del aplazamiento de la ordenanza, planteado por Barcala durante la presentación del presupuesto, cuando se mostró abierto a revisar esa ordenanza, desvinculándola del presupuesto.
Cs tendrá que posicionarse y mostrar su voluntad de llegar a acuerdos con los partidos de la izquierda en el debate sobre la moción de PSOE, Unides Podem y Compromís para consensuar la ordenanza de convivencia
Para que esa nueva propuesta prospere, el eje progresista requiere del apoyo de algún otro partido político. Y todo parece indicar que Cs sería la formación del eje del centro-derecha más proclive a respaldarla. De ahí que el debate de esa moción conjunta pueda convertirse en un auténtico test para Cs, en el que -según se interpreta desde los grupos de la oposición- tendrá que demostrar cuál es su voluntad de llegar a acuerdos con la izquierda para evitar un hipotético escenario en el que el presupuesto pueda quedar aprobado únicamente con los votos de Vox. Máxime si se tiene en cuenta que en la moción conjunta se planteará, a propuesta de Unides Podem, que en la elaboración de esa nueva ordenanza de consenso debe tomarse como punto de partida las recomendaciones formuladas en el informe técnico emitido por la jefatura del Servicio de Igualdad.
Cuando menos, Cs ha sido hasta ahora la formación que más contactos ha mantenido con los grupos opositores en busca de una foto de consenso en torno al presupuesto, sin que el acuerdo de su aprobación tenga que depender exclusivamente del partido de Santiago Abascal, como ya sucedió con las cuentas de 2020. Cs ha sido, además, el partido que ha pilotado la mayor parte de las conversaciones oficiales con los grupos de la oposición (al margen de otros tanteos informales), en las que se ha concertado algunas cesiones a las peticiones de Vox, de Compromís, e incluso de PSOE y Unides Podem. Por lo pronto, fuentes de Cs insistieron en que, al margen de que se haya reducido el presupuesto de la Concejalía de Igualdad, como solicitaba Vox, "también se ha reducido el de Fiestas o el de Participación Ciudadana", gestionadas por ediles del PP, "para poder atender parte de las peticiones que nos han trasladado".