La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez; el alcalde, Luis Barcala; y la edil de Hacienda, Lidia López.ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, da un giro hasta cierto punto inesperado y opta por ponerse la venda antes de la herida en la confección del presupuesto municipal de 2021 con el fin de granjearse el respaldo de los grupos de la oposición. O al menos, la abstención que resulta necesaria para que puedan quedar aprobados en cuanto se eleven a debate en pleno (en principio, en la segunda mitad de diciembre).
Lo cierto es que la propuesta de planificación económica presentada este martes, todavía en fase de borrador, contempla dos circunstancias básicas que aportan cierta flexibilidad y complican las opciones de armar un discurso con el que justificar un hipotético rechazo. Así, en primer lugar, más allá de que se pueda confirmar la inclusión del 90% de las aportaciones formuladas por PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox -como habían sostenido sus representantes al confirmar el cierre de la propuesta-, este martes sí se pudo constatar un incremento del 53% en la partida destinada a la concesión de ayudas sociales: pasan de poco más de 1,5 millones a 3,5. A ese fondo se sumaría el compromiso de otros 14 millones en actuaciones contempladas en el Plan de Inclusión Social a través de varias concejalías.
En cierto modo, la inclusión de esas dos cantidades supone atender una de las principales reivindicaciones de las cuatro formaciones que conforman la oposición. Sus representantes venían reclamando de manera insistente a lo largo del último mes que las cuentas pusieran el foco en atender las necesidades de los colectivos vulnerables. Y, al menos en una primera lectura, el importe consignado tuvo buena acogida.
En esa vertiente de ayudas a los colectivos más perjudicados por la crisis sanitaria también figuraría el nuevo paquete de medidas comprometidas para las pymes y autónomos vinculadas al comercio y la hostelería, en forma de ayudas directas (se ha previsto otra bolsa de subvenciones de 1,8 millones, al margen de los 6 millones ya impulsados en este 2020). Y también, la concesión de microcréditos (como había avanzado este diario) con otra partida inicial de un millón adicional que, en cierto modo, podría ajustarse al espíritu del fondo de financiación propuesto por el PSOE (aunque en este caso, por un importe muy superior, de 20 millones). Todo, al margen de mantener las rebaja impositiva del IBI, las exenciones de tasas de la hostelería o las bonificaciones del IBI, ICIO e IAE para fomentar la llegada de inversiones, entre otros puntos.
En segundo lugar, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos ejercicios, PP y Cs plantearon su propuesta con la intención de seguir negociando con el conjunto de los grupos opositores a partir de este mismo miércoles. De hecho, tanto el alcalde, Luis Barcala, como la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, tendieron la mano a PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox y les emplazaron a "sumar" sin "poner palos en las ruedas" sin cerrarse a discutir sobre nada. De hecho, no llegaron a concretar el conjunto de proyectos que podrían ejecutarse como inversiones a la espera de poder consensuar parte de ellas. Así, solo apuntaron que se daría prioridad a las actuaciones que ya se han iniciado o que dependen de fondos europeos, hasta completar una cifra de 12,7 millones.
¿Qué obras se contemplan por ahora? La reurbanización de calles de Rabasa, la remodelación de Padre Esplá, la mejora urbanística del barrio de San Gabriel o las actuaciones en los cinco colegios incluidas con cargo al Plan Edificant (cuyo coste quedará reintegrado por la Generalitat). También se incluye la mejora de la glorieta de Luceros, con la reparación de la fuente, la construcción de la pasarela de la Albufereta y fondos (sin determinar) para impulsar la redacción del nuevo planeamiento urbanístico desde de la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ese primer listado se compone de obras ya previstas o programadas, con la única novedad de la consignación de fondos para ejecutar la ampliación del polígono de Las Atalayas, como también había avanzado este diario. Además, también se concretó que se incluiría un segundo paquete de actuaciones con los 19 millones del remanente de crédito heredado de la liquidación del presupuesto de 2019, que se completará con los ahorros que se concreten al liquidar el ejercicio de 2020. Entre las obras a abordar en ese bloque, se contempla la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova, la segunda fase de la recuperación del Castillo de San Fernando o la reurbanización de la Plaza de San Blas. El resto queda sujeto al pacto con la oposición, con lo que habría margen de maniobra.
Es más, en ese ejercicio de flexibilidad (al menos, aparente, ya que falta que después se lleve a la práctica), PP y Cs se mostraron dispuestos, incluso, a buscar puntos de encuentro para "pulir" la polémica ordenanza de convivencia cívica, después de que los tres grupos del eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) hayan reclamado su retirada. En algunos casos (el de las dos primeras fuerzas), la renuncia a esa nueva norma se ha planteado como línea roja imprescindible para que pudiesen facilitar la aprobación del presupuesto.
En esta línea, Barcala se mostró dispuesto a incorporar algunas de las aportaciones de la oposición en el proceso de tramitación de esa ordenanza. Sobre todo, por lo que respecta a la imposición de sanciones o alguno de los supuestos que se penalizan, además de una mejor definición de a quién se podría sancionar. Sin embargo, instó a la oposición a no mezclar el debate sobre la ordenanza con el del presupuesto y a no escudarse en esa norma para tratar de justificar su voto en contra a las cuentas de 2021.
Ahora bien, el mensaje no acabó de convencer a ninguna de las tres fuerzas de la izquierda. Sus portavoces no tardaron en poner en duda parte de los compromisos adelantados por el primer edil y aseguraron no poder posicionarse hasta conocer las cifras concretas del borrador. Así, uno tras otro fueron enumerando los puntos de desencuentro que habían advertido en la exposición de la propuesta.
En primer término, el portavoz socialista, Paco Sanguino, calificó la presentación de "decepcionante". "Se han ajustado a ofrecer un incremento de un 15% en la parte social, que nos parece insuficiente, pero al menos es un movimiento hacia adelante", añadió. Y mostró su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, "el alcalde haya manifestado un ligero acercamiento hacia algunas posturas que hemos representado nosotros", en alusión a la negociación sobre la ordenanza de convivencia cívica. "Es difícil fiarse de la palabra de este alcalde", recalcó. Y aseguró que el debate al respecto "sí entra en el presupuesto, puesto que si hay sanciones, quedarán contempladas en él, y no queremos que no se ingrese ni un solo euro por sanciones a colectivos vulnerables". En todo caso, señaló que el PSOE seguía dispuesto a seguir dialogando pero dijo que "no vemos que esto sea esa que tanto se cacarea: que sea el mejor presupuesto posible para 2021".
En segundo lugar, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, ofreció la valoración más crítica. Primero, insistió en la falta de definición y, después, señaló que no había encontrado reflejo de las aportaciones formuladas por su grupo, en cuestiones como el acceso a la vivienda o la ampliación del parque de vivienda pública, además de la creación de infraestructuras sociales, como los centros comunitarios.
Igualmente, también echó en falta planificación de infraestructuras o de un modelo de ciudad o de la apuesta por un nuevo modelo productivo "basado en el empleo de calidad". "Vemos lo de siempre: precariedad, el modelo turístico de ciudad fachada y el modelo de parque temático, algo que no compartimos", recalcó. También subrayó la insistencia de la rebaja fiscal lineal impulsada por el bipartito, además de las bonificaciones a las grandes empresas, cuando, en su opinión, debería apostarse por una rebaja fiscal progresiva "para que pague más quien más tiene, que es el modelo que se está implantando en el Estado".
Respecto a la negociación sobre la ordenanza de convivencia cívica, López aseguró que el movimiento apuntado por el bipartito "no es suficiente". "Le invitamos a que se convoque la comisión para ver las enmiendas que hemos presentado los grupos y ver si hay voluntad real por modificar una ordenanza en algo que sea de verdad de convivencia y no de persecución a las personas más vulnerables", concluyó.
Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, consideró positivo que la presentación del borrador se realice en diciembre, y no en marzo, y se felicitó de que "el borrador siga siendo una propuesta con la que seguir negociando". No obstante, coincidió en la falta de concreción y recalcó que Compromís "está por negociar, dialogar y acordar" a la espera de conocer los detalles de la propuesta que consideró "pobre en inversiones". En todo caso, dijo que "tenemos que esperar a conocer qué propuestas de las que formulamos se han incorporado", aunque reconoció que era "positivo" que se hubiese optado por incrementar la partida para ayudas sociales.
Respecto a la ordenanza de convivencia cívica, también apuntó que "hoy se ha visto un avance, aunque un avance insuficiente". "Se ha resquebrajado la posición dura que se tenía al respecto, pero sí creo que ese tema deberían dejarlo en el congelador porque si no, van a complicar las cosas", concluyó.
