ALICANTE. La comisión de control del cumplimiento del convenio de acreedores del Hércules, que capitanean la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), aguarda la vista de club blanquiazul.
Alicante Plaza ha podido saber que el pasado viernes los dos abogados que en representación de la LFP y la AFE asistieron al consejo de administración en el que Juan Carlos Ramírez se convertía en nuevo presidente, además de hacer con los nuevos responsables del club un profundo repaso a todos los temas pendientes, que no son pocos ni mucho menos menores, sino al revés, también les emplazaron a reunirse con ellos en Madrid cuanto antes para trasladarles las cifras que maneja el club respecto al ejercicio que se inicia el 1 de julio y, más concretamente, lo que va a tener que pagar a la Agencia Tributaria.
El Hércules está sometido al Reglamento de Control Económico de la LFP, todo y no formar parte de ella, como una de las exigencias derivadas del convenio de acreedores suscrito en 2013. Al igual que los clubes de Primera y Segunda División A, la entidad conoce de la Liga todos los años la cantidad de dinero que como máximo puede destinar al salario de la primera plantilla, requiriendo cada fichaje la autorización de la citada comisión de seguimiento.
Condicionados por la negociación con Hacienda
Tras la reunión en la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria de la que dábamos cuenta el martes, el Hércules espera que la negociación con el fisco sufra un impulso que permita cerrar a corto plazo un nuevo plan de pagos. Lo anterior permitirá no solo firmar la modificación del convenio con los acreedores ordinarios (al frente de los que están también la LFP y la AFE), también que el Hércules sepa la cantidad que puede destinar a la primera plantilla en la temporada 2017/18 y, por extensión, altas, bajas, etc.
Si en la temporada 2014/15 el club fue autorizado a gastarse en la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo 600.000 euros y en la 2015/16 un total de 620.000, para el curso liguero que acaba, la LFP le fijó un tope de 554.000 euros.
Foto: Rafa Molina
