Francisco Martínez, el ex ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, en una imagen de Canal Vega TVALICANTE. La Guardia Civil investiga al hasta hace unos días ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Francisco Martínez, y al empresario del sector de la recogida de ropa al que presentaba como su 'corredor' inmobiliario, José Luis Sánchez Requena, por presuntos desvíos de fondos en las operaciones de venta de patrimonio inmobiliario de la Iglesia. Según han explicado fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se iniciaron hace unos meses y están ya muy avanzadas, por lo que la Guardia Civil ultima la remisión de su denuncia al juez.
Los encargados de seguir la pista a las presuntas irregularidades del ecónomo y su corredor son los agentes del mismo grupo de investigación que detuvo a principios de febrero a una importante estafadora basada en Elche, que se hacía pasar por hija ilegítima del rey emérito para liderar una estructura piramidal con la que estafó 4 millones de euros a más de cien personas con la compraventa de viviendas. La investigación a las actividades inmobiliarias del ecónomo se ha llevado con absoluto sigilo para evitar la destrucción de pruebas, según estas fuentes.
Según han explicado las mismas fuentes, el grupo de investigadores especializado en este tipo de delitos, dirigido desde la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, ha hallado abundantes indicios de las presuntas irregularidades cometidas por el execónomo (que abandonó su cargo el 11 de abril, tras destapar este diario un escándalo de cobro de presuntas comisiones) y su corredor. Al parecer, la investigación partió de una denuncia anónima que podría haber llegado desde dentro de la propia Iglesia, según estas fuentes.
Como se recordará, fue Alicante Plaza el periódico que destapó, a comienzos de año, el intento del 'corredor' del ecónomo de cobrar una comisión en 'dinero B' a un conocido promotor de la Vega Baja, para cerrar la venta del solar de la Fundación San José Obrero en Guardamar, que se había pactado previamente entre el ecónomo y el empresario por 2 millones. La promotora se negó a pagar dicha comisión, tras presionarles el 'corredor' con otro posible interesado que sí estaría dispuesto a abonar la 'mordida'. La operación saltó por los aires y Roma paralizó la venta de patrimonio de la Iglesia en Alicante ante las sospechas.
Dos meses después, el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, comunicó la decisión de no renovar un mandato más Martínez como responsable de la gestión económica de la Diócesis. Dicha renovación estaba decidida con anterioridad, pero finalmente el obispo, tras las presiones recibidas desde altas instancias, decidió apartar al ya execónomo, aunque lo reemplazó por una persona de su confianza, el hasta entonces presidente de la Fundación San José Obrero (dueña del terreno cuya venta se rompió por la exigencia de una comisión).
Más o menos al mismo tiempo que Alicante Plaza publicaba las primeras informaciones sobre las operaciones inmobiliarias de Martínez y Sánchez Requena, la Guardia Civil recibía una denuncia anónima en la que se relataban otras maniobras similares que, según el denunciante, se habrían estado realizando de forma sistemática durante los veinte años en que el primero ha ejercido como ecónomo. Poco después, el todavía ecónomo protagonizaba otro escándalo, este de corte social, al negarse a ponerse la mascarilla en sus oficios (una actitud que se vincula al contagio de la mayoría de las monjas de clausura de Santa Faz).
Finalmente, las presiones internas y los sucesivos escándalos llevaron a la Diócesis a apartar a Francisco Martínez, que cabe recordar que se enfrenta el próximo 5 de mayo a un juicio (en este caso, civil) por el impago de sus honorarios a una conocida consultora inmobiliaria, que se encargó de buscar comprador para el asilo de Benalúa. Aunque la Diócesis niega la participación de dicha firma como intermediaria (y señala en su réplica a Sánchez Requena como 'corredor'), la denuncia incorpora abundantes pruebas de dicho trabajo.
El juicio estaba señalado para el pasado mes de marzo, pero el atraso motivado por la pandemia llevó al juez a posponerlo hasta mayo. La consultora reclama el pago de sus servicios, dado que realizó el estudio de mercado y localizó al comprador, al que puso en contacto con la Diócesis, y posteriormente el ecónomo cerró el trato directamente con el comprador y negó la participación de esta firma en el proceso.
