El asilo, adquirido en alquiler con opción a compra por una empresa para abrir un hospital. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El intento de vender el solar de la fundación San José Obrero en Guardamar y la aparición a última hora de un 'corredor' para pedir una comisión no es la única operación inmobiliaria llevada a cabo por el ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante envuelta en polémica. Una importante consultora inmobiliaria de la provincia ha denunciado al ecónomo por no pagarles sus honorarios en la venta del antiguo asilo de Benalúa, donde está previsto abrir un hospital privado.
La denuncia, presentada en 2019, ha sido admitida a trámite por el juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante, que ha señalado el juicio ordinario para el próximo mes de marzo (si la pandemia lo permite). La empresa denunciante acusa al ecónomo de incumplimiento de contrato por no pagarles el trabajo de encontrar un comprador para el edificio y negociar el precio. La consultora alega que realizó los estudios para determinar los usos posibles del edificio, que buscó al comprador (el grupo hospitalario Imed), y que negoció el precio, pero que luego el ecónomo cerró directamente el acuerdo con el comprador y los apartó de la operación.
La Diócesis ha contestado a la demanda negando que la citada consultora interviniese en la operación, y lo cierto es que las partes no llegaron a firmar una encomienda por escrito, pero la firma ha aportado numerosas pruebas del trabajo realizado, incluyendo fotografías de su visita a las instalaciones acompañados por los responsables de la Iglesia. La demanda no fija la cantidad reclamada, que por tanto habrá de decidirse en el juicio ordinario, si el juez falla a favor del demandante.
Según relata la empresa denunciante, dedicada a las grandes operaciones inmobiliarias en la provincia, entró en contacto con el edificio cuando Argelia buscaba una sede para su Consulado en Alicante (un proceso en el que el Gobierno magrebí también valoró la antigua sede de Coepa, hoy propiedad de un inversor ruso y alquilada por la Cámara de Comercio). Aquella operación no fructificó, y más adelante el ecónomo encargó a la misma empresa que buscase un posible comprador. La Diócesis pensaba en una residencia (el uso que había tenido el edificio), pero la consultora abrió el abanico a la sanidad privada.
Como ha contado este periódico, fue el grupo hospitalario Imed quien se hizo con el activo, aunque su proyecto está pendiente de obtener el visto bueno de la Administración y por el momento paga un alquiler. La operación se cerró en torno a los 10 millones de euros, por debajo del precio de salida que se había marcado la Iglesia. La empresa denunciante alega que fue la que encontró al comprador, lo puso en contacto con la Diócesis y negoció el precio, y que en el último momento el ecónomo firmó directamente con el comprador y nunca les pagó por su trabajo.
La parcela sobre la que se levanta el asilo abandonado cuenta con 6.000 metros cuadrados, pero en cambio tiene una edificabilidad de 22.000 metros, por lo que además de Imed, durante los últimos años se interesaron por ella varios promotores, incluido Enrique Ortiz. Ese interés no cristalizó hasta que la consultora contratada por el Obispado encontró al grupo hospitalario, después de que la Diócesis plantease incluso al Ayuntamiento de Alicante permutar el asilo por suelo municipal en la zona de Playa San Juan, lo que hubiese permitido destinar el edificio a usos dotacionales para el barrio de Benalúa, como reclamaban vecinos y partidos de izquierdas.
Esta denuncia se suma a la polémica por la venta fallida del solar de la Iglesia en Guardamar del Segura, donde se levanta el campamento de la fundación San José Obrero, después de que apareciese un 'corredor' con el acuerdo ya cerrado para presionar al comprador y lograr que elevase el precio y le pagase una comisión, según denuncia la promotora MPC Group. Como ha contado este diario, la promotora denuncia que en octubre había cerrado un acuerdo (en torno a 1,8 millones) negociando directamente con el ecónomo, pendiente del visto bueno del consejo económico de la Diócesis, y que el pasado mes de diciembre recibió una llamada del 'corredor' para indicarles que, si querían cerrar el acuerdo, "sube un poco el precio, paga la comisión, y fuera".
