Francisco Martínez, ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Foto: CANAL VEGA TV ALICANTE. El Obispado de Orihuela-Alicante ha relevado de su cargo al ecónomo de la Diócesis, el sacerdote Francisco Martínez, que venía ocupándose de la gestión económica del Obispado alicantino desde que accedió al puesto hace dos décadas. La decisión, que se oficializó este jueves, se ha adoptado mediante la fórmula de no renovar al ecónomo una vez agotado el periodo de cinco años para el que fue ratificado por última vez en 2016, pero en realidad Martínez iba a ser renovado para un nuevo quinquenio, hasta que Alicante Plaza destapó el escándalo del cobro de comisiones por operaciones inmobiliarias de la Iglesia.
Como desveló este periódico, el ecónomo hizo saltar por los aires la venta del solar de la Fundación San José Obrero en Guardamar del Segura, que ya estaba cerrada por algo menos de 2 millones de euros, al enviar a un 'corredor' para pedir una comisión al comprador, el grupo inmobiliario MPC Group. Este 'corredor', que en realidad es un empresario que se dedica a la recogida de ropa usada en contenedores (sin permiso municipal al menos en Alicante ciudad), exigió la comisión a MPC Group pese a no haber participado en la negociación, y amenazó con vender el terreno a otra promotora que sí estaba dispuesta a abonar la 'mordida'.
El mismo Francisco Martínez está también denunciado por no pagar a una conocida consultora inmobiliaria de la provincia sus servicios en la venta del asilo de Benalúa, donde se proyecta un hospital privado. El juicio estaba señalado para este mes de marzo, pero el atraso motivado por la pandemia ha llevado al juez a posponerlo hasta mayo. La consultora reclama el pago de sus servicios, dado que realizó el estudio de mercado y localizó al comprador, al que puso en contacto con la Diócesis, y posteriormente el ecónomo cerró el trato directamente con el comprador y negó la participación de esta firma en el proceso (de la que existe constancia documental y fotográfica en la denuncia).
Los escándalos inmobiliarios que ha desvelado Alicante Plaza no son los únicos que han salpicado recientemente al ecónomo de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Francisco Martínez es también el sacerdote que se ha hecho conocido por negarse a ponerse la mascarilla en el oficio de las misas, y de hecho se le atribuye el brote detectado entre las monjas de clausura del Monasterio de la Santa Faz, así como otro en el interior de la casa sacerdotal. En Santa Faz, nueve de las once agustinas terminaron contagiadas, aunque asintomáticas o con síntomas leves.
Antes de que este periódico destapase los escándalos inmobiliarios y de que el ecónomo saltase al resto de medios por su postura negacionista, estaba decidido ampliar su mandato otros cinco años. Sin embargo, este jueves el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, hacía oficial el cese del responsable económico de la Iglesia en la provincia. Aunque es el obispo quien oficializa la decisión, fuentes conocedoras de la operación explican que han sido las presiones de Roma, principalmente, las que han llevado al relevo del ecónomo.
En una circular, Murgui hace saber que el próximo 11 de abril, cuando se cumplan veinte años de su designación, Martínez abandonará el cargo, y que "una vez cumplidos los requisitos legales establecidos en el canon 494,1 del Código de Derecho Canónico" se ha designado para sucederle en el cargo al sacerdote Vicente Martínez Agulló. Una persona que, según explican las mismas fuentes, es un hombre próximo al ecónomo saliente. De hecho, era su lugarteniente en la gestión económica de la Diócesis y actualmente es presidente de la Fundación San José Obrero, la protagonista de la polémica venta fallida del solar de Guardamar.
"Desde estas líneas deseo expresar mi sincero agradecimiento al ecónomo saliente por su entrega y dedicación", asegura Murgui al final de la circular, en la que también da la bienvenida al nuevo responsable. La operación, así, supone apartar a Martínez de la primera línea en un momento en que está cercado por los escándalos, pero situar a una persona de la máxima confianza del ecónomo saliente para tomar el relevo. De hecho, las mismas fuentes explican que el ecónomo quería renovar para otros cinco años, y que puso como condición que, si no se le renovaba, su sucesor fuera el finalmente elegido.
