ELCHE. La Junta de Gobierno ha dado este viernes luz verde a la demolición del emblemático inmueble de Almacenes Parreño, algo que ya estaba previsto pero que no por ello ha dejado de generar polémica. En su momento porque no está protegido a pesar del valor cultural y social en la ciudad, y ahora porque es una cuestión que divide al bipartito. Compromís ha votado en contra de la actuación y propuso al PSOE la compra del inmueble para evitar su derribo.
Como contó este medio, el expediente para la demolición está en el Consistorio desde al menos mayo del año pasado (puede que finales de 2019). El emblemático edificio de la calle Salvador —y que da a la calle San Isidro, donde también se vende el solar—, fue la primera y de las más importantes jugueterías de la ciudad. Se trata además de un inmueble centenario. Tras el runrún sobre el caso, l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV) envió una misiva al alcalde pidiendo la protección así como la actualización del catálogo de protecciones. Ahora el equipo de gobierno ha aprobado la licencia de derribo, que al estar en el Núcleo Histórico Tradicional (NHT) ha tenido que seguir una serie de trámites.
Interior de la juguetería / CÁTEDRA PERE IBARRAPrimero se declaró el edificio en ruina y según explica el portavoz Héctor Díez, cuenta con el visto bueno de los técnicos del servicio territorial de Cultura y Patrimonio para autorizar la demolición. Por lo que se ha otorgado la licencia. En este caso, para echar abajo el edificio no hace falta realizar catas arqueológicas, cosa que sí procede para la posterior licencia de construcción que se tiene que aprobar. El permiso lo ha solicitado la familia propietaria del inmueble, los Pérez-Ortiz Brufal, que según ha podido saber este medio, ya tendrían un comprador interesado en el suelo y por eso solicitan la demolición —ya se vendía desde hace tiempo el solar anexo atrás—, para que el interesado construya lo que estime oportuno. Algo que por el momento se desconoce.
Una cuestión que en cualquier caso ha generado disenso en el seno del bipartito, ya que Compromís votó en contra de la licencia de demolición, proponiendo conservar el edificio, lo cual va hilado con el catálogo de protecciones, pendiente de salir a licitación y de renovarse desde hace años. La juguetería nunca ha estado protegida a pesar de los elementos de valor que tiene —estructura, balconada y rejas, sillares, configuración de fachada—, ya que otros inmuebles con otros similares sí están protegidos. Al llegar tarde, porque ya se ha otorgado la licencia legítima que han solicitado los propietarios, Compromís ha propuesto la compra del inmueble, aprovechando el remanente de 12,1 millones de euros de este año, que permite gastar en más conceptos que en el pasado.
Algo que no aprueban los socialistas —además el remanente se tiene que gastar este año—, que apuntan que las licencias son actos reglados "y por tanto no tienen interpretación política, porque si la tuviera, si con todos los permisos no se otorga una licencia se estaría prevaricando". Díez explica que no se pueden negar las licencias si está toda la documentación en regla. "Más allá de si a uno le gustara o no la opción de conservar un edificio de nuestra ciudad. Hay un informe claro de ruina y el de Urbanismo así como el necesario de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, hay una seguridad jurídica que no se puede saltar".
Sobre la propuesta de proteger la fachada que propone Compromís, expone el edil que no hay herramientas actuales que permitan protegerlo. "Desde luego si tuviéramos la capacidad de otorgar esa licencia conservando la fachada lo habríamos hecho", apostilla el portavoz. Su homóloga en los socios de gobierno, Esther Díez, señalaba que “se trata de una fachada con valor patrimonial que hay que conservar, y la fórmula para garantizar esa protección es que la autorización de derribo se hubiera tramitado junto a un proyecto de edificación en el que se conservara la fachada". Es decir, que se admitiera derruir el edificio con la garantía de que el elemento con más valor se mantuviera.
Añadía la concejala que se podrían rescindir los alquileres que se están pagando para que se ubiquen dependencias municipales en dicho edificio. Insiste en que la conselleria no ha autorizado la demolición, sino que ha ratificado que la demolición ha de ir aparejada del proyecto de edificación. Así lo establece de hecho el Plan General, aunque primero procede la licencia de derribo y después la de construcción, en la primera se tiene que añadir el proyecto básico sobre la futura edificación para evitar que se otorgue el permiso de derribo y después no se ejecute nada en el solar. De hecho hay un tiempo establecido para empezar a demoler tras el permiso, por eso la derruición será inminente.
No obstante, el Plan General deja una puerta abierta a que que se puede no exigir la edificación de nueva planta si el inmueble se ha declarado en ruina, que es el caso. Conselleria ha estimado que si el Ayuntamiento no va a pedir que se adjunte el proyecto de nueva planta, como así ha sido, que admitan medidas de 'ornato', que ha planteado la propiedad y que ha aceptado Urbanismo, que suponen no dejar el solar vacío: en este caso, se demolería el edificio pero dejando intacta la planta baja, la parte de piedra. A falta de conocer el futuro proyecto, esta podría ser una medida transitoria hasta que se pida la licencia de obra en el plazo de dos años para no dejar vacío el solar.
Compromís pedía aprovechando este 'ornato' que se conservara la fachada en la demolición. Y acababan urgiendo a que se impulse ya el catálogo de protecciones, porque lo que subyace tras este caso, como en otros, es que es un edificio singular con valor patrimonial, y que independientemente de que sea privado, antes de la licencia, que ya generaría conflicto jurídico, se podría haber modificado el PGOU, como se está haciendo con los Baños Árabes y los refugios del Mercado Central.
