Un grupo de agentes de la Policía Local de Alicante, en imagen de archivo.ALICANTE. Primer trámite en marcha para la constitución de la comisión de investigación sobre el 'caso enchufes' de Alicante. La secretaría general del pleno ha remitido este lunes un oficio a los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Ciudadanos, Unides Podem EU, Compromís y Vox) en el que les emplaza a designar a sus respectivos representantes en ese órgano político que se acordó constituir en el pleno ordinario de marzo para revisar las oposiciones al Cuerpo de Policía Local bajo sospecha.
El objetivo de ese grupo de trabajo es analizar si pudo producirse una adulteración de las pruebas con el fin de beneficiar a determinados aspirantes que, según sostienen denunciantes de identidad reservada que permanecen en el anonimato, guardarían distintos grados de relación con mandos policiales, con otros agentes, con concejales y expolíticos de PP, PSOE y Vox, con representantes de los sindicatos UGT y CSIF y con responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio al Cuerpo de Policía Local o al Ayuntamiento.
En concreto, se trataría de una situación que afectaría a cerca de 70 de los 92 aspirantes que habrían resultado seleccionados al término del proceso al haber obtenido las puntuaciones más altas. Entre ellos, según las mismas fuentes, figurarían hijos, parejas sentimentales, yernos, sobrinos y amigos de personas adscritas a la Policía Local o al Ayuntamiento.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza indicaron que los representantes de las cuatro fuerzas que ejercen funciones de oposición en esa comisión serán sus respectivos portavoces: Paco Sanguino, por el PSOE; Xavier López, por Unides Podem; Natxo Bellido, por Compromís; y Mario Ortolá por Vox. Las dos formaciones que conforman el equipo de gobierno, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), todavía no han precisado quiénes serán los ediles que quedarán integrados en dicha comisión, aunque todo parece indicar que, por el PP, se podría plantear la designación del edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, y que el representante de Cs sea la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, o el edil de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa. Cada grupo político deberá proponer, además, a otro concejal como suplente.
El tribunal da por cerrado el proceso con la publicación de las puntuaciones finales de los 92 aspirantes que habrían superado las pruebas con el fin de que puedan completar su formación en el IVASPE
Tampoco se ha precisado todavía quién asumirá la presidencia de dicha comisión. A priori, la responsabilidad de organizar sus trabajos podría ser González como responsable de las dos áreas relacionadas con la oposición: las de Recursos Humanos y Seguridad. Con todo, se ha venido especulando con la posibilidad de que se pueda dejar la presidencia en manos del representante que acabe siendo propuesto por parte de Cs con el fin de reforzar la neutralidad de la comisión.
Entre tanto, el tribunal responsable de la convocatoria, formado por el jefe de la Policía Local, José María Conesa; una funcionaria del grupo A1, dos vocales designados por el IVASPE y un tercer vocal nombrado a propuesta del presidente (en este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva) ha dado por concluido el proceso con la publicación de la relación de 92 aspirantes seleccionados tras la publicación de las puntuaciones obtenidas en las tres pruebas por escrito desarrolladas hasta ahora (el test, la resolución de un supuesto práctico y la prueba de valenciano). En esa resolución, que se habría alcanzado por unanimidad del tribunal, según se hace constar de forma expresa, se propone al alcalde que haga suya esa relación de aspirantes aprobados que, "previa presentación de la documentación exigida en las bases de la convocatoria, deben incorporarse al Instituto Valenciano de Seguridad Pública para seguir el curso teórico-práctico, de conformidad con lo establecido en las bases específicas del proceso". Así, una vez superado ese periodo de formación en el IVASPE, se procedería a su incorporación al servicio como funcionarios de carrera.
El alcalde, Luis Barcala, avanzó el pasado miércoles la solicitud de informes jurídicos para evaluar si el equipo de gobierno dispone de la posibilidad de suspender cautelarmente el proceso hasta que se dilucide si pueden haber existido anomalías que manipulasen su resultado o, incluso, si existen "opciones y condiciones legales para adoptar la decisión de anular y ordenar la repetición de una o varias de las pruebas ya celebradas", en el caso de que se confirme alguna posible irregularidad. Por ahora, se desconoce si ese informe está concluido y cuáles son sus conclusiones.
