El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Seguridad, José Ramón González, junto a los mandos directivos de la Policía Local. ALICANTE. Cambio de paso en el caso enchufes sobre la supuesta adulteración de la oposición a la Policía Local de Alicante. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha anunciado este miércoles, a través de un comunicado, su intención de estudiar la "suspensión cautelar" del proceso, pese a que el edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González (PP), había sostenido este martes, en una comparecencia pública, que el equipo de gobierno no tenía capacidad para intervenir y adoptar esa decisión, en tanto que es el tribunal del proceso "libre y soberano" el que dirige el proceso.
González añadió que PP y Cs no podía "prejuzgar nada" y señaló, sobre la posible suspensión del proceso, que solo una instancia judicial podría adoptar un acuerdo que dejase sin efecto nuevos avances en la convocatoria, lo que supondría el retraso en la toma de posesión de los 92 agentes que habrían obtenido las puntuaciones más altas a la finalización de las pruebas. Si bien es cierto que, en primer término, hasta el propio González había dejado abierta la opción de "plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento si del citado informe se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso", según el primer comunicado emitido el lunes, ha sido veinticuatro horas después de la comparecencia del regidor, cuando el primer edil ha señalado que este mismo miércoles había solicitado "a la secretaría general del Ayuntamiento un informe jurídico que pueda avalar" la decisión de suspender el proceso.
Y no solo eso. Las mismas fuentes apuntan que el primer edil también ha solicitado a la secretaría general que informe sobre "las opciones y condiciones legales para adoptar la decisión de anular y ordenar la repetición de una o varias de las pruebas ya celebradas", en el caso de que se confirme alguna posible irregularidad en el citado proceso de oferta pública de empleo. Del mismo modo, Barcala requiere el dictamen jurídico sobre el órgano competente para la adopción de cada una de estas decisiones planteadas. "He dejado muy clara desde el principio mi voluntad de máxima transparencia sobre este procedimiento y en esta línea se enmarca la petición a la secretaría general de este informe jurídico sobre la suspensión cautelar y la posible repetición de alguna de las pruebas", ha manifestado el primer edil, a través de la misma nota pública.
La petición del informe por parte del alcalde se produce dos días después de que el primer edil ordenara a la concejalía de Recursos Humanos la apertura de un expediente informativo sobre los hechos y en vísperas de que el pleno municipal debata este jueves la aprobación de una comisión de investigación promovida inicialmente por los grupos que conforman la oposición hasta que concitó el acuerdo unánime del conjunto de fuerzas políticas representadas en la corporación.
Dicha comisión tendrá una representación proporcional a la de cada grupo político y se reunirá con una periodicidad mensual. Su objetivo será el de revisar el desarrollo de las oposición objeto de la controversia para dilucidar si pudo producirse alguna anomalía que beneficiase a familiares de mandos policiales, de otros agentes, de concejales y expolíticos de PP, PSOE y Vox, de representantes sindicales y de responsables de varias de las empresas que guardan algún tipo de relación con el Ayuntamiento, según trascendió el lunes, tras su difusión por parte de Radio Alicante, a través de denunciantes que permanecen en el anonimato.
El trabajo de esa comisión se sumará al del expediente informativo ya en curso por parte de la Concejalía de Recursos Humanos desde el pasado lunes. Y, también, como informó este diario, a las averiguaciones que ha emprendido en paralelo la Agencia Valenciana Antifraude en respuesta a las denuncias recibidas al respecto, según detalló su director, Joan Llinares, este martes, durante la presentación de la memoria del organismo, en València.
Fuentes consultadas por este diario han precisado este miércoles que Antifraude ya abrió una primera investigación sobre unas oposiciones a Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Alicante con anterioridad. No obstante, ese expediente acabó archivándose al no encontrarse evidencias de ninguna anomalía. Ahora, estaría en curso una segunda investigación tras otras denuncias relacionadas con la actual convocatoria de oposiciones.
¿Qué habría motivado el cambio de posicionamiento expreso por parte del primer edil respecto a las explicaciones facilitadas por el edil de Recursos Humanos? Fuentes consultadas inciden en que no se trataría de una desautorización, sino de afrontar en primera persona las medidas a adoptar para esclarecer la controversia suscitada con la convocatoria. Sobre todo, según las mismas fuentes, si se tiene en cuenta la contradicción que supondría mantener el proceso cuando se prevé aprobar una comisión de investigación para dilucidar si existieron las supuestas irregularidades denunciadas de manera anónima.
