El edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González.ALICANTE. El caso de supuesto nepotismo en las oposiciones a Policía Local de Alicante genera las primeras consecuencias en forma de acuerdos administrativos e iniciativas políticas con el fin de tratar de esclarecer si hubo una manipulación del proceso en beneficio de familiares de mandos policiales, de agentes, de concejales y expolíticos, de responsables de sindicatos y de empresas que prestan algún tipo de servicio al Ayuntamiento. Eso sí, por el momento, esas medidas no supondrán ninguna modificación sobre el resultado de la convocatoria, puesto que el tribunal a cargo de su dirección es "libre, soberano e independiente" para adoptar decisiones y no puede existir interferencia de ningún órgano de representación política, según ha explicado este martes el concejal de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González. A lo sumo, sería una instancia judicial -en caso de que mediase denuncia y se abriesen diligencias- la que podría acordar una posible suspensión, según ha añadido.
Esas son las primeras conclusiones del informe jurídico encomendado tras la controversia, con la que se habría dado inicio al expediente informativo anunciado el lunes con la intención de dilucidar si se produjo una presunta adulteración de las pruebas bajo sospecha. Ese dictamen, todavía en elaboración, debe marcar el camino a seguir en ese expediente y determinar las posibilidades de actuación, toda vez que el tribunal dispone de capacidad para funcionar de manera autónoma y soberana, según ha enfatizado González.
Con todo, ha señalado que, en paralelo, también se ha solicitado informe sobre el proceso de selección a su presidente, el jefe de la Policía Local, José María Conesa, que asume la responsabilidad de tutelar todos los procesos de oposiciones al cuerpo local en función de lo previsto en la legislación. De nuevo, el concejal ha reiterado que el resto de componentes de ese órgano son una funcionaria de nivel A1 por delegación del secretario municipal, dos vocales designados por el IVASPE y un tercer vocal nombrado a propuesta del presidente. En este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva.
Al tiempo, tanto González como los portavoces de Unides Podem EU y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido, ha confirmado que los seis grupos políticos que conforman la corporación (PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) han alcanzado un acuerdo unánime para constituir una comisión específica no permanente en la que se analice el proceso de selección, al margen del expediente informativo interno ya en curso, y pueda solicitarse las comparecencias de los participantes en esa evaluación. Entre ellos, González ha anticipado que uno de los primeros que podría ser llamado a responder ante la comisión sería el mismo presidente del tribunal para que ofrezca las explicaciones que se consideren oportunas.
El bipartito se abre a aplazar la propuesta sobre el inicio del expediente para reconocer a la Policía con la Medalla de Oro de la Ciudad que se prevé debatir en el pleno de marzo
La creación de dicha comisión se planteará a través del registro de una moción conjunta por el procedimiento de urgencia que quedará aprobada por unanimidad en el pleno ordinario de marzo, este jueves. Dicha comisión estará compuesta por un representante de cada grupo político, cuyo voto tendrá un peso proporcional al de la representación de cada partido en el pleno de la corporación. Sus reuniones serán públicas y tendrá una periodicidad quincenal. Su fin: la revisión del proceso de Oferta Pública de Empleo y dilucidar si se ha producido algún tipo de irregularidad en su tramitación.
González ha justificado el acuerdo de constitución de dicha comisión -que ya había sido propuesta el lunes por las tres formaciones que conforman el eje progresista- en la necesidad de aportar la máxima transparencia para conocer si hubo o no una manipulación del proceso de selección. En todo caso, pese a insistir en señalar que "no existe ninguna denuncia formal, ni impugnación o reclamación al proceso", la pretensión del equipo de gobierno es "no escatimar esfuerzos para aclarar todos los aspectos relacionados con la tramitación de este procedimiento".
En todo caso, el responsable de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, sí ha apuntado este martes, en la comparecencia en la que ha presentado la memoria anual del organismo, que se mantiene una investigación en curso sobre las oposiciones a la Policía Local de Alicante desde mediados de 2021, aunque todavía no se habría concluido el proceso de indagaciones. Se trata de una información que, según precisaron portavoces oficiales de la Agencia este lunes, no se desvela de manera habitual con el fin de no perjudicar al desarrollo de las investigaciones. Sea como fuere, en esa misma comparecencia, se ha dado cuenta de que el 25% de las denuncias que se registran en la Agencia están relacionadas con las oposiciones a Policía Local.
González ha asegurado que desconocía la existencia de esa posible investigación por parte de la Agencia Antifraude y se ha limitado a apuntar, respecto a la comisión municipal que se prevé constituir este jueves, que "no se puede prejuzgar nada; en la comisión habrá momento de poder preguntar y dar explicaciones. Por ello creamos esta comisión que creemos se tiene que celebrar en el menor tiempo posible sobre la tramitación de la Oferta Pública de Empleo de la Policía Local, porque cuanto antes se aclaren todo va a ser mucho mejor".
Por último, ha señalado que, en función de los datos recabados hasta ahora por el departamento de Recursos Humanos, "se presentaron en esta Oferta de Empleo 1.500 solicitudes", aunque -como había adelantado Alicante Plaza, según la información recabada de fuentes municipales- solo 914 aportaron el informe médico "y al psicotécnico llegaron 573 personas". Además, ha ratificado que "al primer examen fueron 281 aspirantes de los cuales aprobaron en total 144 personas".
Al margen de ello, González ha deslizado la posibilidad de que pueda aplazarse el debate sobre la propuesta promovida por el equipo de gobierno para que se inicie el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Cuerpo de Policía Local, que se pretendía votar en el pleno ordinario de este jueves. El edil ha señalado que, en su opinión, ese reconocimiento no guardaría relación con la controversia suscitada por el desarrollo de las oposiciones, por lo que, "mi valoración personal es que no habría problema en que el acuerdo se debatiese y se aprobase". No obstante, ha apuntado que se tratará de alcanzar un acuerdo consensuado por el conjunto de grupos políticos y que podría plantearse su retirada con el fin de que la propuesta pueda retomarse en otra sesión plenaria, sin coincidir con el acuerdo de constitución de una comisión para investigar la presunta manipulación de las oposiciones, como había planteado Compromís, por ejemplo.
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, asegura que existe una investigación en curso sobre el proceso desde mediados de 2021
Por su parte, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha señalado que, al margen del acuerdo sobre la moción conjunta -en la que, según ha apuntado, "hemos tenido que solicitar que se incluya el carácter público de las sesiones y su periodicidad"-, "seguimos preocupados y creemos que algo huele a podrido; vamos a ver cómo se encamina esta comisión y si se nos facilita toda la información, porque no es la transparencia la tónica general de este equipo de gobierno". "Vamos a ser cautelosos, pero vamos a pedir responsabilidades políticas si finalmente hay visos de que ha habido irregularidades; nos preocupa mucho que haya vinculaciones con determinados partidos, puesto que se ha hablado del PP, el PSOE o Vox, y no vamos a cesar en el empeño de que todas estas vinculaciones se hagan públicas y tengan consecuencias a nivel político, puesto que los cargos institucionales debemos garantizar honorabilidad", ha concluido. "Vivimos en una ciudad de 350.000 habitantes y nos parece muy llamativo que en un centenar de aspirantes existan esas vinculaciones con los partidos", ha concluido.
Por Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, se ha felicitado de que se hayan aceptado las aportaciones formuladas por la oposición para formalizar la constitución de la comisión de investigación sobre el proceso con el fin de "llegar al fondo del asunto". Además, ha señalado que "puede ser un buen momento para reflexionar sobre el procedimiento de estas oposiciones, puesto que los sindicatos ya vienen reclamando desde hace tiempo otro modelo que pueda generar una mayor transparencia y en el que sea más difícil que pueda existir anomalías".
Entre esas fórmulas, se barajaría la posibilidad de que todos los procesos de oposiciones a los cuerpos de Policía Local de los distintos ayuntamientos de la Comunitat pudiesen centralizarse en el IVASPE con un mismo mecanismo y convocatoria para todos los aspirantes. El propio edil de Recursos Humanos, José Ramón González, se ha mostrado partidario de ello, si así se resolviese por parte de la Generalitat. Por lo pronto, los tres partidos que conforman el Consell del Botànic ya se han posicionado en esa dirección este martes, mientras que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha emplazado al Ayuntamiento a abordar la investigación sobre el proceso para llegar "hasta el final".
Al margen de ello, las consecuencias de la difusión de las supuestas anomalías en el proceso ha llevado al menos a la dirección provincial del sindicato SPPLB a conminar a sus representantes a no realizar declaraciones ni valoraciones sobre las convocatorias de oposiciones. En concreto, la secretaría provincial ha remitido una comunicación interna en la que apunta que "ante las informaciones anónimas publicadas hoy en varios medios de comunicación referente a posibles irregularidades en proceso selectivo del turno libre de 92 plazas de agentes de Policía Local, y las quejas al respecto recibidas de varios afiliados que están como aspirantes aprobados en dicha oposición, y consultada la comisión permanente provincial de Alicante del sindicato SPPLB y de FESEP, se acuerda: a partir de hoy ningún representante del sindicato SPPLB o FESEP realizarán ninguna declaración pública al respecto, hasta tanto el Ayuntamiento de Alicante, o en su caso Fiscalía o juzgado resuelvan lo que proceda".
