Panorámica del nuevo acceso ferroviario a Alicante tras la llegada del AVE. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, avanzó este viernes la inclusión de una partida de 400.000 euros en los presupuestos de 2020 en lo que supone el primer paso para la contratación de los trabajos de redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pueda sustituir al aprobado en 1987, todavía vigente. Ese primer avance se produce después de que se haya saldado la deuda pendiente con Laboratorio de Proyectos: el gabinete que finalizó la última propuesta de planeamiento, en 2014, y que quedó desestimada un año después, cuando trascendieron las conversaciones sobre el supuesto amaño en favor del promotor Enrique Ortiz recogidas en el sumario del caso Brugal.
Como precisó el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), el nuevo planeamiento dará "prioridad a la ciudad consolidada por encima de nuevos desarrollos en el extrarradio", en función de los nuevos criterios que se recogen en la Ley de Ordenación del Territorio (Lotup). Y como también añadió el regidor, el equipo de Gobierno aspira a disponer del Plan General Estructural (la ordenación marco) al final del actual mandato, en el año 2023, pese a que se trabaje al mismo tiempo en la ordenación pormenorizada.
Con todo, no habrá que esperar hasta entonces para cubrir situaciones que se considera prioritarias, como también apuntó el alcalde, el popular Luis Barcala, en el desenlace del debate sobre el estado de Alicante. En concreto, PP y Cs contemplan la posibilidad de encauzar antes de ese horizonte de tres años al menos tres actuaciones principales. La más inmediata, según fuentes municipales, sería la aprobación del nuevo catálogo de protecciones. En principio, la propuesta -que parte de la elaborada durante la etapa de gobierno de PSOE, Guanyar y Compromís- se elevará a pleno a principios de 2020 (de hecho, debía haberse debatido antes de que finalizase este año), cuando los técnicos completen la revisión de las últimas fichas pendientes.
La principal novedad de ese documento será la eliminación de las restricciones a los vuelos de los edificios no sometidos a un régimen de protección integral en los que el PGOU permita más alturas, de modo que el Ayuntamiento no tendrá que compensar por la prohibición de esas elevaciones de más. También se han anunciado cambios por concretar por lo que respecta al sector de las Torres de la Huerta.
La segunda prioridad, a la que se prevé dar un impulso en los próximos meses, es la ordenación del suelo liberado de las vías del ferrocarril: la llamada Operación Integrada número 2. Fuentes municipales precisaron a Alicante Plaza que la sociedad Avant (responsable del desarrollo de esos terrenos) también prevé licitar en la primera mitad de 2020 la redacción del proyecto de ordenación de ese sector para agrupar el trabajo realizado hasta ahora por los técnicos de la propia sociedad.
Y la tercera cuestión que se pretende abordar con antelación es la creación de más suelo apto para la instalación de nuevas empresas en el entorno del polígono de Las Atalayas. Para ello, como avanzó Alicante Plaza, se impulsará una modificación puntual del PGOU actual que ampare el desarrollo de 1,5 millones de metros cuadrados que permita atender la demanda de parcelas por parte de una quincena de firmas que ya han manifestado su interés por asentarse en el recinto industrial.
Al margen de esa modificación puntual, también se debe abordar -sin aguardar al futuro PGOU- el cambio de planeamiento que resulta necesario para encajar el proyecto de construcción del nuevo edificio judicial proyectado frente al Palacio de Justicia de Benalúa. Se trataría de un cambio necesario para permitir la construcción de hasta dos alturas más de las que se contemplan en la ordenación actual en esa parcela.
