El 'juicio del ruido': Alicante insta a precisar si las mediciones de sus sonómetros son concluyentes  

ALICANTE. La controversia suscitada en torno al ruido, que los vecinos asocian a los desmanes del ocio en el Centro de Alicante, registrará otro hito clave en sede judicial: el desarrollo de una vista convocada por el titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante a finales de febrero para que puedan procurarse aclaraciones respecto al informe pericial sobre los registros captados por la red municipal de sonómetros. Como mínimo, en esa vista se pretende que el especialista técnico autor de ese informe pueda determinar si las mediciones analizadas son concluyentes, como han solicitado los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Y si la ausencia de datos o valores anormales en algunos periodos concretos podría derivarse de la falta de funcionamiento de los sonómetros, como requiere la representación legal de los residentes que presentaron el recurso, instando por segunda vez (tras la anulación del primer proceso) la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS).  

Ese dictamen pericial, puesto a disposición del juzgado a finales de enero, concluye que sí se superan los registros máximos permitidos en la normativa sobre prevención de contaminación acústica tras analizar los datos captados entre enero de 2020 y octubre de 2023 por tres estaciones de medición situadas en el eje de la calle Castaños. En concreto, detalla que se habrían producido hasta 951 registros de más de 65 decibelios en horario nocturno durante el año 2020; 834 en 2021; 732 en 2022 y, por último, 178 hasta octubre de 2023. 

De ahí que determinase que sí concurrían las circunstancias para que se impusiesen las limitaciones previstas en una ZAS, como la que se conminó al Ayuntamiento a acordar a finales de 2019 en la primera sentencia favorable a los vecinos acordada por el Juzgado de lo Contencioso número 4. No obstante, el informe también advertía sobre la existencia de anomalías en los registros, como el descenso de los niveles detectados a partir de agosto de 2022. Así, llegaba a formular la recomendación de que se elaborase una segunda medición paralela para comprobar esos niveles y que se demandase a la empresa responsable del control de esos sonómetros que certificase que estaban calibrados.

A la vista de esas apreciaciones técnicas, el Ayuntamiento requiere ahora que el perito precise si las mediciones consideradas son correctas, que se explique porqué se habría producido un descenso de los niveles de ruido entre 2022 y 2023 y si se considera que los datos analizados son determinantes como para motivar que se acuerde una ZAS.

Por su parte, la representación legal de los vecinos plantea que el perito realice otra clase de puntualizaciones. Entre ellas, que concrete si el Ayuntamiento le ha facilitado los datos de todas las mediciones captadas en el periodo analizado, que explique si la presencia de niveles a cero se corresponde con la falta de funcionamiento de los sonómetros o que precise si ha comprobado realmente que los locales situados en la calle Castaños siguen en funcionamiento antes y después de la pandemia, por ejemplo. 

Además, solicita que se aclare si se ha emplazado a la empresa responsable del control de las mediciones a precisar si los sonómetros están calibrados, si la propuesta de una medición alternativa ha sido a sugerencia del Ayuntamiento y si el perito podría elaborarla llegado el caso.

¿Nuevas pruebas?

Por último, la representación legal de los locales de ocio y hostelería, agrupados en la asociación Alroa, no ha solicitado formalmente que se produzca ninguna aclaración concreta respecto al informe pericial, con lo que habría demorado su posicionamiento respecto a las apreciaciones recogidas en ese dictamen hasta la fase de presentación de informes de conclusiones. 

En principio, se prevé que el juzgado emplace a ese trámite tras la celebración de la vista de aclaraciones, salvo que alguna de las partes pueda solicitar la práctica de nuevas pruebas (y que esas peticiones se admitan), como la elaboración de un segundo informe alternativo de mediciones (sugerido por el perito). Hasta ahora, ninguna de las partes ha anticipado su intención de demandar nuevas comprobaciones o que se aporte documentación adicional.

Entre tanto, sigue en fase de resolución de enmiendas la revisión de la ordenanza municipal de ruido aprobada provisionalmente en el último tramo del pasado mandato y tampoco se ha dado salida efectiva al conjunto de medidas planteadas por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para tratar de atajar las molestias por ruido tanto en el Centro Tradicional como en el Casco Antiguo. De hecho, los residentes de este último barrio ampliaron este viernes sus quejas respecto a otra decisión que conculcaría su derecho al descanso en alusión a la autorización concedida para instalar una discomóvil con motivo de las celebraciones del Carnaval.