Un grupo de agentes de la Policía Local de Alicante, en labores de vigilancia en el entorno de la calle Castaños. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El recurso de casación presentado por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que rechazaba la implantación de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en las calles del barrio encalla en el Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal ha resuelto inadmitir a trámite la impugnación del colectivo vecinal al considerar que no se había dado argumentos suficientes para que pudiese tenerse en consideración, según han confirmado fuentes jurídicas consultadas por Alicante Plaza. Las mismas fuentes señalan que la resolución, notificada hace dos semanas pero conocida ahora, no aporta ninguna motivación adicional y, como es lógico en toda inadmisión, no llega a profundizar en el fondo del asunto.
¿La consecuencia? La evidente: la sentencia previa del TSJ, dictada en diciembre de 2021, alcanza plena eficacia -una vez desestimada la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) con la interposición de un recurso de amparo- con lo que queda descartada la posibilidad de que el Ayuntamiento de Alicante se vea forzado por resolución judicial a acordar nuevos límites sobre la concentración y el funcionamiento indebido de los negocios hosteleros asentados en el perímetro de la calle Castaños, a los que la demanda vecinal atribuía el origen del problema.
Como informó este diario, en esa sentencia, el TSJ revocaba la sentencia de primera instancia, de noviembre de 2019, en la que sí se fallaba a favor de la asociación de residentes al considerar que, con los niveles sonoros registrados en ese entorno, se estaban vulnerando derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. En concreto, el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la protección de la salud, el derecho al medio ambiente adecuado a la vida y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La jueza condena a Alicante a declarar el Centro zona saturada de ruido tras el recurso vecinal
El Ayuntamiento de Alicante, la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa) y distintos hosteleros a título particular recurrieron en apelación esa primera sentencia y lograron que el TSJ revocase esa resolución al considerar que la asociación vecinal, como entidad con personalidad jurídica, carecía de legitimidad para invocar la vulneración de derechos fundamentales que pertenecen a la esfera de las personas.
Esa nueva sentencia llevó al colectivo de residentes a dirigirse ante el TS con la pretensión de que pudiese rectificarse esa nueva resolución en base a los precedentes registrados en otros supuestos similares. Su recurso queda desestimado ahora, pero el litigio continúa. De hecho, varios miembros de la Asociación de Residentes interpusieron un contencioso a título individual, en su condición de personas físicas, con el mismo objetivo: que se conminase al Ayuntamiento a acordar restricciones al ruido. Ese nuevo recurso ya está en tramitación en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante, en periodo de presentación de prueba, según fuentes consultadas.
La inadmisión a trámite del recurso ya ha propiciado las primeras valoraciones por parte de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Así, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha apuntado que "desde Unidas Podemos volvemos a mostrar nuestro apoyo a las entidades vecinales que no sólo están batallando contra el ruido, lo hacen por un cambio de modelo de ciudad que devuelva la vida cotidiana a los barrios del centro urbano".
"Nuestro grupo municipal insiste en la necesidad de desplegar la ZAS y acabar con la saturación que está provocando el éxodo de familias hacia los distritos periféricos. Desplegar un plan para impulsar el comercio de proximidad y diversificado dando además soporte al que ha resistido a pesar de las políticas del Partido Popular y, sobre todo, atender a la vulneración de derechos que se está produciendo hacia miles de personas que ven condicionadas sus vidas por actividades que necesitan de una mejor regulación", ha añadido.
