ALICANTE. Alicante consigue aprobar, finalmente, la actualización de la ordenanza de protección acústica, conocida como la ordenanza del ruido, en el último pleno ordinario del mandato, gracias al respaldo del equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) y PSOE. El grupo municipal de Vox se ha abstenido junto a Compromís, mientras que Unides Podem EU ha votado en contra. El ajuste de la normativa municipal llega 32 años después de que se aprobase la versión que permanecía vigente hasta ahora (validada en 1991), ya que la revisión que se intentó en 2019 no llegó a pasar más allá del trámite del visto bueno de la Junta de Gobierno, tras años de protestas y reivindicaciones de los residentes de entornos en los que existe una especial concentración de locales de ocio y restauración como el Centro Tradicional y el Casco Antiguo.
Eso sí, a partir de ahora tampoco tiene el terreno despejado para que pueda ser de aplicación, ya que los empresarios del sector del ocio y la hostelería ya han advertido -incluso en el desarrollo de la misma sesión plenaria- de la presentación de alegaciones, primero, y del inicio de acciones legales en los juzgados si el texto se aprueba en su redacción actual, según ha anticipado el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa), Javier Galdeano. En esta línea, ha lamentado que no se haya adoptado medidas previas que, a su juicio, resultan necesarias, como la existencia de un mapa del ruido o el incremento de la presencia policial, sin que se criminalice al sector de la hostelería, sobre el que ha augurado que se trata de imponer una persecución, según ha argumentado en su exposición previa al debate de la propuesta.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha incidido en que la ordenanza actual no resulta operativa en la medida en que se aprobó en 1991 y ha quedado desactualizada y ha explicado que, con su modificación, se pretende regular "la compatibilidad de cualquier actividad con el descanso de los vecinos". "Se ha tratado identificar todas las fuentes de ruido posibles, ver qué herramientas se pueden utilizar y aplicar las soluciones que cabe adoptar con la imposición de posibles sanciones", ha resumido.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha posicionado junto a los representantes de Alroa para señalar que no se ha concretado con carácter previo otras medidas necesarias como el incremento de la presencia policial que evite concentraciones de personas en la calle o la aplicación de la ordenanza de convivencia cívica. Así, ha alertado de posibles perjuicios sobre el sector de la hostelería después de varios años de restricciones con motivo de la pandemia de la covid-19. En esta línea, ha considerado que la ordenanza es necesaria aunque ha considerado que "atenta contra los hosteleros y autónomos". Por ello, ha reclamado un incremento de la presencia de la Policía a partir del mes de mayo. "¿Alguien piensa que a los hosteleros les interesa atraer a clientes o turistas descontrolados?", se ha cuestionado, por lo que ha insistido en señalar la existencia de "una persecución".
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado el retraso en la puesta en marcha de la actualización de la ordenanza y, aunque ha entendido las quejas del sector de la hostelería, también ha considerado que se trata de una regulación necesaria para propiciar el descanso vecinal. De igual modo, ha incidido en que, a su juicio, es una regulación "insuficiente" en la medida en que no se habría atendido sus enmiendas para introducir una mayor participación ciudadana. En todo caso, ha confirmado que "no bloquearemos la aprobación de esta ordenanza" al interpretarla como un avance mínimo, pese a que todavía se deba afrontar un debate "más amplio como es el modelo de Casco Antiguo y de Centro Tradicional que queremos".
El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha señalado que la ordenanza va más allá de regular la convivencia y el derecho al descanso. "Nadie culpa a la hostelería de los males de la ciudad; el problema es de modelo de ciudad y de no tener estrategia turística ni saber qué queremos para el Centro Tradicional y el Casco Histórico", ha expuesto. "Al final, no es un problema de enfrentar al vecindario con los hosteleros, es un problema de la administración local, que se ha despreocupado y ha dejado hacer", ha apuntado. Así, ha recalcado que "al menos se ha avanzado tímidamente algo" con esta propuesta "que se guardó cuatro años en el cajón en 2019". No obstante, ha señalado que su grupo votaría en contra.
Por el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha considerado necesario que el Ayuntamiento hubiese "conciliado posturas, sin permitir que se produjese enfrentamiento entre los derechos al descanso y al desarrollo de una actividad económica". "Esta ordenanza la tienen desde principios de 2018, iniciándose un proceso de consultas y no se continuó con su tramitación", ha recordado. Así, se ha cuestionado por qué se trae esa propuesta "en el último pleno del mandato" sin haber buscado la concordia. Además, ha reprochado que no se incluyese una "oficina de control acústico" que ha considerado necesaria, aunque el PSOE no llegó a presentar ninguna enmienda en la que pudiese haber sugerido su incorporación. Al respecto, ha señalado que "era una responsabilidad de la concejalía que la ha tramitado". En todo caso, ha anticipado que "a partir de mayo, nosotros si la incluiremos". Por último, ha acusado al concejal de Urbanismo y al conjunto del bipartito de improvisación y de falta de planificación por el hecho de haber propuesto la actualización de la norma al final del mandato.
En el turno de réplica, Ortolá ha insistido en que la ordenanza "puede crear la destrucción de la hostelería en las manos equivocadas por las herramientas que da" y ha defendido que "nosotros creemos un modelo de libertad, de seguridad". "Ustedes", ha señalado, en alusión a Unides Podem EU, "lo que quieren es el modelo de Barcelona y de la señora Colau", ha añadido. Bellido ha señalado que "un ayuntamiento y un alcalde tiene que hacer política y ordenar la ciudad" garantizando derechos para todo el mundo. "El modelo de este alcalde es el de no hacer nada, el de ocultarse, y eso no puede ser porque los vecinos no aguantan más", ha añadido. Al tiempo, ha lamentado "el poco comercio que nos queda en estas calles" como consecuencia de la acumulación de problemas. "Esto no va a acabar con nada, lo que queremos es otro modelo", ha señalado.
Por Unides Podem EU, la réplica ha llegado de la mano de la edil Vanessa Romero, quien ha señalado que "las enmiendas que se nos aceptaron en comisión, aunque mejoran el texto, no son suficientes, por lo que las reiteramos en este pleno para que exista una mayor participación ciudadana en la mesa del ruido y que se acepten los informes que se adopten" en ese foro.
Santos Pérez ha concluido para señalar que la ordenanza es "una actualización de la normativa existente". "Esto es la herramienta para poder aplicar leyes que ya están en vigor desde hace muchos años", ha recalcado. Además, ha reprochado a PSOE, Unides Podem EU y Compromís que no aprobasen la revisión del texto durante los dos años y medio que gobernaron durante el pasado mandato. Y, respecto a la hostelería, ha señalado que "esta normativa abarca a todas las fuentes de ruido, no solo a la hostelería, y aquellos que cumplan con la normativa no tienen nada de qué preocuparse". Sobre el momento de aprobación de la ordenanza, ha señalado que "esto es un equipo de gobierno y trabajamos hasta el final".
Por el PSOE, Amorós ha insistido en que la revisión de la ordenanza se inició bajo la responsabilidad del PSOE en 2018, sin que el PP ni ahora el bipartito la haya tramitado hasta el último pleno del mandato.
Así, después del rechazo de todas las enmiendas reproducidas en el pleno con el voto en contra de los ediles del equipo de gobierno y de Vox (15 votos, ante la baja de la exconcejal Julia Llopis), la ordenanza ha quedado aprobada de forma inicial con el resultado ya apuntado: 22 votos a favor, cuatro abstenciones y dos votos en contra.