Agentes de la Policía Local, en labores de vigilancia en el Centro de Alicante, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Exceso de ruido y concentrado en horario nocturno, cuando se desarrolla la actividad del ocio y la hostelería. Esas son las principales conclusiones alcanzadas en el informe pericial solicitado por el titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 en el segundo proceso judicial abierto por una supuesta vulneración de derechos fundamentales a instancia de dos vecinos del Centro Tradicional de Alicante a título particular, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) -con aval posterior del Tribunal Supremo (TS)- anulase la primera sentencia (al interpretar que la Asociación de Vecinos del Centro tradicional no tenía legitimidad para reivindicar la protección de derechos fundamentales que pertenecen a la esfera individual), por la que se conminaba al Ayuntamiento a acordar la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el perímetro encuadrado en torno a la calle Castaños.
El estudio resume expresamente que sí se superan los registros máximos permitidos en la normativa sobre prevención de contaminación acústica, regulada en esencia a través de la Ley de Ruido 37/2003, de carácter estatal; de la Ley 7/2002 de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica; y, sobre todo, del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, en el que se marca los valores máximos a considerar a la hora de determinar si resulta de aplicación una ZAS.
En concreto, el dictamen técnico señala que "los valores obtenidos" a partir del funcionamiento de tres de los sonómetros situados en la calle Castaños, incluidos en la red automática de control del ruido que el propio Ayuntamiento instaló a partir de 2016 tanto en el Centro Tradicional como en el Casco Antiguo, "superan ampliamente los mínimos requeridos para poder declararse zona ZAS el ámbito cubierto por los sonómetros analizados". Y además se incide en que "casi la integridad de las mediciones que superan el límite máximo permitido se producen en horario nocturno", en la franja comprendida entre las 22:00 y las 8:00 horas.
En esta línea, el estudio detalla que en el conjunto del periodo analizado, desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de octubre de 2023, se habrían producido hasta 951 registros de más de 65 decibelios en horario nocturno durante el año 2020; 834 en 2021; 732 en 2022 y, por último, 178 hasta octubre de 2023. Todo, según los datos sobre las mediciones captadas por esos tres sonómetros (situados en una calle eminentemente peatonal, con reducida incidencia sonora generada por el tráfico) remitidas al juzgado por el propio Ayuntamiento. A juicio del perito -designado por el propio juzgado y, en consecuencia, sin que su trabajo haya sido instado por ninguna de las partes-, ese balance permitiría concluir que sí se dan las condiciones para que pudiese acordarse una declaración de ZAS, como ya se concluyó durante el primer proceso judicial, en el que -precisamente- también se contó con un dictamen pericial elaborado por el mismo especialista, aunque con registros relativos a años precedentes.
Y se vuelve a llegar a esa misma conclusión tras subrayar que el Decreto 104/2006 de la Generalitat, en el que se definen las condiciones para la declaración de una ZAS se determina que "serán declaradas Zonas Acústicamente Saturadas aquellas en las que, aun cuando cada actividad individualmente considerada cumpla con los niveles establecidos en la referida ley, se sobrepasen dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo de 35 días naturales, y en más de 20 dB(A), los niveles de evaluación por ruidos en el ambiente exterior establecidos en la tabla 1 del anexo II de la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica". En concreto, en esa tabla se fija el límite de 45 decibelios para las zonas residenciales en horario nocturno, que quedaría ampliamente rebasado, según el estudio.
No obstante, entre las conclusiones del informe, también se llama la atención sobre varios aspectos. El primero, el hecho de que se aprecie "una mejora significativa en los niveles de ruido obtenidos a partir agosto de 2022, comparados con los datos equivalentes en fecha obtenidos de los años precedentes". En esta línea, el dictamen apunta que "se observa un porcentaje de valores mínimos superior al resto de las mediciones analizadas siendo esos valores, a juicio del técnico, poco fiables". Eso sí, el informe no llega a analizar las posibles causas de esa teórica anomalía, que podría explicarse a partir de una hipotética desconexión o error de funcionamiento, según fuentes consultadas.
Dos de los sonómetros instalados en la calle Castaños.Al mismo tiempo, el informe remarca que "parece poco lógico que los datos obtenidos durante el confinamiento por covid (entre el 15 marzo y el 21 de junio 2020) en los que el ocio estaba cerrado y las salidas estaban limitadas, sean superiores a las del año 2023 en el sonómetro Castaños I". De ahí que, esas dos circunstancias conjuntas, lleve a que se recomiende la realización de un trabajo de evaluación alternativo. "Sería conveniente realizar una medición sonométrica paralela para verificar los datos obtenidos", plantea el informe.
Y, por último, entre sus conclusiones, el informe también aboga por solicitar "a la empresa adjudicataria de la medición Urbiótica, S.L. que aporte la calibración de los sonómetros instalados" con el fin de confirmar su correcto funcionamiento. Todo, además, después de haber señalado que "la red de toma de datos sonométricos está conformada por sensores de ruido U-Sound y los equipos y software adicionales necesarios, adquiridos a la empresa Urbiotica, s.l" y que los aparatos corresponden al Tipo 2".
Se trataría de un dato hasta cierto punto significativo si se tiene en cuenta que "la normativa de la Generalitat Valenciana, Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. DOGV, nº 5305, de 18 de julio de 2006, indica en el Artículo 6, punto 2 que 'los sonómetros empleados en las mediciones serán, al menos, del Tipo 1'", que proporcionarían un mayor grado de precisión. De hecho, se apunta que "como el aparato utilizado es del Tipo 2, es óbice que no se ajusta a lo especificado en el Decreto de la Generalitat Valenciana, que exige que sea de Tipo 1".
Sea como fuere, tras la entrega de ese informe pericial en el juzgado, y su remisión a las partes, se abre un plazo de cinco días para que puedan solicitarse aclaraciones respecto a su contenido. Una vez cumplimentado ese trámite, será cuando el juzgado pueda analizar el fondo de la demanda y dictar sentencia, ya que -a priori- no tendría cabida la admisión de prueba adicional, salvo que se pueda atender la recomendación del informe pericial para que se encargue otra sonometría alternativa, por ejemplo.
Entre tanto, los residentes del Casco Antiguo de Alicante también persisten en reivindicar medidas de control que atajen el conflicto del ruido que asocian a los desmanes registrados en algunos de los locales de ocio nocturno. En esta línea, la asociación de vecinos Laderas del Benacantil reclamó este jueves que se retomen los trabajos de la comisión específica creada para acordar un Plan de Acción Local en el que se contemplen restricciones horarias para el funcionamiento de esos establecimientos.
"Esperamos que las promesas de que se apruebe la nueva normativa contra la contaminación acústica y dejemos atrás la actual del año 1991 sea una realidad y, lógicamente, que se tomen medidas, como la contemplada en el Plan de acción zonal iniciado el pasado año de reducción, real y eficiente, de horarios", apuntaron sus portavoces.
"Más evidencias no se pueden acumular tras los sonómetros colocados por el ayuntamiento en distintos puntos del Casco Antiguo que corroboraron la contaminación acústica que sufrimos, que excede los máximos permitidos con diferencia y durante varios días de la semana y que demuestra que nuestras denuncias y quejas durante tantos años, de la problemática eran reales (como así también nos lo dijo el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo)", añadieron.
"Queremos que se cumpla la normativa, somos una ZPAE (zona protegida acústica especial) que exige la toma de medidas desde el año 2018 y pruebas hay más que suficientes, por lo que nuestra reclamación es sencilla, que finalmente las medidas se plasmen para que se pueda descansar, se pueda emprender y dejemos de empobrecer y degradar nuestro Casco Antiguo", añadieron.
"Sabemos que desde la Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo se está trabajando en ello, pero cada día que pasa es un día más de no poder descansar con normalidad...", recalcaron. En esta línea, añadieron que, en la madrugada de este mismo miércoles, se registraron problemas "a las dos, tres y cuatro de la mañana...¿cómo alguien puede defender que esto es bueno para nuestra ciudad?", concluyeron.
