ALICANTE. El juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante derivado de las investigaciones del 'caso Brugal' echó a andar finalmente este martes, diez años después de que se desplegasen registros en dependencias públicas y privadas y de que se practicase el arresto de algunos de los principales encausados. 

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, compuesto por las magistradas Monserrat Navarro, Cristina Costa y Margarita Esquivá, debe dilucidar si los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo concedieron un trato de favor el promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta, según el sumario.

Salvo cambio de criterio improbable, las magistradas no llegarán a tomar esa decisión hasta la conclusión del proceso, programada (por ahora) para el 12 de noviembre, después de escuchar el testimonio de los nueve procesados y de que se practique el resto de prueba solicitada por acusaciones y defensas. Por el momento, el juicio se reanudará el próximo 7 de julio, en una segunda vista para la finalización del planteamiento de las cuestiones previas. Y, de completarse ese trámite, se retomaría el 23 de septiembre con la toma de declaraciones de los encausados.

Sea como fuere, las claves que pueden determinar el futuro del proceso ya quedaron expuestas de partida este martes en su primera sesión. La primera de ellas es la retirada de la confesión de Ortiz, suscrita el pasado 9 de abril y ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia el día 22 de ese mismo mes. Como ya ha informado Alicante Plaza, el tribunal aceptó el paso atrás del promotor (también el de su hermano, Virgilio Ortiz, y el de uno de los colaboradores de su grupo de empresas, Santiago Bernáldez) tras rechazar la petición registrada por la Fiscalía Anticorrupción, el lunes. Su titular, Felipe Briones, había solicitado que se mantuviese la vigencia de los tres acuerdos de conformidad, con el argumento de que se prestaron de manera libre y voluntaria. Además, incidió en que las defensas de los tres conformados no habían alegado ningún motivo que pudiese justificar su retirada.

Las defensas (en particular, la de Castedo) replicaron que no hacía falta que se aportase ningún motivo en particular precisamente porque las conformidades se asumen de manera libre y voluntaria. Así, recordaron que el único límite para rechazar una posible retirada de ese tipo de acuerdos de confesión es que con ello se pueda afectar a la prueba en la que se sustentan las acusaciones. Algo que, según recalcaron, no concurre en este caso. 

La cuestión es que las magistradas alegaron que se debía escuchar a los procesados que habían suscrito esos acuerdos para conocer si los ratificaban o no. Y Ortiz, su hermano y Bernáldez hicieron lo previsible: desentenderse de los pactos previos suscritos con la Fiscalía y con el resto de acusaciones (la particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, y la popular, ejercida por la agrupación local de Esquerra Unida) para volver a declararse inocentes.

La reacción no se hizo esperar: las tres acusaciones hicieron constar su queja frente a la decisión del tribunal, que consideraron atípica, lo que podría abrir una vía para sustentar un previsible recurso ante el Tribunal Supremo (TS), en el caso de que el juicio concluyese con una sentencia absolutoria para el conjunto de los nueve procesados.