Los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Felipe Briones. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Toda acción genera una reacción también por lo que respecta a los trámites procesales en lo que concierne al juicio sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante, investigado en una de las 20 piezas separadas del caso Brugal. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un escrito ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia en el que solicita que se deje sin efecto la renuncia del empresario Enrique Ortiz al acuerdo de conformidad suscrito el pasado 9 de abril, ratificado ante el letrado de la Administración de Justicia el día 22 de ese mismo mes. En virtud de ese pacto, el conocido promotor confesaba haber facilitado prebendas a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, a cambio de obtener un trato preferente en el planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción.
La defensa de Ortiz comunicó al tribunal, el pasado 23 de junio, que se desentendía de ese acuerdo de conformidad y que no iba a proceder a ratificarlo en el inicio del juicio, previsto para este martes, día 30. Ese cambio de posición se produjo después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, dictase una sentencia absolutoria para los 34 acusados en la causa sobre el presunto amaño en la adjudicación de la contrata de recogida de residuos de Orihuela. El fallo se fundamentaba, esencialmente, en la anulación de las escuchas practicadas por los investigadores, al considerar que no se autorizaron de manera correcta. Según el tribunal, esa situación generó indefensión a los acusados. Con la nulidad de los pinchazos telefónicos, se anulaba el resto de pruebas obtenidas a partir de la información recopilada en esos audios.
Ese movimiento en la estrategia de defensa del constructor ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar a las magistradas encargadas de enjuiciar el presunto amaño del PGOU de Alicante que mantenga la validez del acuerdo de conformidad y deje sin efecto el escrito por el que Ortiz se retractaba de su confesión. Y también, que no tenga en consideración las renuncias presentadas días después por otros dos encausados, vinculados a las empresas del promotor: Virgilio Ortiz (hermano del constructor) y Santiago Bernáldez.
Anticorrupción aduce que el promotor, su hermano y otro acusado vinculado a sus empresas ya ratificaron su conformidad por lo que es "impecable" si no se alega un vicio en el consentimiento
La Fiscalía expone que esos escritos de renuncia "no son acordes a derecho" y sostiene que "la conformidad prestada" ya ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia "es irrevocable, no condicionada a ningún otro trámite y no estando prevista legalmente ninguna otra ratificación". Así, Anticorrupción añade que "ello significa la corrección impecable de la conformidad mostrada, quedando pendiente tan solo que sea dictada sentencia respecto a los conformados, a la conclusión del juicio oral". En esta línea, recalca que la sentencia solo queda demorada para esos tres procesados por la existencia de otros seis encausados que no han mostrado su conformidad.
Además, sostiene que "además de irrevocable, la conformidad es autónoma independiente del sentido y fundamentación del fallo en relación a los encausados que no han prestado conformidad". Es más, apunta que el hecho de que la presidenta del tribunal pueda dirigirse a Ortiz, a su hermano y a Bernáldez en el inicio del juicio no conlleva que lo haga para que los tres ratifiquen su conformidad, puesto que ese trámite ya se habría cumplimentado (ante el letrado de la Administración de Justicia). Es decir, que la referencia a esos pactos de confesión será solo a título de "recordatorio de la conformidad ya prestada, sin solicitarles ratificación y sin que exista posibilidad alguna para acusados y letrados de ser rebatida la conformidad prestada, salvo que concurriera algún vicio de consentimiento, que en los escritos presentados no se alega". De hecho, la Fiscalía subraya que en los escritos que las defensas llaman de 'no ratificación' "no se contiene motivo ni explicación algunos".
Por todo ello, Anticorrupción reclama que se deje sin efecto procesal los escritos de "no ratificación" y que se suspenda la celebración de las sesiones del juicio oral hasta que el tribunal resuelva sobre su petición, ya que afecta a la posibilidad de que las defensas de los tres acusados pueda formular cuestiones previas en el inicio de la vista.
