ALICANTE. La causa abierta por las supuestas anomalías en la contratación de servicios en el Teatro Principal de Alicante avanza con la citación de su actual subdirectora, María Dolores Padilla, para que preste declaración en calidad de investigada: la figura que sustituye a la antigua imputación. En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Alicante prevé recabar su testimonio el próximo 10 de julio, tras admitir la petición en ese sentido formulada por la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de la documentación sobre los contratos suscritos desde 2017 hasta el inicio de las diligencias, en el año 2022, sobre el suministro de azafatas, trabajos de escenografía y de montaje de escenarios.
La Fiscalía considera que la contratación de esos servicios se concertó de manera directa, sin la convocatoria del concurso público que, a su juicio, habría sido preceptivo toda vez que el Teatro Principal es al 66% de titularidad pública desde finales de 2018, a través de las participaciones que ostentan el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat. De ahí que, tras el análisis de los expedientes de contratación requeridos a través del juzgado, aprecie la existencia de indicios de los delitos prevaricación y fraude en la contratación.
Anticorrupción sostiene, además -como se apunta en las denuncias de los trabajadores que motivaron la apertura de diligencias-, que todos esos encargos se formalizaron con empresas distintas (Expertus Servicios de Atención al Público o Go Group Servicios Integrales de Marketing, así como con una profesional autónoma), pero con la particularidad de que esas firmas tuvieron como responsable a una misma persona. Y que, igualmente, esa responsable llegó a contratar al hijo de Padilla en alguna de esas compañías.
En concreto, en el oficio dirigido al Juzgado por el que solicita la práctica de las nuevas diligencias, Anticorrupción detalla la existencia de contratos por 20.014 euros en suministro de azafatas, 15.645 en técnicos de sonido, 59.802 en servicios de cargas y 13.067 en servicios de limpieza, por lo que corresponde al año 2018. En el año 2019, esos mismos conceptos depararon otros gastos de 24.146, 7.457, 89.409 y 15.050.
Un año después, con la irrupción de la covid y el cese de actividad temporal en el teatro, los contratos descendieron en importe: 9.125, 2.562, 29.046 y 3.467 euros respectivamente. En 2021, los encargos fueron por valor de 18.139, 2.966, 63.906 y 6.809 euros por los mismos servicios, a los que se sumaron otros 3.244 euros en gastos de alquiler de material de iluminación y otros 34.133 en medidas anticovid. Y, por último, en 2022, se concertaron trabajos por 34.158, 2.966, 108.862 y 15.040 euros, a los que se añadieron otros 14.027 en servicios de taquilla.
A partir de la documentación analizada, entre la que se incluirían los estatutos y las normas de funcionamiento de la comunidad de bienes propietaria del Principal, Anticorrupción considera que "se han realizado importantes actos dispositivos y de adjudicación de servicios de forma directa sin la previa tramitación de expediente que garantice la publicidad, transparencia, libre concurrencia e igualdad de trato entre los licitadores, hechos de los que indiciariamente sería responsable quien de facto ejercía las funciones de director gerente de la comunidad", en alusión a Padilla. De ahí que solicite su citación bajo la condición de investigada para que ofrezca explicaciones al respecto en sede judicial.
Hasta el momento, en sus únicas declaraciones públicas sobre la instrucción de la causa, cuando trascendió la reapertura de las diligencias, tras un primer archivo provisional, Padilla (que ejerció como concejal del PP en el mandato 2015-2019), negó la existencia de todas las presuntas irregularidades apreciadas por Anticorrupción y aseguró que todas las contrataciones se habían materializado con las empresas que plantearon las ofertas a mejor precio tras la petición de varios presupuestos. De hecho, esa fue la argumentación que se incluyó entre la documentación facilitada a la Fiscalía al requerir copia de los expedientes de contratación.
Sea como fuere, Anticorrupción también solicita la práctica de otras pruebas testificales, que también quedan acordadas por el juzgado ahora. Así, tras el testimonio de Padilla, será el turno de dos trabajadores contratados para prestar servicios en el teatro que presentaron la denuncia original. Y les seguirán la secretaria de actas de la comunidad de propietarios del Principal y jefa del servicio de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante, la concejal titular del área, Nayma Beldjilali, y el director general de Cultura, Sergio Arlandis, que comparecerán como testigos, por su condición de consejeros delegados de la comunidad de propietarios del Principal.