Foto: PEPE OLIVARESELCHE. De nuevo vuelven a salir a la palestra en el Ayuntamiento los viejos 'reparos', anomalías o irregularidades contractuales que ahora se denominan expedientes con 'omisión de la función fiscalizadora'. En este caso, Intervención ha detectado facturas sin contrato y actos susceptibles de fraccionamiento de contratos en una veintena expedientes que conciernen a 562 facturas por valor total de 3,6 millones. Un volumen en la gestión de nueve meses, desde noviembre de 2023 a agosto de 2024. Así lo ha revelado el grupo socialista este martes, aunque desde Contratación se quita hierro al asunto, defendiendo que se está poniendo remedio con licitaciones, "a diferencia del PSOE", explica el edil del ramo, Claudio Guilabert.
Así, durante este periodo de tiempo, Intervención en su tarea de revisión y fiscalización de pagos de los distintos departamentos ha detectado distintos reparos: facturas sin contrato, de licitaciones ya vencidas, o servicios y suministros que deberían haberse vehiculado por concurrencia pública "por ser repetitivos en el tiempo", matiza la edil del PSOE, Patricia Macià. O pagos que se han seguido tramitando después de haber adjudicado el contrato para este servicio. Estas omisiones de la función fiscalizadora se han realizado en servicios como el SAD (Servicio de Asistencia a Domicilio), que no es la primera vez en esta legislatura —ni en la anterior— como contó este diario, además de suministros de material de ferretería, fontanería, servicios de deportes o cultura. Como dio cuenta Elche Plaza, a final de 2023 se contabilizaron 3,1 millones de euros con estas anomalías, la mitad achacable a cada gobierno. Y en los primeros meses de 2024, ya del actual Ejecutivo, que serán parte de este monto de 3,6 millones que denuncia el PSOE.
La cifra exacta de la que dan cuenta es de 3.587.718,44 euros, diciendo textualmente que de estas facturas cuyo límite es de 5.000 euros, en algunos casos rebasado, "podrían incurrir en el supuesto fraccionamiento irregular de contratos, por lo que faltaría el expediente de contratación". Y que en el caso de la compra de plantas y flores por el que llevaron al bipartito a Antifraude, aparecen adquisiciones de fechas de 31 de mayo y 25 de junio, de 619,50 euros y otra de 1.452,86 euros, cuando fue el 30 de mayo que se adjudicó el contrato de suministro de plantas de flor y arbustivas.
Entre las facturas, por el monto a un mismo o mismos proveedores, hechos susceptibles de fraccionamiento de contratos, señala la Intervención. Con todo, son 'reparos' de pagos autorizados porque como ya se ha contado estos años, cuentan con el aval de los técnicos que justifica por qué existen estas anomalías (a veces urgencia de un servicio, no poder prescindir de él, etc.), así como la justificación de que en el departamento de turno había recursos para esta factura o pago, se hizo en tiempo y forma, con los precios de mercado y sin ninguna intención de sortear el proceso de contratación; solo conseguir un servicio o suministro necesario. Como ya se planteó en la anterior legislatura, cuando el PP llevó al bipartito progresista por la misma cuestión, la clave para saber si hay 'algo más' es si en estos casos hay o no voluntad de dolo.
La concejal Patricia Macià con los reparosCon todo, el PSOE, quien ha revelado esta cuestión, no plantea por ahora llevar este volumen de expedientes a los que ha tenido acceso a Fiscalía Anticorrupción. "Entendemos que hay temas de gestión, pero por los mismos hechos ellos nos denunciaron por prevaricación, y además por la mitad de dinero que estos 3,6 millones en solo 9 meses". Aunque sí aprovecha para lanzar el dardo por lo que entiende es la misma moneda: "¿Qué prevaricación hay ahora, llevarán a Fiscalía sus facturas?". En todo caso, sí han añadido estas facturas al expediente abierto por Antifraude este año a colación de anterior actuación del grupo socialista. Estas facturas, en todo caso, las envía el Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas por protocolo habitual, y pasarán también por la Sindicatura de Comptes.
Por su parte, el edil de Contratación, Claudio Guilabert, defiende la gestión, manifestando que lo que están haciendo es elaborar pliegos de condiciones precisamente para evitar seguir tirando de facturas, "regularizando el sistema". Adhiere que se viene de una época en la que "se emitían muchas facturas por el PSOE", poniendo de ejemplo que tiene cinco archivadores "solo de facturas de compra de material para vía pública o mobiliario, del señor Héctor Díez. Sabiendo que era un gasto recurrente podría haber hecho una licitación". Justifica, como hicieron los anteriores gobiernos, que "el Ayuntamiento tiene que seguir (su gestión diaria)". Un argumento al que recurría también en febrero de este año cuando volvió a salir el tema.
Agrega que se han licitado la compra de flores, arbolado y realizando otro de suministros del parque móvil porque había muchas facturas y se debe tirar de licitación. Índica que por ejemplo de esos pliegos para mantenimiento y vía pública, un lote quedó desierto y se está tirando de un contrato de negociado sin publicidad para zahorra, bancos o bolardos. "Queremos organizar el Ayuntamiento y dotar de seguridad a funcionarios y responsables políticos". Considera que lo que el PSOE hace ahora es "denunciar su forma de trabajar". Y añade que la diferencia es que este bipartito sí está tomando medidas. "Cuando Fiscalía y Antifraude dio la recomendación pidiendo medidas, se rieron y no las tomaron. Nosotros estamos tomando medidas correctoras pero el Consistorio tiene que seguir". Unas medidas que el anterior bipartito se negó a tomar, como corroboró Antifraude en abril de este año en su memoria anual. El edil asegura que tiene archivadores de facturas de los anteriores concejales, "alguno con proveedor de 150.000 euros de pagos sin contrato". Y explica que si hay pagos a viveristas después de la licitación es porque el trámite ya estaría en marcha. Para finalizar, arguye que "el número de facturas y contratos menores se han reducido respecto a la época anterior".
Así, un capítulo más en la fiscalización de facturas, reparos y posibles fraccionamientos. Ahora con PP y Vox, después de que tras la denuncia de los primeros, finalmente se archivara su denuncia a Fiscalía a la gestión pasada de PSOE y Compromís. En aquellos años también se apuntó a que se estaban elaborando pliegos para evitar recurrir a facturas, cuestión que el actual Ejecutivo señala que ya está llevando a cabo, si bien el monto económico de estas facturas, según denuncia el PSOE, es superior. Lo analiza Antifraude. Mientras tanto, aún hay asuntos que colean de la anterior legislatura, relativos a contratos menores que denunció el fallecido exedil de Vox, Juan Antonio Alberdi.
