ALICANTE. Hace dos semanas tenían un borrador de convenio (acuerdo) sobre el uso del estadio Rico Pérez y el pasado martes era inminente su formalización, pero este lunes el Hércules, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y Aligestión Integral siguen "intercambiando documentación".
Aunque en los últimos días las malas lenguas apuntaban a que la investigación sobre un supuesto fraude a la Seguridad Social en la que se ha visto envuelto el club blanquiazul podía afectar a la voluntad negociadora de alguna de las partes... nada más lejos de la realidad e incluso, pese a la inminente cita en el juzgado, no se puede descartar que vaya a haber fumata blanca este martes. Ahora bien, la demanda de resolución interpuesta por el administrador de Aligestión a instancias del IVF en 2017 sigue este lunes sin ser retirada y manteniéndose la vista en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante para este miércoles.
Manuel Illueca, director general del banco del Consell, ya apuntó en su día que si finalmente la vista no se podía esquivar, tampoco eso tenía que ser un obstáculo insalvable para pactar las bases de un acuerdo y desbloquear la situación, aunque fuera a posteriori. Es más, las partes pueden trasladar al magistrado que negocian un acuerdo y este suspender la vista en aras del mismo (que ya no sería extrajudicial, más bien intrajudicial).
El alcance que ha de tener el acuerdo está más que meridianamente claro para todos: condiciones de uso del futuro Alicante Arena y la correspondiente contraprestación. En ambos aspectos se ha avanzado, como también respecto a otras cuestiones como saber qué ocurre con los 250.000 euros de alquiler devengados y no abonados por el Hércules (los ha provisionado) desde la primavera de 2017 con base a un contrato cuya vigencia era el único en defender hasta antes de ayer como quien dice. Se ha avanzado, pero aún no lo suficiente porque no se ha anunciado un acuerdo.
Finalizan los 15 días de consulta a mercado
Paralelamente a la negociación con el club, el IVF ha ido dando pasos tanto o más necesarios para poder llevar a cabo la cesión del Rico Pérez a la Generalitat (su inesperado comprador), consistentes en tasar la instalación (se le ha asignado un valor de 11,3 millones de euros) o realizar una consulta al mercado como paso previo a licitar un informe de ingeniería sobre su estado. Dicha consulta al mercado, a empresas especializadas, tenían un plazo de 15 días naturales que precisamente acaba de vencer, por lo que el proceso de licitación del servicio de elaboración de un informe técnico sobre el estado del Rico Pérez está más cerca de arrancar.
