ALICANTE. No habrá suspensión de licencias para la implantación de apartamentos turísticos en Alicante. Al menos, no por ahora. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha vuelto a rechazar en el pleno de este jueves una nueva propuesta política -esta vez formulada por Compromís- encaminada en esa dirección al considerar que ya se están tomando medidas de control, como el desarrollo de campañas de inspección o la solicitud de asunción de las competencias sancionadoras que permite el nuevo decreto regulador del Consell, mientras se continúa recopilando datos sobre el diagnóstico de situación actual sobre el sector en la ciudad. De este modo, la propuesta planteada por Compromís ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox, frente al apoyo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, se ha felicitado, en primer lugar, de que el equipo de gobierno haya decidido aplicar medidas de control sobre la actividad como la intensificación de campañas de inspección que ha supuesto la aplicación de 50 expedientes de infracción. En segundo término, ha justificado la necesidad de acordar medidas para evitar la proliferación de alojamientos irregulares. Así, ha puesto como ejemplo otras medidas que ya se han adoptado en ciudades en las que también prolifera la actividad turística, como València o Málaga, para defender que se acuerde "la suspensión temporal de nuevas licencias de viviendas para uso turístico, un plan de inspecciones y aplicar medidas coercitivas a las viviendas destinadas de manera ilegal al uso turístico", como plantea la declaración.
El portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también ha considerado necesaria la aplicación de esas medidas de control y que se acuerde la suspensión de licencias "al menos hasta que se conozcan los resultados de ese estudio que hemos sabido que se ha encargado" para conocer la situación actual del sector. Todo, después de referirse a los informes sobre necesidad de vivienda en la provincia de Alicante.
La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que no se debe suspender licencias, sino que lo que procede es "seguir inspeccionando" para evitar el funcionamiento de alojamientos irregulares. "Si se ha producido el incremento de apartamentos turísticos es por la nefasta Ley de la Vivienda, porque un propietario está más seguro con arrendar una vivienda quince días a alguien, que no a alguien que pueda no pagar la renta y no se le pueda desalojar", ha sostenido. Además, se ha felicitado de que el Ayuntamiento haya solicitado el traspaso de competencias autonómicas para poder sancionar los alojamientos ilegales.
Por el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha explicado que el PSOE ya ha planteado hasta dos propuestas previas en relación a los alojamientos turísticos, entre las que se preveía la realización de un diagnóstico sobre el número de apartamentos existentes en la ciudad, que ahora se acaba de concertar con un contrato menor, al margen de que se solicitase una modificación puntual de planeamiento y de que se acordase la suspensión de licencias de modo temporal, como la que se planteó en julio.
La edil de Urbanismo, Rocío Gómez, se ha felicitado de que el nuevo decreto del Consell que regula los apartamentos turísticos permita que los ayuntamientos asuman la competencia sancionadora y de que se exija el trámite de la declaración responsable previa para disponer de licencia como apartamento turístico. Además, respecto al estudio encomendado sobre el censo de apartamentos, ha adelantado que "nos encontramos en una situación muy diferente a la que se vive en otras ciudades como València o Málaga", ha señalado. De este modo, la propuesta ha quedado rechazada con 17 votos: los de la suma de los concejales de PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
En el pleno, también se ha vuelto a debatir otra propuesta de declaración institucional relacionada con la reparación de cuatro viviendas de titularidad municipal situadas en el barrio del Cementerio, a instancia del grupo municipal de Esquerra Unida Podem. En esa propuesta, que llega después de que no se haya ejecutado el acuerdo previo en ese sentido, se planteaba acordar "la consideración como necesaria de la intervención urgente del equipo de gobierno en las viviendas municipales del Vial de los Cipreses con las medidas correctivas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de las familias que viven en ellas ante un peligro inminente".
El edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha planteado una enmienda con el fin de que no se acotase un plazo concreto para la ejecución de esas obras de reparación, ante la posibilidad de que pueda estar acotada por posibles limitaciones introducidas en el catálogo de edificaciones. No obstante, la enmienda ha quedado descartada, ya que Copé ha sostenido que la intervención reviste urgencia y que no podía creerse que "una reparación de unos techos pudiese verse bloqueada por el catálogo". Así, en el turno de votación, la propuesta ha quedado aprobada con 15 votos: los de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, frente a los 13 en contra del PP.
Igualmente, en el pleno se ha debatido una penúltima propuesta presentada por Esquerra Unida Podem por la que se solicitaba "instar a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio a ampliar el horario de las líneas del TRAM para que presten un servicio nocturno todos los fines de semana durante todo el año" con el propósito de facilitar la movilidad de la población en horario nocturno. Con ello, además, se reduciría el uso del vehículo privado.
La iniciativa ha contado con el apoyo de Compromís y PSOE, mientras que Vox ha conminado a Esquerra Unida Podem a precisar si se trata de una propuesta de respaldo al ocio nocturno. Por último, el edil de Transportes, De Juan, ha argumentado que la empresa responsable de gestionar el servicio del Tram debe organizar los recursos de forma óptima primando el interés general. Y ha añadido que, con los datos de los que dispone FGV, no existiría una demanda suficiente durante todo el año para extender ese servicio durante todo el año, más allá de los meses de verano. De igual modo, ha considerado que tampoco se podía pretender que en un año del nuevo Consell, se ampliase un servicio que no se había implantado en los ocho años previos. En último término, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de los concejales de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, y la abstención de los 13 ediles del PP, después de que se haya desestimado una enmienda planteada por De Juan para que se incluyese la elaboración de un estudio de demanda previo.
Por último, se ha debatido una última declaración institucional de urgencia registrada por Esquerra Unida Podem por la que se solicitaba que se facilitase una solución razonable para la reubicación de los puestos de venta de los comercios de La Explanada, antes de que se produzca el vencimiento de la fecha de su autorización, el próximo 31 de octubre. El portavoz de la confluencia ha agradecido los intentos de mediación actuales y ha conminado a seguir en esa dirección, tras respaldar el acuerdo de traslado encaminado a mejorar el paseo.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apremiado también a proporcionar un emplazamiento alternativo por escrito antes del 31 de octubre. El edil de Vox, Juan Utrera, ha añadido que en el mandato pasado se les prometió un emplazamiento alternativo, por lo que ha anunciado su apoyo a la propuesta. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha advertido, además, de que en la ordenanza de Ocupación de Vía Pública no consta ningún emplazamiento alternativo para que se sitúen los puestos.
La edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina García, ha explicado que se está trabajando desde el año 2023 en la búsqueda de alternativas, sin que existiese ningún compromiso concreto de ubicación. "Estamos en unas negociaciones, pero tiempo han tenido", ha apuntado. "No me parece normal esta postura, de organizar una protesta en la Plaza del Ayuntamiento, cuando se está buscando una solución y seguiremos trabajando", ha sostenido. Eso sí, ha garantizado que el ayuntamiento cumplirá con el plazo dado, del 31 de octubre. Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha apuntado que el PP había votado en contra de la urgencia de la declaración "porque se trata de instarnos a hacer lo que ya estamos haciendo", ha explicado. En el momento de la votación, la iniciativa también ha quedado aprobada gracias a la suma de los votos de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem.