Varios turistas recorren la ciudad de València. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EFE). La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionador a Airbnb después de haberle solicitado que retirara "de forma inminente" miles de anuncios con publicidad "ilícita" de alojamientos turísticos, que la plataforma no quitó de sus aplicaciones.
El Ministerio de Consumo ha informado este miércoles de la apertura del expediente, aunque no ha identificado a la empresa. Sin embargo, fuentes del sector ha confirmado a EFE que la plataforma requerida es Airbnb, plataforma que no se ha pronunciado.
Este tipo de prácticas pueden llegar a calificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, pero esta cantidad puede subir hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Según ha informado en una nota el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo -del que depende la Dirección General-, el expediente se ha abierto después de que en junio pasado requiriera información a diversas plataformas sobre las viviendas alojadas en estas aplicaciones.
Después envió otro nuevo requerimiento a Airbnb en el que le instó a retirar de forma "inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de la ley de defensa de los consumidores.
La plataforma no los retiró y Consumo optó por abrir el expediente.
Consumo destaca que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".
Según recuerda el comunicado, todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España.
"Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha explicado el ministro en la nota, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley".
En declaraciones en el Congreso de los Diputados, el ministro ha añadido que es responsabilidad del Ministerio asegurar "que ninguna empresa en el país esté por encima de la ley".
"El sector descontrolado de los pisos turísticos opera en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad, sin licencia" ha denunciado Bustinduy, que ha agregado que "es algo que no toleraríamos en ningún otro sector o actividad económica, no toleraríamos que hubiera bares o restaurantes que operaran sin licencia".
"¿Por qué los pisos turísticos sí?", se ha preguntado, al tiempo que ha insistido que, en materia de vivienda, "hay que asegurar que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley" y que esto se va a traducir en multas.
Se trata de la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con los pisos turísticos, tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales.
Hace una semana inició otra investigación contra grandes empresas de viviendas turísticas que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas", porque se "esconden" tras anuncios que parecen de arrendadores personales y eluden obligaciones, como disponer de un servicio de atención al cliente, que sí es obligatorio para empresas.
