Un grupo de turistas cargados de maletas, en imagen de archivo. Foto: KIKE TABERNERALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante da un paso más para objetivar la toma de decisiones respecto al control de los pisos turísticos con el encargo de un tercer informe sobre la situación de la actividad. Se trata de un estudio con el que se pretende contrastar la cifra de apartamentos destinados al alojamiento, con los datos internos de licencias concedidas que se manejan en un informe elaborado por la propia Concejalía de Urbanismo. Pero no solo eso. Esa especie de censo del sector debe concretar también un mapa de calor en el que se detallen los emplazamientos de esos hospedajes, de modo que permita identificar su distribución en el casco urbano y concluir si puede llegar a existir alguna zona tensionada en la que concurra una excesiva concentración.
El informe quedó en manos de la consultora especializada Eosa Estrategia y Organización a través de un procedimiento de contratación menor, por encomienda directa (sin concurso público), con un coste de 14.950 euros (18.089,5 euros con impuestos). Su elaboración debería estar terminada en un plazo de tres meses desde la formalización del encargo, por lo que se espera que pueda estar a disposición del ayuntamiento entre finales de este 2024 y el inicio del próximo ejercicio.
El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), confía en que pueda convertirse en herramienta adicional determinante para concretar si resulta necesario aplicar posibles limitaciones para la implantación de nuevos apartamentos, mediante una hipotética suspensión de licencias en determinados barrios en los que se interprete que puede existir saturación, o el establecimiento de una posible zonificación en la que se fijen cargas máximas: una especie de número límite de posibles autorizaciones. Es decir, dos opciones que ya están al alcance de todos los municipios de la Comunitat y que se ven reforzadas con el nuevo decreto ley 9/2024 que modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, en vigor desde el pasado 2 de agosto, aunque no se convalidó en les Corts hasta principios de septiembre.
Por lo pronto, el departamento municipal de Urbanismo que coordina la edil Rocío Gómez ya ha apostado por aprovechar las nuevas medidas que incluye ese decreto autonómico, tras cubrir el paso previo de la solicitud de información, y ya ha formalizado de forma oficial la petición de traspaso de todas las competencias sobre regulación, inspección, vigilancia, sanción y recaudación sobre dicha modalidad de alojamiento turístico, como había anticipado este diario.
Lo cierto es que la propia concejalía ya ha intensificado esa labor de inspección -una competencia que ya residía en los ayuntamientos- en una campaña que habría derivado en la apertura de 50 actas de infracción y la tramitación de los correspondientes expedientes de suspensión de actividad que se estarían comunicando y ejecutando en la actualidad, según concretaron fuentes municipales el pasado viernes.
La mayoría de esos expedientes de suspensión de actividad incoados se corresponderían con apartamentos turísticos sin licencia localizados en el distrito de Playa de San Juan y en la Zona Centro, según se precisó entonces. En principio, a la espera de que se conozcan los resultados del informe encomendado a Eosa, esas serían las dos zonas en las que, podría concentrarse la mayor parte de pisos turísticos al ser las que suscitan mayor interés para los visitantes desplazados hasta la ciudad.
Ese nuevo estudio vendría a complementar también el informe encomendado a la Universidad de Alicante (UA), a través de la cátedra de turismo 'Ciudad de Alicante', con el propósito de tener un diagnóstico sobre el sector con recomendaciones a tomar en su posible regulación a futuro en el caso de que resultasen necesarias para garantizar su sostenibilidad.
Fuentes consultadas precisaron que ese informe ya se habría concluido. Y que, entre sus conclusiones, se apuntaría que Alicante dispondría todavía de margen para crecer en ese ámbito, al no haberse detectado una situación de masificación que requiriese la adopción de restricciones a corto plazo. Con todo, el ayuntamiento pretendería pertrecharse de más elementos de análisis antes de definir el rumbo a seguir respecto a la planificación de medidas adicionales para ordenar el sector, sin descartar medidas como las que ya están adoptando otros ayuntamientos de la provincia, en las que se ha decretado la suspensión de la concesión de licencias para nuevos apartamentos.
