Catas en el Mercado Central, su cubrición es una de las actuaciones investigadas / Foto: PEPE OLIVARESELCHE. Los contratos menores vuelven a hacer acto de presencia en la gestión del equipo de gobierno, y esta vez en el tramo más sensible, a las puertas de la campaña electoral. Como contó ElchePlaza, Fiscalía Anticorrupción solicitó información al Ayuntamiento de Elche por cinco contratos relacionados con obras y cubriciones arqueológicas, cuatro de la concejalía de Deportes y uno de la de Urbanismo. Algo de lo que sin entrar en detalles hizo público el propio Consistorio para evitar posibles filtraciones. Ahora, Anticorrupción ha trasladado esos contratos al juzgado para analizar estas irregularidades, ya que ve indicios de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, de un delito de tráfico de influencias, y/o de un delito de fraude en la contratación. Hechos que podrían recaer sobre los técnicos responsables de los distintos expedientes. En cualquier caso, es el primer paso para iniciar ahora la vía judicial.
Las acciones emprendidas por Fiscalía proceden de dos denuncias interpuestas por el fallecido edil de Vox, Juan Antonio Alberdi, que en más de una ocasión ponía el ojo sobre este tipo de contrataciones durante el mandato. Mientras que una de las denuncias se archivó, en esta petición de revisión de cinco expedientes la Fiscalía si ha visto recorrido, por lo que tras la fase previa de investigación, ahora ha presentado la denuncia a los juzgados de Elche para que estos la admitan o no a trámite —que lo normal suele ser que sí porque la denuncia viene de Anticorrupción—, y de ahí ya se abren diligencias en el juzgado de instrucción para posteriormente pasarlo al competente si en efecto se ve algo más que anomalías.
Las irregularidades denunciadas según ha podido saber este medio afectan a la fase de inicio de los expedientes de contratación, ya que según denunció el entonces concejal, las ofertas realizadas a los licitadores, o no se habrían realizado o se habrían hecho a una misma persona o empresa, fingiendo que se estaba cumpliendo con lo prevé la normativa reguladora en materia de contratación administrativa. Anticorrupción reconoce que en los expedientes se detectan una serie de irregularidades, las cuales podrían alterar la libre competencia de mercantiles. Y añade que en apariencia cumplen todas las formalidades legales, aunque su tramitación y desarrollo podría estar 'viciado' desde ese primer momento ya que podría darse el supuesto de haber realizado adjudicaciones contractuales directas, prohibidas legalmente, a la hora de escoger las empresas que deberían de realizar ofertas en los distintos expedientes de contratación.
A nivel de contratos menores, aunque que no hace falta concurrencia pública, la Ley de Contratos sí establece la solicitud de tres presupuestos para que las administraciones escojan el más competitivo. Aquí la arquitecta realizó la memoria valorada, y en tres presupuestos presentados no se indicaba en qué fecha se hicieron, pero al presentar los mismos, la arquitecta realiza la propuesta de adjudicación el mismo día 8 de noviembre de 2019, lo que para la Fiscalía es "extremadamente llamativo". Asimismo, dos de los tres presupuestos exceden tanto la Memoria Valorada como el máximo de una obra menor (39.999,99 euros más IVA), lo que supondría que se presentaban sabiendo que estarían excluidas del proceso al hacer ofertas que no se pueden aceptar por legislación.
Se observa que la compañía adjudicataria, durante 2017 y 2022 llegó a facturar por servicios prestados municipales, más de 600.000 euros. También que este contrato menor sufre una modificación que supone un aumento del precio a pagar a la adjudicataria. Y para finalizar, se asevera que hay indicios suficientes que sugieren que uno de los concurrentes (o bien adjudicatario) sería administrador único de varias de las empresas que se presentaron, una de ellas incluso en situación de baja registral.
En este caso, en los tres presupuestos sí se indica la fecha, el mismo proceso con la arquitecta, y se hace la propuesta de adjudicación el mismo día de presentación de ofertas, 20 de noviembre de 2019, aunque una de las ofertas de las firmas es del día siguiente, el 21 de noviembre —en el caso de las exhumaciones, archivado, también hubo anomalías similares con las fechas de las ofertas, aunque la empresa adujo que se debía a un error—. Una vez más, dos de los tres contratos exceden tanto el precio de la memoria técnica, el precio por el que se cuantifica la actuación, como lo que se permite ejecutar con una obra menor (39.999,99 euros más IVA, es decir, un límite de 48.399,99 euros). Se añade que el adjudicatario, un particular, es proveedor del Ayuntamiento, no así en el caso de los otros dos aspirantes.
Aquí es también coincidente tanto la fecha de la memoria valorada como la propuesta de adjudicación: 23 de octubre de 2019. En este caso, se explicita que de los tres presupuestos presentados, el que finalmente fue adjudicatario (habitual contratista municipal) tenía una fecha anterior al de la memoria realizada: el 14 de octubre de dicho año. Pero no solo eso, también con el importe exacto de la memoria —algo parecido también al asunto de las exhumaciones—, mientras que las otras dos de nuevo superaban tanto el valor presupuestado para la actuación como el límite que permite un contrato menor de obras. De hecho, Fiscalía ve indicios de que la memoria valorada se realiza tras la elaboración del presupuesto por la finalmente mercantil adjudicataria. Con el precio exacto, hasta el último céntimo.
Sobre esta empresa, contratista habitual, se indica que por ejemplo entre 2019 y 2021, ha facturado obras por valor de más de un millón de euros —actualmente más porque ha seguido con otras adjudicaciones hasta ahora—, mientras que las otras dos no eran proveedores del Consistorio.
Para el caso de la cubrición de los restos del entorno del Mercado, una vez más ocurre lo mismo: tan solo la adjudicataria presentó un informe dentro de los parámetros económicos pedidos por el arquitecto municipal y presentado el 22 de enero de 2020. Las otras dos estaban fuera de posibilidad de adjudicación con la Ley de Contratos Menores por ser superiores. El fiscal vuelve a poner el ojo en la premura, habitual en los contratos menores, porque la fecha de propuesta de adjudicación del arquitecto es el día 23, un día después de que la empresa escogida presentara su presupuesto. E incide en que el adjudicatario es el administrador de otras firmas habituales adjudicatarias, como la del caso anterior del campo de badmington.
En este expediente es donde Anticorrupción más se detiene, apuntando que entre otras anomalías, las tres presentan coinciden en el precio del primer expediente para estas obras. Que es la misma fecha tanto de la memoria realizada, como la del inicio del trámite, como de la propuesta de adjudicación. Que dos de ellas son del mismo administrador y una está en baja registral. Asimismo, el denunciante, en este caso Alberdi, creía que los tres presupuestos podrían ser realizados por la misma persona por utilizar la misma plantilla. Uno de los licitadores era también asiduo de la contratación municipal, caso que no es el de las otras dos concurrentes, y se añade que en este caso es otro departamento el del expediente, Deportes, pero con las mismas irregularidades que los otros cuatro.
Respecto a los posibles delitos planteados por Fiscalía, aún hipótesis porque ahora el Juzgado tiene que investigar estos hechos, se indica que los responsables podrían ser los tres técnicos responsables de los distintos expedientes. En este caso porque fueron los encargados de su tramitación, y los que eligieron las empresas a las que realizar ofertas, siendo también los encargados de tomar decisiones más relevantes sobre las que recaen las irregularidades investigadas en cada expediente. A saber, redacción de las memorias valoradas, invitaciones a los licitadores y propuesta de adjudicación.
Cabe resaltar, por último, que sobre esta investigación, en enero, cuando Fiscalía solicitó más información, fuentes municipales mostraban tranquilidad y que creían que no habría "ningún problema", porque se había "repasado todo por si lo hubiera y no se ha encontrado nada". Esgrimían a que en cada caso hay contrato, memoria técnica, firma del vicesecretario municipal y de la jefa de servicio. "Puede que algún pequeño error", indicaban, pero "nada importante". Por ahora, será el juzgado quien decida si estos contratos solo quedan en irregularidades administrativas.
El caso que más se ha estirado en la legislatura con estos contratos menores, el de las exhumaciones en el Cementerio Viejo, presenta algunas similitudes, como las cifras exactas u ofertas de contratistas sin la fecha correcta, aunque finalmente acabó archivado. Además del archivo de la intervención en el camposanto, en el que precisamente Vox puso el foco en presuntas irregularidades que a la postre se descartaron, tampoco hubo contrato con los trajes de las damas de las fiestas, aunque justificado según los técnicos.
En los últimos años, el PP ha jugado esta baza, cuestión que criticaba el bipartito por intentar "judicializar" la vida política, y que finalmente no acabaron en nada. Primero por reparos y posibles fraccionamientos según señalaba la anterior Interventora, pero que quedó archivado al no apreciarse dolo ni intención de ello, factor clave. Sobre esta gestión de contratos, el equipo de gobierno siempre ha quitado hierro porque además de los archivos, suponían un pequeño porcentaje sobre el total de contratos tramitados, y que se estaban corrigiendo los trámites. Asimismo, el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento señaló que no revisarán de oficio varios contratos menores como pedía Antifraude, ni depurarían las responsabilidades que pedía la agencia, al entender que con sus alegaciones al respecto de la revisión de facturas de contratos menores por posible nulidad, como adelantó este diario, todo quedaba zanjado.
