Manifestación en Elche de SCT Acva y Limpiezas J CórdobaELCHE. Desde diciembre de 2022 trabajadoras de Limpiezas J. Córdoba han estado movilizándose hasta casi el verano de 2024 por retrasos salariales e impagos que solo en la provincia han afectado a casi 400 trabajadoras. Sobre el 70% de Elche. Tras una huelga ininterrumpida de meses que empezó en enero de este año, con concentraciones frente a la sede en el Parque Empresarial, el Ayuntamiento, el juzgado y previamente en Trabajo en Alicante; se desconvocó oficialmente este pasado julio. Ahora han empezado a encarrilarse las vías para que pudiesen cobrar, sobre todo la ejecución del expediente concursal y una vía judicial pendiente.
Como ya era conocido, se había presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para SCT Acva, antes Limpiezas J. Córdoba, tras el concurso de acreedores presentado en diciembre de 2023. Un ERE concursal —para la extinción de la totalidad de la plantilla— con acuerdo "para poder agilizar los trámites", trasladan desde CCOO, añadiendo que el empresario Rocco Arena habría sido declarado culpable en el proceso por no haber facilitado determinada documentación al juzgado. Con todo, se trata de un ERE ya certificado en el juzgado, algo vital para las trabajadoras ante la situación acuciante: una empresa insolvente y en vías de extinción y con impagos acumulados. Como se indicó en su día, algunos casos llegaron a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche o a entidades como Cáritas debido a que algunas familia tenían problemas para llegar a final de mes.
De hecho, desde el sindicato, con mayoría en la empresa, se intentó que el concurso fuese por grupo de empresas —por ejemplo en junio de 2023 entró en concurso Limpiezas Córdoba Alicante SL— y no por cada una de las compañías del grupo, porque entendían que si se abría un procedimiento individual para cada una de las firmas, el proceso podía hacerse "interminable y desgastar todavía más a todas las partes". Sin embargo es el camino que se ha seguido, aunque el administrador concursal ha ejecutado el expediente de SCT, ya en proceso de liquidación.
Concentración ante la sede de la empresa en el Parque EmpresarialAhora, con el certificado del ERE concursal entregado por el administrador concursal a las afectadas, con este van al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que autorice al menos el cobro que establece la ley, una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de cuatro mensualidades. Aunque lo que se les ha adeudado a muchos son impagos de más nóminas. Estos pagos del Fogasa son independientes de lo que el juzgado pueda estimar a aquellas trabajadoras que además han demandado a la empresa. Eso sí, con agosto por medio y los tres o cuatro meses que suele tardar el Fogasa en ejecutar, fuentes sindicales creen que aún quedan varios meses por delante.
Durante el procedimiento concursal, SCT cedió varios contratos a La Parisien para desahogar masa, ya que esta, también de Arena, todavía sigue en funcionamiento y con trabajadores cobrando. Algunos trabajadores de SCT "cambiaron a la mencionada compañía y se libraron de los impagos", señalan desde CCOO, o por subrogación. Una situación en todo caso que excede a la provincia, ya que la plantilla de todo el país es de 1.467 personas. Algunas, subrayan desde el sindicato, se dieron de baja voluntaria de la empresa en otras comunidades, y también ha pasado en Elche, "para que otras firmas pudieran contratarles de cero sin asumir las cargas de la Seguridad Social que arrastraban, pero a cambio han perdido la antigüedad que tenían en SCT" señalan desde la federación de Hábitat País Valencià de CCOO.
Una situación que según indica el informe del expediente concursal al que ha tenido acceso este medio, viene tras el lastre que supuso para la firma asumir el servicio de limpieza de Correos. De la ejecución del citado contrato se observa a posteriori que la empresa estatal establecía unas condiciones que no eran reales, además de dar solo 24 horas a SCT Acva para decidir si asumía el contrato. Cosa que sí hizo, pero el informe, a la postre, indica que "en la práctica, el precio que paga Correos por el servicio prestado no llega a ser suficiente para cubrir los costes, principalmente de personal". De hecho, la empresa interpuso una demanda de nulidad de contrato a la empresa estatal, reclamando 10,4 millones de euros como consecuencia de la nulidad pretendida. El administrador concursal añade que "entre los conceptos e importes reclamados en la demanda, el primero de ellos es que se han facturado 4.493.847,74 euros menos de los que se deberían. Obviamente, este descuadre es de tal entidad que provoca la situación de insolvencia en la que se encuentra la mercantil en la actualidad".
Paralelamente, el expediente pone de relieve que el resultado del ejercicio 2023 que desprende la contabilidad facilitada por la concursada es "ficticio" pues falta por registrar contablemente los gastos de personal de los meses de julio de 2023 a diciembre de 2023. Tras registrar este gasto, la sociedad obtiene unas pérdidas de -2,8 millones de euros. Lo que supondría un resultado negativo. Así, destaca que el importe que debía haber abonado del periodo no registrado contablemente ascendería a 2,6 millones de euros. Por tanto, "el saldo de la cuenta de remuneraciones pendientes de pago pasaría a ser de 1.049.293,53 euros". Con ello, el pasivo corriente de la sociedad ascendería a 4,4 millones de euros, y sin añadir la deuda con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria así como otros acreedores. En total, el déficit patrimonial de SCT Acva es de 8 millones de euros.
Eso sí, la memoria concursal esgrime que aún está por resolver la demanda contra Correos. "El resultado de esta reclamación tendrá una notable incidencia en el concurso y en la posibilidad o no de hacer frente a una mayor cantidad de deudas". Paralelamente, la plantilla está a expensas del Fogasa o de que se celebren sus juicios contra la empresa. Unas cantidades, al menos las del Fogasa que no resarcirán el tiempo sin cobrar, pero que al menos aclara la situación tras más de un año de protestas.
