ALICANTE. Los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) transmitieron este miércoles un mensaje de unidad política frente a la propuesta promovida por XC Business 90 para instalar una suerte de planta para el almacenaje y distribución de combustibles con seis primeros depósitos en el Puerto de Alicante. Los cinco hicieron piña para reproducir el mismo rechazo a esos silos que se constató en el convenio firmado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento en 1995 para trasladar los antiguos tanques de Campsa, después de CLH, desde el puerto hasta la partida de El Bacarot al considerar que suponían un riesgo potencial por su proximidad al casco urbano. Aquel acuerdo también contó con el beneplácito de la propia CLH, propietaria de los silos.
Más de 20 años después, el rechazo al nuevo proyecto quedó plasmado en una declaración institucional conjunta que, salvo cambio improbable, quedará aprobada en el pleno ordinario de octubre, este jueves. El siguiente paso será fundamentar esa oposición institucional al desarrollo de la iniciativa empresarial objeto de la polémica; una oposición que se constata por el momento solo por parte de una de las tres administraciones que tienen algo que decir al respecto. Estos son los escenarios que se abren tras ese primer portazo político.
-Las alegaciones: En la propia declaración institucional, los cinco grupos municipales se conjuran para que el Ayuntamiento de Alicante presente alegaciones frente a la solicitud de la modificación sustancial de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS) sobre la que XC Business 90 plantea instalar los depósitos.
Como precisó la portavoz del equipo de Gobierno y edil de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, el martes, esas alegaciones pondrán el foco en la anomalía que supone presentar una proyecto en dos fases: primero, seis depósitos, y después, otros 12 adicionales, que podrían desarrollarse en un plazo de cuatro años, pese a que, según fuentes del sector, no llegarán a instalarse nunca, porque TMS tendría otros planes de negocio concertados en la parcela en la que se ubicarían. Como argumenta el equipo de Gobierno (también lo hizo el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón) esa tramitación fragmentada impide evaluar sus dimensiones reales a la hora de que todas las administraciones implicadas puedan pronunciarse sobre los informes o autorizaciones que les corresponda resolver.
Ese puede ser uno de los caballos de batalla esenciales para justificar el rechazo desde el punto de vista técnico y legal, al margen de los argumentos que puedan subrayarse en el resto de alegaciones que puedan presentar colectivos vecinales y organizaciones ecologistas, por ejemplo. Entre ellos, ya se da por seguro que se aludirá a la necesidad de que exista una evaluación ambiental completa (no sólo un informe ambiental simplificado) sobre la propuesta de la empresa. Y, además, que esa evaluación exista desde el mismo momento en el que se inicie la tramitación del proyecto. No después. Igualmente, también se abundará en la exigencia de un informe sobre seguridad que debe emitir el órgano autonómico competente en materia de prevención de accidentes y en gestión de emergencias.
-La decisión del consejo de administración: A la vista de todas las objeciones que se presenten (el último día de plazo para hacerlo es el 12 de noviembre), y tras su análisis técnico, el director del Puerto, Carlos Eleno, emitirá un informe con una propuesta de resolución a favor o en contra de la modificación de la concesión que se solicita y la trasladará al presidente, Juan Antonio Gisbert. Este, a su vez, la expondrá ante el consejo de administración de la Autoridad Portuaria para que se adopte la decisión que se considere oportuna.
Ese consejo está formado por cuatro representantes del Gobierno central; otros cuatro de la Generalitat Valenciana; dos por parte del Ayuntamiento de Alicante; y, después, por un representante de cada una de las siguientes entidades o sectores: la Cámara de Comercio, la asociación empresarial representativa de la provincia (por determinar, tras la extinción de Coepa), las empresas que operan en el Puerto y los sindicatos. La lista de componentes la completan el secretario del consejo, el director del puerto y su presidente.
Hasta ahora, la intervención del consejo de administración se ha limitado a tramitar la petición de TMS, con la publicación de la propuesta para que pueda conocerse y someterse a la presentación de alegaciones. Se trata de un acuerdo de puro trámite que el Puerto está obligado a adoptar cada vez que se presenta una solicitud similar que cumpla los criterios legales, salvo que exista una causa mayor que justifique su desestimación.
-Las autorizaciones: En el hipotético caso de que el consejo de administración apruebe la modificación de la concesión, el proyecto todavía debería superar el filtro de los informes ya mencionados: como mínimo, la evaluación ambiental simplificada por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, y el informe sobre seguridad. Igualmente, el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Urbanismo, debería resolver sobre la concesión de licencia ambiental. Un trámite en el que debería tener en cuenta los dos informes autonómicos ya citados.
Si el proyecto cumple con todos los parámetros legales y técnicos requeridos, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento podrán denegar la instalación de los depósitos solo porque exista unanimidad política sobre su rechazo. En ese caso, se caería en el riesgo de incurrir en un delito de prevaricación. Así lo insinuó el propio presidente del Consell, Ximo Puig, este lunes, al expresar -con todo tipo de cautelas- que se tomaría la decisión que la ciudad quisiese, siempre que estuviese al alcance de sus competencias: "Máxima seguridad, la Generalitat en estos momentos no tiene ningún tipo de oficio, ni ningún tipo de documentación, pero haremos aquello que quiera la sociedad de Alicante, en la medida de nuestras posibilidades y garantizando siempre la seguridad de los ciudadanos", señaló.
-Acciones legales y riesgo de indemnización: La desestimación del proyecto en alguna de las fases de su recorrido administrativo (consejo del Puerto o respuesta a la petición de licencia) podría llevar a la empresa promotora a emprender acciones legales en defensa de sus intereses. En ese caso, podría darse la circunstancia de que un juzgado considerase que la denegación de permisos no está justificada, con la posibilidad de que se forzase a concederle autorización o de que se condenase a las administraciones responsables a indemnizar a la empresa promotora para compensar el perjuicio generado. De ahí la trascendencia de que el posible rechazo al proyecto se base en criterios técnicos y legales, no en un mero acuerdo basado en la voluntad política.
-Certificado de compatibilidad: Como viene informando este diario, la realidad es que hasta ahora no se ha encontrado ningún impedimento para la ejecución del proyecto. La propia Concejalía de Urbanismo expidió en 2014 un certificado de compatibilidad urbanística en el que se dejaba constancia de que tanto el Plan General como el Plan Especial del Puerto permiten la instalación de esos depósitos en la ubicación propuesta: el muelle 19. Es cierto que ese certificado no reconoce ningún derecho para desarrollar el proyecto, pero sí constata su viabilidad. Es decir, que salvo que se incumpla algún requisito legal concreto, se puede dar la circunstancia de que no pueda negarse la modificación de la concesión ni la licencia municipal aunque concurran rechazo político y contestación social.
-Los precedentes: Como ya se ha dicho, el convenio firmado en 1995 no implicaba ninguna prohibición legal expresa, solo recogía una declaración de intenciones a futuro para que no se autorizasen instalaciones similares. En concreto, en dicho convenio firmado por la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, CHL, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, se exponía que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante, por lo que las que actualmente posee CLH han de ser trasladadas a otra ubicación". Como ya se ha dicho, ese convenio fue suscrito por la propia compañía, lo que explica que, después, no plantease acción legal en contra para tratar de revertirla.
Tampoco supone ninguna barrera legal la declaración institucional pactada ahora. Y, según las fuentes municipales consultadas, no existe ninguna limitación normativa en la que se marque una distancia mínima respecto a núcleo habitado que pueda justificar la desestimación de la licencia.
En todo caso, una opción viable seguiría siendo la de denegar esos permisos y asumir el pago de una indemnización. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el tanatorio impulsado por Tanatori Alacant en La Florida, al que, en realidad, se le revocó la licencia ya concedida. Pero, sin embargo, no ocurrió lo mismo con otro proyecto empresarial planificado en el mismo puerto al que sí se le denegó licencia: el de la planta impulsada por Biodiésel Alicante. En aquel momento, la indemnización en juego ascendía a 800.000 euros.
-Las renuncias: El supuesto rechazo a la propuesta de XC Business 90 supondrá la ruptura del acuerdo contractual suscrito con TMS, por el que tanto dicha empresa como el Puerto de Alicante preveían percibir ingresos por ocupación del suelo y por volumen de mercancía en tránsito. Además, conllevaría la pérdida de la inversión comprometida (5,7 millones ampliables a 30, con la segunda fase, según la empresa) para la construcción de los depósitos con su consiguiente generación de puestos de trabajo (al parecer, en una cifra no cuantificada). Pero, además, la desestimación tendría otro efecto perverso no cuantificable al que nadie ha aludido hasta ahora: el mensaje de que en Alicante se cierra la puerta a las iniciativas empresariales.